Los mayores que viven en la Residencia Reifs Alcalá (en Alcalá de Guadaira, Sevilla) no pueden "realizar manifestaciones de descrédito o difamación del Centro, [...] ya sea en medios de comunicación, mediante acciones particulares por otros medios o incluso a familiares de usuarios". Tampoco pueden "difundir o transmitir de manera verbal, gráfica y fotográfica o escrita información relativa al funcionamiento, instalaciones o gestión del Centro, salvo autorización expresa de la dirección del mismo". Si lo hacen, o lo hacen sus familias, estarán cometiendo una "falta muy grave", algo que está sancionado con el "traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía" o con la "expulsión definitiva del centro".
Así consta en el reglamento de régimen interior de la Residencia Reifs Alcalá, al que ha tenido acceso infoLibre y que rige el funcionamiento del mismo desde finales de 2021, tal y como fechan los familiares de los mayores. Fuentes del grupo Reifs, que controla ocho centros y 831 plazas en la comunidad, no han sabido detallar la fecha de aprobación de este régimen, que defienden que ha sido validado en el Consejo de Participación, en el que están presentes los familiares de los mayores. Es un reglamento, dicen, que se va renovando.
Pero el protocolo no se queda ahí. Entre los deberes de los usuarios del centro figura el de "no difundir información relativa al Centro ni a su funcionamiento interno por cualquier medio, susceptible de ser publicado o utilizado con fines difamatorios". Sus familiares y representantes, por su parte, deben "mantener una conducta ejemplar y respetuosa con los responsables profesionales del centro" y "no realizar manifestaciones de descrédito o difamación de ellos" o de la residencia, "ya sea en medios de comunicación, o mediante acciones particulares por otros medios; y resolver cualquier cuestión con los responsables de la dirección y gestión".
Fuentes del grupo Reifs, no obstante, piden que no se malinterprete el reglamento y argumentan que estos artículos están referidos a una normativa de "protección de datos" y que rigen, además, en todos los centros que gestionan. "Hay familiares que graban a sus mayores, pero a otras familias no les gusta", aclaran.
La Dirección General de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, según ha informado a infoLibre, "ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de Sevilla instando a la delegada a retirar ese reglamento y adecuarlo al modelo publicado en la Orden 21 de noviembre de 2007", el protocolo que hasta ahora regía las residencias y sobre el que se han añadido estas normas.
El protocolo, no obstante, contaba con el sello, y por tanto aprobación, de la Consejería, a la que la Asociación para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Addemar), la más importante de Andalucía e integrada en laPlataforma estatal, envió un escrito de denuncia. "La empresa pretende blindarse de cualquier tipo de opinión que pueda influir en su negocio. Es una evidencia que no se debe difamar a nadie, ni persona física, ni empresa, ni asociación, y que hay que cumplir con la legislación vigente en cuanto a protección de datos, por lo que este texto solo se puede entender como medida disuasoria que evite que se hagan públicas situaciones que le generen a la empresa una publicidad negativa", denuncia Addemar, que califica de "lamentable" que "una empresa pueda decidir si un residente o su familiar ha incurrido en esta falta grave, siendo una decisión que puede ser totalmente arbitraria y por tanto perjudicial para los afectados".
"Se debe crear un mecanismo que no deje en manos de las operadoras faltas que pueden acarrear consecuencias nefastas". "Realmente no sabemos si una empresa puede expulsar de forma arbitraria a un residente de su casa. Nos parece muy grave e inadmisible que esto pueda suceder y más grave aún que desde la Administración se respalde esta vulneración de derechos fundamentales", añade Addemar en su escrito a la Consejería.
Antes, expulsiones por "promover altercados"
El cambio respecto al anterior, de 2007, es evidente. Entre los deberes de las personas usuarias y familiares de los mayores no aparecía ninguno relativo a la prohibición de realizar críticas al centro o sus trabajadores. Las faltas muy graves, castigadas de la misma manera, se producían si se daban situaciones como "promover altercados, riñas o peleas", o provocar "un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para el centro".
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Pero todo cambió en verano de 2021, cuando el covid entró en la residencia, que hasta entonces se había librado del virus. Según cuentan los familiares, que prefieren permanecer en el anonimato para no cometer una "falta muy grave", en ese momento realizaron entrevistas para medios locales para contar el estado de sus mayores. "Ese fue el detonante que aprovecharon para cambiar el protocolo y aprobar estas cláusulas mordaza", asegura uno de ellos.
El presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede) y uno de los portavoces de laPlataforma estatal, Paulino Campos, no se sorprende cuando conoce casos como este. Según dice, ya empiezan a ser habituales. "Se están recrudeciendo las amenazas y las coacciones sobre las familias críticas que piden que se respeten los derechos de las personas mayores que viven en las residencias. Es inaceptable", denuncia. Considera "demoledor" asistir al envenjecimiento de un ser querido, algo que se recrudece por lo que califica como "efecto aniquilador" de la "cloaca" de las residencias. "Hay una trama corrupta desde el punto de vista de la ética donde prima el resultado económico de las instalaciones donde son aparcadas las personas mayores", lamenta.
Por ahora, los familiares desconocen si Reifs Alcalá ha aplicado estas sanciones.
Los mayores que viven en la Residencia Reifs Alcalá (en Alcalá de Guadaira, Sevilla) no pueden "realizar manifestaciones de descrédito o difamación del Centro, [...] ya sea en medios de comunicación, mediante acciones particulares por otros medios o incluso a familiares de usuarios". Tampoco pueden "difundir o transmitir de manera verbal, gráfica y fotográfica o escrita información relativa al funcionamiento, instalaciones o gestión del Centro, salvo autorización expresa de la dirección del mismo". Si lo hacen, o lo hacen sus familias, estarán cometiendo una "falta muy grave", algo que está sancionado con el "traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía" o con la "expulsión definitiva del centro".