El PSOE y Ciudadanos escenificaron este martes un principio de acuerdo de cara a la investidura sobre la base de una reforma exprés de la Constitución basada en medidas de regeneración democrática –suspensión de los aforamientos en casos de corrupción, "despolitización de la justicia", facilitación de las iniciativas legislativas populares, limitación de mandatos y eliminación de las diputaciones– con la que ambas formaciones intentaron pasar de soslayo por las cuestiones que han protagonizado los principales escollos durante estas dos últimas semanas de negociaciones.
Sin embargo, desde primera hora de la tarde, después de que Pedro Sánchez compareciera para anunciar que aceptaba las cinco condiciones que Albert Rivera le había puesto por la mañana, los focos volvieron a ponerse irremediablemente sobre los asuntos que realmente han generado más discusión: fiscalidad, mercado laboral, autónomos... Los equipos de ambas formaciones siguieron negociando durante la tarde y, de forma oficial, los dos partidos declinaron ofrecer más detalles sobre un acuerdo que se hará público este miércoles.
No obstante, fuentes de la dirección socialista consultadas por infoLibre señalan que hay varios aspectos que el PSOE incluyó en el documento programático que envió el pasado 8 de febrero a los partidos con los que ha intentado negociar la investidura de Sánchez y a los que en principio está dispuesto a renunciar para favorecer el acuerdo con Ciudadanos. Unas renuncias que generan críticas entre los dirigentes que se sitúan más a la izquierda en el partido.
Los socialistas concurrieron a las elecciones con la propuesta de derogar la reforma laboral aprobada por el PP en la pasada legislatura, algo que tampoco convencía a Ciudadanos. "No nos podemos conformar con el modelo de Rajoy, pero tampoco nos gusta el de Zapatero", señalan en el partido naranja. Pues bien, el PSOE aceptaría ahora mantener al menos dos polémicos aspectos de la reforma del PP.
Así, aceptarían conservar el procedimiento actual que permite al empresario de forma unilateral modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo de sus empleados (jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, remuneración...) bajo el único argumento de que existen necesidades empresariales de competitividad, productividad u organización técnica. Se trata de una medida que, sobre el papel, tiene un carácter paliativo –el objetivo se supone que es evitar despidos– pero que, según los sindicatos, en la práctica, coloca a los trabajadores en una situación de indefensión y da un poder casi absoluto a los empresarios.
Arbitraje
La otra medida en materia laboral que los socialistas estarían dispuestos a mantener es la imposición del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando no hay acuerdo entre empresa y trabajadores en los casos de descuelgues de convenios colectivos. Las organizaciones sindicales siempre han expresado sus dudas sobre la constitucionalidad de fijar como tribunal de última estancia a este órgano.
En materia laboral el PSOE también ha aceptado otra de las propuestas estrellas de Ciudadanos: dar ayudas en forma de complemento salarial a cuenta del Estado para los trabajadores con sueldos más bajos pero no para las personas que están en el paro. Este seguro frente al empleo precario también prevé un sistema de tramos que dependen de la situación familiar y del nivel de la renta. Por ejemplo, una pareja con dos hijos que declaren de forma conjunta una renta de hasta 14.000 euros al año seguiría exenta de pagar impuestos (como ahora) pero recibiría un complemento de 5.000 euros.
Fuentes del PSOE consultadas por infoLibre también se muestran críticas con esta propuesta porque consideran que "cronifica la miseria salarial" al subvencionar los salarios bajos a costa del contribuyente "en vez de subir el salario mínimo". "Es una medida muy querida por el neoliberalismo anglosajón y fuente de desigualdades... no sabemos cómo la han podido aceptar", señalan estas mismas fuentes, críticas con el acuerdo con C's.
Por otro lado, los socialistas también estarían dispuestos a renunciar a que se haga efectiva una cuota mínima de género del 40% en el Consejo de Administración de grandes empresas y de todas las empresas públicas. Rivera siempre se ha mostrado contrario a las cuotas de paridad. Entiende que la "auténtica desigualdad" es que las mujeres cobren entre un 20 y 25% menos que sus compañeros hombres por hacer el mismo trabajo y no "si hay más o menos mujeres en un consejo de administración". Cuestión diferente es que, aunque no se incluya en el acuerdo con C's, los socialistas dejen claro que su objetivo de lograr mayor presencia femenina en los consejos de administración sigue siendo un objetivo prioritario.
También la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, se mostró contraria a estas cuotas en conversación con este periódico en abril del año pasado. "No soy partidaria de las cuotas de participación obligatorias porque a mí personalmente como mujer me humilla que me elijan como relleno. Creo que hemos demostrado lo suficiente como para que seamos escogidas por nuestra valía. Lo que frena a las mujeres a participar en puestos de dirección es la escasa compatibilización y escasa conciliación que existe entre la vida familiar y laboral", señaló.
Esta es la pregunta que el PSOE hará a sus militantes sobre el pacto con Ciudadanos
Otras propuestas
Uno de los puntos del acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos que generó más confusión durante este martes es la oferta de Rivera de un contrato único indefinido, que choca con la idea socialista de impulsar tres tipos de contrato. Lo que apuntan algunas fuentes es que, finalmente, la fórmula acordada está a medio camino entre ambas propuestas y que se han barajado nombres que hagan alusión a la idea de estabilidad en el empleo, tal y como dejó caer Rivera en la rueda de prensa que ofreció por la mañana. No obstante, no habrá contrato único como tal.
Durante todo el día sí se filtraron otros puntos del acuerdo. Entre ellos, la no subida del IRPF –mientras los socialistas proponían una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas y subir la tributación a las rentas del ahorro, la formación emergente apostaba por una rebaja media del 3% del IRPF en todos los tramos–, la puesta en marcha un plan de choque contra la pobreza, que incluiría una subida de las prestaciones por hijo; el ingreso mínimo vital que llevaba el PSOE en su programa electoral; o la reforma del Senado.
El PSOE y Ciudadanos escenificaron este martes un principio de acuerdo de cara a la investidura sobre la base de una reforma exprés de la Constitución basada en medidas de regeneración democrática –suspensión de los aforamientos en casos de corrupción, "despolitización de la justicia", facilitación de las iniciativas legislativas populares, limitación de mandatos y eliminación de las diputaciones– con la que ambas formaciones intentaron pasar de soslayo por las cuestiones que han protagonizado los principales escollos durante estas dos últimas semanas de negociaciones.