El recorrido de las leyes desde su primera aprobación en Consejo de Ministros hasta su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) suele ser largo, complejo y lleno de trabas. Hay iniciativas que llevan meses e incluso años varadas en el Congreso, en una suerte de limbo parlamentario también conocido como plazo de ampliación de enmiendas. Es un recurso que utilizan los partidos para alargar la vida de un proyecto, al que se recurre cuando no hay consenso para sacarlo adelante o interés por parte de las formaciones del Gobierno. Así, se autorizan sucesivas ampliaciones de ese plazo (en ocasiones, decenas), como si se tratase de un problema de tiempo para el estudio técnico de la norma y no falta de acuerdos, aritméticas insuficientes o problemas de oportunidad.
El plan del presidente Pedro Sánchez de agotar la legislatura va aparejado con la idea de desplegar una agenda legislativa amplia y ambiciosa hasta 2023. La debilidad parlamentaria que PSOE y Unidas Podemos tienen en el Congreso no frena el optimismo del Gobierno, que saca pecho de su capacidad de llegar a acuerdos, también con el diálogo social. Sin embargo, la coalición sigue sin aprobar definitivamente algunas de sus leyes más ambiciosas.
Esas asignaturas pendientes son reclamadas por los socios parlamentarios del Ejecutivo, que advierten de la necesidad de impulsar una agenda progresista para frenar el avance de la derecha y extrema derecha que pronostican las encuestas. En septiembre arrancará el próximo curso electoral, será el último otoño parlamentario antes de las elecciones generales, programadas para finales de 2023. Y estos son los cinco proyectos que siguen varados.
Ley vivienda
La Ley de Vivienda que pilota el Ministerio de Transportes ha sido uno de los grandes focos de discrepancia entre la coalición. Tanto es así que desde Unidas Podemos no se comprometieron a cerrar los Presupuestos de 2022 hasta abordar la cuestión de los alquileres, después de acumular casi un año de retraso. Finalmente ambas formaciones acordaron regular el precio de los alquileres mediante un índice de precios, que solo afectará a grandes tenedores y será opcional para las comunidades autónomas.
Pese a que está calificado como un proyecto de “tramitación urgente”, se pasó desde principios de marzo hasta finales de abril en el trámite de ampliación de enmiendas. Desde la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajan ahora en el informe de la Ponencia una vez superado el debate de enmienda a la totalidad. Según informó la propia ministra del ramo, Raquel Sánchez, el proyecto ha recibido más de 900 enmiendas por parte del resto de grupos parlamentarios.
Ley mordaza
Después un año en el plazo de ampliación de enmiendas (desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021), por la falta de acuerdo entre los socios, la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, los primeros trabajos de la ponencia se cerraron con el acuerdo sobre 29 artículos. Con esta reforma, las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición buscan dar la vuelta al corazón de la norma para proteger mejor los derechos de los manifestantes y quitar parte de ese poder excesivo que se daba a los policías, poniendo límites a la credibilidad de su testimonio en los procesos sancionadores, entre otras cuestiones como las devoluciones en caliente, las sanciones por la toma de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad o las multas por manifestaciones o concentraciones no comunicadas.
¿Y cómo están ahora las negociaciones? Fuentes parlamentarias explican que, más allá de la treintena antes mencionada, de las conversaciones entre el bloque de la investidura hay ya acuerdo en torno a "otra media docena de artículos". Y un "preacuerdo" sobre otra media docena más, si bien aún no hay "texto definitivo". Desde Unidas Podemos muestran cierto "optimismo" a pesar de la lentitud con la que avanza el asunto. "La idea era tener concluida la fase de la ponencia en el actual periodo de sesiones, pero no ha sido posible por el retraso u otros factores externos. Esperamos que en el próximo periodo de sesiones –de septiembre a diciembre– podamos tener concluido el grueso del trabajo", explican las fuentes pulsadas. Sin embargo, desde ERC no se muestran tan optimistas. "Pinta mal. Ahora mismo estaríamos en un claro ‘no", dicen fuentes de la formación, que tienen la "sensación" de que por parte del PSOE no se quiere tocar nada que tenga que ver con la policía.
Ley trans
El pasado 27 de junio el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta la Ley de Igualdad LGTBI, que consagra la libre determinación de género e incluye, ahora sí, a los refugiados y las personas migrantes, siempre que no estén en situación administrativa irregular. El departamento de Irene Montero había venido denunciando un bloqueo sostenido y deliberado por parte de sus socios de coalición, producto de los disensos entre ambas partes, pero finalmente ya ha llegado al Congreso.
A pesar de esta celebración, las organizaciones LGTBI reconocen "asignaturas pendientes" para esta norma, especialmente, en lo que tiene que ver con ampliar derechos a los menores trans , las personas no binarias y las solicitantes de protección internacional, migrantes o desplazadas. Estos colectivos confían en las enmiendas de los grupos y ya se están celebrando reuniones para mejorar la situación de estos colectivos.
Ley de bebés robados
La primera norma estatal sobre el robo de bebés no consigue alzar el vuelo en el Congreso. Dos años después de superar el primer filtro en la Cámara Baja con la toma en consideración, que recibió luz verde de todos los grupos parlamentarios salvo el de la extrema derecha, el texto se encuentra actualmente atascado en la Comisión de Justicia. Lleva desde septiembre de 2020 en plazo de ampliación de enmiendas, que ya se han ampliado más de sesenta veces.
Fuentes consultadas por infoLibre señalan que parte de dicho retraso tiene que ver con algunas diferencias existentes entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, alrededor de este asunto. En concreto, apuntan esas mismas fuentes, en cuestiones como el derecho a la justicia de las víctimas o la interpretación del robo de bebés como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Mientras, los colectivos siguen esperando: "Es incomprensible que una ley con un consenso político y social tan grande esté parada".
Ley de Enjuiciamiento Criminal
La nueva ley de memoria se aprueba pese al 'no' de la derecha: el PP homenajea a víctimas de ETA y Vox, a Franco
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, calificó la reforma como "la madre del cordero de esta legislatura”. Uno de los principales cambios que conlleva es que los fiscales serán los que lleven la batuta de las investigaciones, ahora en manos de los jueces. Era una histórica reivindicación del Ministerio Público, que se fijaba en los sistemas vigentes en países de nuestro entorno más inmediato como son Francia, Italia, Portugal o Alemania.
Esta reforma, que se prevé ardua y larga por la enorme transformación del proceso penal que implica, aún se encuentra en trámite de consultas. La actual ministra de Justicia, Pilar Llop, lamentó recientemente que el Gobierno lleva ya más de un año esperando el informe preceptivo: “Si no tenemos ese informe, no se puede dar curso, no se puede elevar al Consejo de Estado, y no se podrá mandar a las Cortes Generales”.
Además de estas leyes, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, también reclama que se produzca cuanto antes la reforma fiscal comprometida en el programa de la coalición pero que el ministerio de Hacienda ha pospuesto. Se trata de una de las reclamaciones de formaciones como EH Bildu o ERC. Otros como Compromís también reclaman la reforma de la financiación autonómica, una de las reivindicaciones históricas de territorios como la Comunidad Valenciana.
El recorrido de las leyes desde su primera aprobación en Consejo de Ministros hasta su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) suele ser largo, complejo y lleno de trabas. Hay iniciativas que llevan meses e incluso años varadas en el Congreso, en una suerte de limbo parlamentario también conocido como plazo de ampliación de enmiendas. Es un recurso que utilizan los partidos para alargar la vida de un proyecto, al que se recurre cuando no hay consenso para sacarlo adelante o interés por parte de las formaciones del Gobierno. Así, se autorizan sucesivas ampliaciones de ese plazo (en ocasiones, decenas), como si se tratase de un problema de tiempo para el estudio técnico de la norma y no falta de acuerdos, aritméticas insuficientes o problemas de oportunidad.