Sánchez dice que no hay pruebas de la autoría de Marruecos y niega avisos previos sobre el cruce masivo a Ceuta

Los dos leones que custodian la entrada del Congreso de los Diputados fueron fundidos en el siglo XIX con el bronce de cañones capturados durante la Guerra de África. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez eligió ese "hecho histórico" para comenzar su esperado discurso en la tribuna del Congreso para reivindicar la españolidad de Ceuta y Melilla: "Así va a seguir hasta el final de los tiempos".

El socialista comenzaba así una comparecencia marcada por una crisis que ya dura un mes y que ha tensionado las relaciones con Marruecos —es más, ha revelado que el Gobierno llamó a consultas a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto— y con sus socios parlamentarios, ha abierto interrogantes sobre el funcionamiento de los servicios de información españoles y ha situado de nuevo la política migratoria en el centro de la batalla política.

Esta vez, además, Sánchez ha querido empezar por las víctimas. Tras las críticas recibidas por la falta de empatía de algunas de sus respuestas en la entrevista concedida a la Cadena SER, el presidente del Gobierno ha trasladado su solidaridad con “la ciudadanía ceutí, que está pasando momentos difíciles”, con los 141 migrantes muertos en el mar y con “los servidores públicos que trabajan sin descanso”.

La comparecencia se produce un día después de las masivas concentraciones celebradas en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta y en plena polémica por el informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que describe la actuación de agentes marroquíes durante la llegada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. Sánchez ha admitido que todavía quedan hechos por conocer, pero ha aprovechado su intervención para fijar la posición del Ejecutivo alrededor de tres preguntas: “¿Podría haberse evitado la crisis?; ¿Quién la provocó? y ¿Qué hará ahora el Gobierno?”.

“No hubo alertas o avisos extraordinarios”

La respuesta de Sánchez a la primera cuestión ha sido inequívoca: el Gobierno recibió información sobre un incremento de las entradas a nado, pero ninguna alerta que permitiera prever un fenómeno de las dimensiones que terminaron produciéndose, con la entrada masiva de entre 70 mil y 80 mil personas.

Según la cronología expuesta por el presidente, hasta el 25 de julio se registraban alrededor de 37 entradas diarias. La cifra fue aumentando hasta llegar a 194 durante la noche del día 29. Ese incremento, ha explicado Sánchez, fue detectado por las autoridades españolas y ceutíes, que comenzaron a coordinarse para hacerle frente. Era “evidentemente un repunte significativo”, ha señalado, pero “en absoluto inédito y excepcional”.

El escenario cambió radicalmente el día 30. A la circulación de vídeos en redes sociales que animaban a cruzar la frontera se sumó la llegada de grupos cada vez más numerosos hacia los pasos fronterizos. Fue entonces cuando, según el socialista, los agentes españoles desplegados en la zona se encontraron ante una decisión límite: intentar contener mediante la fuerza a las personas que trataban de entrar o permitir momentáneamente el paso para evitar una tragedia mayor, es decir "entre la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana". "Eligieron lo segundo. Creo que hicieron lo correcto”, ha sentenciado.

El Gobierno hará públicos los informes

Una parte importante de su intervención ha estado dedicada a combatir las acusaciones de que el Ejecutivo había sido advertido y no actuó. Sánchez ha negado, en primer lugar, que la agencia europea Frontex alertara con un mes de antelación de una entrada masiva en Ceuta. El documento de la agencia europea al que se ha hecho referencia durante los últimos días era, según su explicación, un informe rutinario sobre tendencias migratorias que no anticipaba “ni remotamente” un episodio semejante. Así, ha anunciado que el Gobierno hará públicos los informes y documentos relacionados con las alertas y comunicaciones que se produjeron antes de la entrada masiva.

También ha rechazado que la Policía hubiera trasladado una advertencia específica sobre Ceuta. Los informes policiales citados por la oposición se referían, ha defendido, a posibles llegadas marítimas a la Península. Sí admitió que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó su preocupación por el aumento de las entradas a nado y pidió que se avisara al Ministerio del Interior, pero que el volumen de personas era mucho menor. 

Además, aseguró que el CNI elaboró además dos informes de situación en los que constataba que los cruces estaban aumentando y recomendaba extremar las precauciones, pero sin la magnitud de lo que finalmente ocurrió. Así, el presidente del Gobierno ha sostenido que ninguna de esas señales podía interpretarse como una advertencia de que decenas de miles de personas intentarían entrar en Ceuta.

Su argumento es que tanto el aumento de las entradas a nado como la circulación de mensajes en redes sociales encajaban entonces en un patrón conocido durante los meses de junio y julio, cuando las mejores condiciones meteorológicas facilitan los intentos de llegada. El presidente del Gobierno reconoció, a su vez, que “España tiene que mejorar sus mecanismos de anticipación”. Lo que ha rechazado de plano es la tesis de que el Gobierno conocía la magnitud de lo que iba a ocurrir y decidió conscientemente no actuar. “¿En qué cabeza cabría?”, se ha preguntado.

La cooperación posterior con Rabat

El presidente ha diferenciado entre las incógnitas sobre lo ocurrido en las primeras horas y la cooperación que, según su versión, se estableció posteriormente con Marruecos. Sánchez ha defendido que sin la colaboración de las autoridades marroquíes habría sido “logísticamente imposible” gestionar los retornos que comenzaron pocas horas después de la entrada masiva. Sánchez ha puesto también un límite a las demandas de expulsiones indiscriminadas. “Antes de expulsar a un ser humano hay que ver quién es".

Aun así, ha reconocido tensiones con el país vecino después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicara los “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteara abrir con España un diálogo para lograr su “retorno al seno de la patria”. Aquella misma noche, Exteriores rechazó “tajantemente” cualquier cuestionamiento de la soberanía española y recordó que ambas ciudades forman parte de la integridad territorial de España y de la Unión Europea. Por ese motivo, ha dicho, España llamó a consultas a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto, aunque el Ejecutivo no lo había hecho público hasta hoy.

Sánchez también ha reivindicado que un presidente del Gobierno debe tomar decisiones “sobre evidencias y no sobre sospechas sin contrastar ni intereses partidistas”, especialmente cuando están en juego las relaciones con un país vecino y cualquier movimiento puede tener consecuencias difíciles de revertir. "Si existieran pruebas contra Marruecos actuaríamos, pero no hay evidencias sólidas", apuntó. Sin embargo, ha dejado claro que si surgen datos de implicación marroquí habrá “consecuencias inmediatas”.

Ni la oposición ni los socios se creen las explicaciones de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el primero en intervenir y cargó con dureza contra Sánchez y le exigió la dimisión "por incompetente o por cómplice". El conservador sostuvo que lo ocurrido en Ceuta no fue una crisis migratoria sino una "invasión que continúa" y aseguró que la operación "salió y fue consentida por Marruecos" y que existen indicios de que Rabat la coordinó y de que el Gobierno había sido advertido. Feijóo llegó a preguntar a Sánchez "qué sabe Marruecos de usted" y le advirtió de posibles responsabilidades judiciales. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, elevó todavía más el tono, calificó reiteradamente al presidente de "traidor" y definió la entrada masiva como una "invasión a secas". El ultraderechista también reprochó a Sánchez que no identificara a quien estuvo detrás de lo sucedido y le acusó de actuar como "portavoz de Marruecos" y de señalar a los policías por la decisión adoptada en la frontera.

Desde Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, el diputado Enrique Santiago, también se distanció abiertamente del relato mantenido por la parte socialista del Gobierno y afirmó que España "ha sufrido un ataque de Marruecos", una operación que, a su juicio, tuvo "claras intenciones políticas y geoestratégicas". El diputado de IU fue más lejos al asegurar que Marruecos actuó "en coordinación con EEUU e Israel" y consideró que atribuir lo sucedido únicamente a las mafias "no es creíble". Santiago reprochó además al Ejecutivo haber actuado tarde, pero rechazó las devoluciones automáticas como solución.

La también diputada de Sumar, Aina Vidal, incidió en esa doble crítica a Rabat y a las políticas de cierre de fronteras. La portavoz adjunta de los comunes sostuvo que "la política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado" y reclamó al país vecino explicaciones por lo ocurrido, al tiempo que denunció un sistema migratorio en el que las personas son utilizadas como "monedas de cambio". Frente al discurso de PP y Vox, Vidal puso el foco especialmente en los menores que llegaron a Ceuta y defendió su acogida y traslado a la Península.