La regularización que presentó este miércoles Juan Carlos I por las donaciones que recibió en 2016, 2017 y 2018 del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sólo asciende a un 2% de lo que debe a la Hacienda española de todo el dinero que se conoce que ha manejado en los últimos años. El 98% restante se correspondería con los casi 65 millones de euros que según la Fiscalía de Suiza habría ingresado de Arabia Saudí y que posteriormente transfirió a su examante Corinna Larsen, operaciones que tuvieron lugar antes de la abdicación y, por tanto, sujetas a la dispensa de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.
En un escueto comunicado del abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, se revelaba que había procedido a presentar "ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos". No se concretaba cuál es esa autoridad tributaria competente, aunque fuentes conocedoras de la regulación han confirmado que se trata de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que es la administración competente para gestionar el impuesto de sucesiones y donaciones. Tampoco se especificaba el total que Juan Carlos de Borbón recibió del millonario, pero la cantidad regularizada apunta que estaría en torno al millón de euros.
Con este movimiento, el ex jefe del Estado trata de esquivar las segundas diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, los gastos que tanto él como algunos de sus familiares hicieron gracias a los fondos aportados por Sanginés-Krause a través de cuentas bancarias a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, quien fuera ayudante de campo de Juan Carlos I. El abono ante Hacienda de los ingresos no declarados se ha hecho antes de que recibiera notificación alguna por parte de las autoridades tributarias o del Ministerio Público, de modo que, tal y como está contemplado en el artículo 305.4 del Código Penal, el trámite previsiblemente hará decaer el delito fiscal –que se comete cuando lo defraudado supera los 120.000 euros por ejercicio–.
65 millones en Suiza
Sin embargo, los 678.393,72 euros son un importe ínfimo si se compara con la fortuna que llegó a atesorar en cuentas suizas y que tampoco habría declarado al fisco. Hablamos de los 65 millones de euros que el régimen de Arabia Saudí habría regalado a Juan Carlos de Borbón en 2008 y sobre los que existe la sospecha, según la Fiscalía suiza, de que formaron parte de una comisión por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca. La cuenta del Banco Mirabaud donde fueron ingresados fue abierta a nombre de la fundación panameña Lucum Foundation, en la que figuraba como primer y único beneficiario el exmonarca.
Esta es la primera línea de investigación que se abrió en la Fiscalía, pero previsiblemente no tendrá ninguna consecuencia penal para el emérito por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de él debido a la inviolabilidad de la que gozaba por su condición entonces de jefe del Estado. Pero no poder imputarle ningún cargo penal o que no tenga obligación de devolver dinero evadido no implica que esté al día con Hacienda: fiscalistas consultados por infoLibre explican que tendría que abonar el 43,5% del dinero no declarado y, además, un recargo por declaración extemporánea e intereses de demora, que se contarían a partir de junio de 2017.
A raíz de las pesquisas desarrolladas por la Fiscalía de Suiza, que giran en torno a las presuntas comisiones del AVE a la Meca, se sabe que el emérito dispuso de una cuenta en el país helvético cuyo saldo nunca bajó de los 60 millones de euros durante los años en los que estuvo abierta. Si esos fueran los únicos bienes no declarados en el extranjero, la regularización le costaría a Juan Carlos de Borbón, en el mejor de los casos, al menos 32,9 millones. En el peor, esa cifra podría situarse en los 34,25 millones de euros.
No es ilegal tener dinero fuera de España. Si la fortuna del rey emérito se nutre de regalos de amigos millonarios, tampoco. El problema es que no ha declarado todo ese patrimonio a la Hacienda Pública, pues la Ley General Tributaria deja muy clara la obligación de informar al fisco sobre las cuentas situadas en el extranjero de las que sean “titulares o beneficiarios” o en las que “figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición”. Hasta el cierre del depósito del Banco Mirabaud a mediados de 2012, el emérito estuvo sacando unos 100.000 euros al mes en billetes, según desveló El Confidencial. Sin embargo, nunca informó a Hacienda de la existencia de estos fondos y cuatro meses antes de que fuese obligatorio notificarlo, se los donó a Corinna Larsen.
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No se hace responsable de los fondos de Jersey
Pero la dispensa de inviolabilidad desactiva cualquier procedimiento penal contra delitos cometidos antes de la abdicación. Esa parece que va a ser la decisión de la Fiscalía del Supremo con respecto a la primera investigación, y así lo consideran también los abogados del rey emérito, de ahí que no hayan presentado ninguna regularización con respecto a la cuenta suiza. Tampoco lo han hecho en lo que hace referencia a la tercera línea de investigación que abrió recientemente el Ministerio Púbico a raíz de la alerta procedente de "inteligencia financiera" –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)– sobre conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi diez millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga la existencia de un trust en el que figuraría el rey emérito como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años noventa. Según han publicado varios medios de comunicación, el rey emérito no asume esos fondos como propios, de ahí que no haya llevado a cabo ninguna regularización.
La regularización que presentó este miércoles Juan Carlos I por las donaciones que recibió en 2016, 2017 y 2018 del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sólo asciende a un 2% de lo que debe a la Hacienda española de todo el dinero que se conoce que ha manejado en los últimos años. El 98% restante se correspondería con los casi 65 millones de euros que según la Fiscalía de Suiza habría ingresado de Arabia Saudí y que posteriormente transfirió a su examante Corinna Larsen, operaciones que tuvieron lugar antes de la abdicación y, por tanto, sujetas a la dispensa de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.