¿Green new deal? ¿Green recovery? ¿Pacto verde? No tanto. Si se escarba un poco y se lee la letra pequeña, en las comunidades autónomas aparece algo más castizo. Más de toda la vida. Más consustancial al capitalismo autóctono español. Ladrillo. Cemento. La pandemia trae palés de cemento gris bajo el brazo. Facilidades para la construcción y el turismo hotelero, rebajas en los requisitos ambientales y mucha agilización. Al menos ocho comunidades autónomas desarrollan o han anunciado normas que rebajan requisitos o relajan exigencias o suprimen la obligatoriedad de licencias, entre otras medidas, siempre con la reactivación de la construcción en el punto de mira y el objeto de "atraer inversión".
"Esto choca con la reconstrucción en clave de transición ecológica justa y los planes que presentaron Pedro Sánchez y Teresa Ribera. Obviamente las comunidades no pueden exceder el marco estatal, pero es que el marco estatal es muy frágil. Esto hace daño. Es una repetición de errores. Turismo y ladrillo. Ladrillo y trurismo. Imaginábamos que pasaría, pero no tan pronto", afirma Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, que añade: "Todo esto podría caerse y quedar en nada si las ayudas a la reconstrucción incluyen criterios sostenibles, en línea con los planes de la UE. Esa es nuestra esperanza". Rodríguez cree que las reformas introducidas, entre las que destaca por su lesividad las de Andalucía y Región de Murcia, han ido más allá de la idea de paliar los daños por el coronavirus. "No ha sido eso. Se ha aprovechado la pandemia, con toda su situación de shock y con la dificultad para el debate parlamentario, para meter cambios".
Las críticas no se ciñen a la bajada del listón ambiental. Reaparecen en el discurso de organizaciones ecologistas y grupos de izquierdas palabras como "pelotazo", "especulación"... Pero, ¿cabe pensar en nuevos ciclos de acumulación de capital en torno al binomio construcción-turismo con una crisis así? Sí, responde el geógrafo Iván Murray, referente de la investigación del turismo en España. "De todas las crisis hemos salido con más destrucción del medio ambiente. Ya hubo una vuelta de tuerca tras la última crisis, cuando se pasó de un modelo de turismo más industrial a uno más financiero. Ahora, de lo que se trata es de evitar a toda costa la devaluación de los activos inmobiliarios y hoteleros. La pregunta ahora es: ¿La sociedad está dispuesta a una nueva vuelta de tuerca?".
El doctor en Ecología Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, cree que existe un choque entre el discurso reformista a nivel europeo y estatal y la actividad autonómica más apegada a lo de siempre. "No tiene sentido pensar en cómo generar oportunidades para hacer más vivienda en un país con esta natalidad y con tantas viviendas vacías y tantos problemas de acceso a la vivienda. Este modelo no nos ha creado empleo estable. Ya sabemos que por aquí entramos y se agravó la crisis de 2008", afirma Prieto, que sostiene que el énfasis en la inversión debería estar en "sectores de futuro" como la "movilidad eléctrica".
No todas las normas son similares, ni tienen el mismo alcance, ni suponen una amenaza similar para las garantías ambientales, que todos los gobiernos autonómicos afirman proteger. infoLibre hace aquí un repaso de las medidas.
Andalucía: Construcción, urbanismo, suelo, hoteles
El salón de plenos estaba a medio gas. Casi vacío. En medio de la etapa más cruda del confinamiento, el 2 de abril, la Diputación Permanente del Parlamento convalidó con diez votos a favor (PP, Cs y Vox) y ocho en contra (PSOE y Adelante Andalucía) un decreto ley para "agilizar" 21 leyes y seis decretos eliminando requisitos para la actividad turística y urbanística, entre otras. La norma se centra en la eliminación de "trabas", entre ellas medioambientales. El Gobierno de PP y Cs liderado por Juanma Moreno (PP), para quien la construcción es "probablemente el único sector que puede absorber" a los parados por el covid-19, quiere sustituir la licencia de obras y la licencia de ocupación por la "declaración responsable". El control pasa a ser a posteriori. Greenpeace pone el foco en el cambio de la ley urbanística de Andalucía para reducir plazos en la tramitación de planes, cuando ya había quedado demostrada la imposibilidad de la Junta de de cumplirlos en la evaluación de informes, con lo que dichos planes se aprobarán "sin las debidas garantías", según la ONG. El decreto suprime "multitud de informes sectoriales" para la aprobación de proyectos urbanísticos, sustituyéndose por un "único pronunciamiento coordinado". También facilita los requisitos para la construcción de campos de golf. El Gobierno ha recurrido la norma, que se presentó con carácter de "urgente".
La idea central es "atraer inversión", señala el Gobierno andaluz. La oposición, sindicatos y grupos ecologistas han denunciado que retrocede en la protección ecológica. También hay debate sobre el modelo de desarrollo. Su condición de meca turística no ha conseguido sacar a Andalucía del vagón de cola del desarrollo. Es más, a raíz de la crisis de 2008, ha empezado a divergir con respecto a España. El Gobierno de PP y Cs, apoyado por Vox, fía el cambio de tendencia a recetas liberalizadoras. La duda es si agilizando trámites y facilitando la inversión, sin alterar la posición marginal de Andalucía en el mapa productivo, habrá cambio a mejor.
No es la única medida en esta línea que ha impulsado el Gobierno andaluz. El 18 de mayo, el Consejo de Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de una nueva ley del suelo que flexibiliza los requisitos para la construcción, en línea con la filosofía de la Ley del Suelo de Aznar de 1998. La norma facilita la construcción residencial en suelo rústico, lo que puede alimentar la dispersión urbanística, aumentado las necesidades de movilidad en coche. También limita la actuación de la Administración contra construcciones ilegales, que prescriben a los seis años. En su exposición de motivos, la Junta afirma que la modificación es "urgente".
La Junta también ha aprobado una nueva clasificación hotelera para "favorecer la competitividad", con la creación de la categoría "Gran Lujo". La medida, que ha suscitado el rechazo de CCOO y UGT por excluir requisitos de empleo y sostenibilidad, se adopta también con carácter "urgente" ante el covid-19.
"La idea siempre es la misma: ofrecer al capital foráneo vías para la apropiación de la riqueza sin reparar en daños ecológicos. Esto desvela cuál es la idea que hay, que es la que había antes con el PSOE, de crecimiento económico aquí en Andalucía, justo contraria de la de las economías del norte", explica Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. "Aquí el crecimiento no integra, ni cohesiona. Insiste en sectores con sueldos de miseria, profundizando en la especialización productiva de las actividades peor remuneradas. Así cada vez estaremos más lejos y más metidos en nuestro modelo de capitalismo extractivo. Lo único que se intenta es restaurar a toda prisa las condiciones previas a la pandemia, que ya eran precarias", añade. La nueva ley del suelo se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Delgado reflexiona: "Nada cambia. Si acaso, el vocabulario. La mentira necesita ser vestida con ropajes aún más increíbles. Ahora llaman al turismo industria turística, como si fuera una actividad del sector secundario y no terciario". Mario Rodríguez (Greenpeace) afirma: "El lenguaje ha cambiado mucho con respecto a la anterior crisis. Por eso hay que mirar a las medidas, que son las que son".
Murcia: Más emisiones y vertidos
El Gobierno de Murcia, de PP y Cs con el apoyo de Vox, ha aprobado dos decretos de "mitigación del impacto socieconómico" del covid-19, uno de vivienda y urbanismo y otro medio ambiente, ambos con carácter de "urgencia". ¿Las fechas? 23 de abril y 7 de mayo, en estado de alarma. Se modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental "sin transparencia ni participación pública, sin los preceptivos informes jurídicos previos y sin utilizar el procedimiento ordinario en la Asamblea", según Greenpeace. Los ayuntamientos ganan peso en la tramitación urbanística. El Gobierno regional pretende que las empresas que se amplíen puedan verter residuos y emitir a la atmósfera un 30% más, el doble que lo permitido ahora, sin hacer una nueva evaluación.
Ecologistas en Acción y la asociación Huermur han acusado al Gobierno regional de utilizar la pandemia para rebajar la normativa ambiental. El Pacto por el Mar Menor ha alertado de los posibles daños sobre el Mar Menor de la mayor permisividad de los vertidos, cosa que el Ejecutivo autonómico niega. “Con el Mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del covid-19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, en palabras de Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace.
Madrid: Fuera licencias
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), que gobierna junto al PP con el apoyo de Vox, hizo el 5 de mayo un anuncio estrella: “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables". Si la retórica del Gobierno andaluz es más elíptica, Ayuso va al grano y defiende "liberar suelo porque parte de la recuperación vendrá por la construcción, por no limitar el precio de la vivienda". El anteproyecto prevé incluso eliminar la necesidad de presentar declaración responsable para "obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad". Se trata de "eliminar trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector". La tramitación, en plena pandemia, se presenta como "urgente".
El Ayuntamiento de Madrid, también con Gobierno PP-Cs apoyado por Vox, inició el 24 de abril la tramitación de un plan para agilizar las licencias urbanísticas. Era algo que el alcalde, Martínez Almeida, José Luis Martínez-Almeida, ya había dicho que haría antes de la pandemia. El 27 de mayo el Gobierno local aprobó un cambio normativo para construir una "ciudad deportiva" alrededor del estadio Wanda.
Baleares: Ampliaciones (y juego)
El decreto ley del Gobierno de las Islas Baleares –PSIB, Podemos y Més per Mallorca–, de 15 de mayo, "para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa", también es "de medidas urgentes". Los restaurantes y hoteles podrán realizar actuaciones de mejora que impliquen obras de ampliación de hasta un 15% –ahora es de un 10%–. Establece un "régimen excepcional de declaración responsable" para las licencias de obras en suelo urbano. El decreto fija además una bonificación fiscal sobre el juego.
"Todo está hecho a la medida de los grupos de presión. Recuerda al PP", señala el geógrafo Iván Murray, que confía en el efecto de la contestación social, la misma que se opone a la ampliación del aeropuerto de Palma. El decreto ha suscitado críticas de ecologistas. Según Terra Ferida, supondrá "ampliar hoteles saltándose" las normas territoriales y locales. "El concepto es el de siempre: eliminar trabas. Pero esto es dejar que el promotor lo decida todo. Es irnos directos a los años 80", afirma Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
La norma ha provocado tensiones en el Govern. El coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, criticó en Diario de Mallorca que "la estrategia socialista sea la de moverse en sectores vinculados al PP" y aseguró que el partido de Francina Armengol quería que la ampliación fuera de un 20%.
Son numerosas las voces que han alertado sobre el conflicto entre la urgencia de revitalizar el golpeado sector del turismo, con medidas y campañas buscando estímulo inmediato, y la importancia de un replanteamiento. El geógrafo Josep Ivars, del Instituto de Investigaciones Turísticas, ha alertado contra un regreso precipitado al "business as usual" sin medidas contra la precariedad, el impacto ambiental y la excesiva dependencia de la economía española del turismo.
Galicia: Aluvión de expedientes
En pleno estado de alarma, y con la justificación del bajón económico por la pandemia, la Xunta de Galicia (PP) ha reactivado mediante orden la tramitación de 975 procedimientos de evaluación ambiental por su "interés público". La medida se justifica en la necesidad de evitar que la paralización de los expedientes suponga "una traba adicional" en un momento en que el tejido económico e industrial "se enfrenta a una difícil situación".
Diversas asociaciones, entre las que figuran Verdegaia, Ecologistas en Acción o la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino NON, han denunciado que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aprovecha la pandemia para impulsar sin crítica de los movimientos sociales “proyectos industriales especialmente controvertidos” y "de gran impacto" como escombreras, plantas de gestión de residuos, líneas de alta tensión o parques eólicos. según Galicia Press. La Xunta ha negado que haya una merma de garantías.
Castilla y León: Mayor "densidad de construcción"
El consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), se comprometió el 27 de abril ante representantes del sector de la construcción a estudiar una posible modificación de la legislación urbanística para adaptarla a la situación creada por la pandemia, como recogió La Razón. En una entrevista con Diario de León, afirmó que la modificación del Gobierno autonómico (PP-Cs) podía afectar a aspectos como la "densidad de construcción". La Cámara de Comercio de Palencia ya ha presentado sus propuestas para la reforma, entre ellas la sustitución de licencias por "declaraciones responsables". Vox también presiona.
Cataluña: Contra los trámites "absurdos"
En Cataluña –JxC-ERC, con apoyo de la CUP– aún no se ha concretado nada, pero se ha abierto uno de esos debates que ponen en alerta a Mario Rodríguez (Greenpeace). "Esa idea, que siempre acaba saliendo, de que el medio ambiente entorpece, que va contra la economía", reflexiona. Se refiere a unas declaraciones de 20 de abril del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que anunció una ley ómnibus para agilizar tramitaciones urbanísticas y ambientales que "a veces se alargan de manera absurda". El Govern habilitará agosto para hacer gestiones urbanísticas y "aprovechar el tiempo para gestionar el máximo de expedientes".
La medida no está cerrada. No obstante, la Federació d'Ecologistes de Catalunya ya ha denunciado que "hay una voluntad reiterada de desregular las actuaciones en el medio natural en espacios naturales protegidos". Las alertas saltan rápido cuando un consejero habla quitar requisitos. Tan rápido como las peticiones de la patronal. La Asociació de Promotors de Catalunya (APCE) ya ha pedido una agilización de las licencias de obras, como recogió El Periódico de Catalunya.
Castilla La Mancha: Dos leyes "de trámite exprés"
Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha (PSOE), sabe que, tras las décadas de los 90 y 2000, con su corrupción urbanística desbocada, y con la crisis financiera agravada por la burbuja inmobiliaria todavía fresca en la memoria, hablar de rebajar requisitos ambientales para proyectos urbanísticos puede sonar... regular. "Son temas delicados, ¿eh? Se dice pronto lo de quitar trámites", admitió Page en las Cortes de Castilla La Mancha cuando anunció, el 2 de mayo, dos leyes "de trámite exprés", "una para los procedimientos económicos y de empresas y otra para los procedimientos urbanísticos". "Cuando se dice 'suprimir trámites' en el ámbito urbanístico pues ya aparecen muchas dudas de todo tipo, y no digamos ya si se relacionan con la honestidad". García-Page explica el objetivo: "Hay que intentar por todos los medios agilizar la implantación de empresas".
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Canarias: Revisión de la Ley del Suelo para atraer inversión
El Gobierno de Canarias –PSOE, Nueva Canarias, Podemos– ha anunciado una revisión de la Ley del Suelo para de "dar salida" a inversiones necesarias frente a la crisis del coronavirus, pero sin "abrir una puerta de atrás a proyectos desarrollistas", en palabras del consejero José Antonio Valbuena, que sostiene que el covid-19 no moverá al Ejecutivo insular de su "hoja de ruta" verde. Se persigue eliminar obstáculos a las inversiones en el sector hotelero, atraer inversiones...
Aún no hay un texto que escudriñar. Pero las ONG ecologistas ya están alerta. "Se pretenden eliminar obstáculos en las inversiones del sector hotelero y de la construcción desde la 'reactivación ecológica', cuando el modelo turístico actual, basado en el turismo masivo de sol y playa, ha traído a las islas una considerable huella ecológica", señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace. La Ley del Suelo es de julio de 2017, hace menos de tres años.