La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña". Además, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.
Así figura en un informe de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña con fecha de 15 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez del Supremo y que lleva por título Investigación de los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia en Cataluña.
"Los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalitat para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referéndum del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia de Cataluña", recoge en sus conclusiones dicho informe.
El documento señala el "incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales". "Hasta ahora", concluye el informe del instituto armado, "se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación".
La Guardia Civil dice que trabaja con el "convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación" y señala que la Generalitat llevó a cabo "diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado" en el referéndum del 1 de octubre.
En respuesta al juez del Supremo que ha asumido la causa por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, los investigadores de la Policía Judicial explican que están recabando pruebas sobre la inserción de publicidad en medios y los gastos directos empleados por la Generalitat para "la compra de urnas, papeletas, sobres y certificados para la composición de las mesas electorales", destacando la participación de la empresa de mensajería Unipost.
En esta empresa, registrada el 14 de diciembre por segunda vez en presencia del director general Pablo Raventós, se halló antes del 1-O 45.000 certificados para la constitución de las mesas electorales del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
El desarrollo de software, web, el censo o la creación del call center son otros de los aspectos indagados, así como el coste sobre la preparación del referéndum, donde sitúa al juez Viver "o su entorno", a quien atribuya un trabajo por el que, según el instituto armado, "pudo percibir retribución pública".
La Guardia Civil rastrea los actos de clausura de la campaña del referéndum e incluso de los "fuegos artificiales en la Plaza de España de Barcelona". También se ha detenido en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) por el "traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum".
Desglose en tablas
"Si bien no se ha finalizado la investigación de todos los puntos mencionados anteriormente", explica la Guardia Civil al juez Llarena, los investigadores sí tienen determinado el gasto en la campaña de registro de catalanes en el exterior para realizar el voto "en el pseudoreferéndum", con un coste que desglosa en una tabla.
Estudi Dada SL se hizo cargo de la campaña del Sí o No, para lo que se pagó 10.829,50 euros; Teresa Guix del pactepelreferendum.cat por valor de 2.700 euros; Focus Media de la campaña "Sí o No", por 130.865,56 euros; NotinhgAd también de la campaña del "Sí o No", en concreto de su intranet, por valor de 80.440,19 euros. En total, 224.835,25 euros.
Respecto a la campaña de publicidad y difusión del referéndum del 1-O, la Guardia Civil explica que se hizo con cargo al presupuesto del contrato de programas que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en el que se emitieron dos anuncios de las vías del tren, aunque sólo en uno de ellos aparece la palabra referéndum 1-O y las instrucciones para votar, según el informe.
"Esas emisiones fueron autorizadas por el departamento de Presidencia que dirigía el conseller Jordi Turull i Negre", asegura el documento. El coste fue de 277.804,36 euros y la entidad beneficiaria la CCMA, en concreto TV3. La Guardia Civil asegura que "se puede determinar que el coste total de la publicidad en los medios relacionado con el referéndum" se dividió entre la CCMA (277.804,36 euros) y la campaña del "Sí o no" (224.835,25 euros).
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Todo esto figura en el apartado seis, con el título de Dinero público gastado en actuaciones declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.
"La implementación de la hoja de ruta establecida en el Libro Blanco y que se desarrolla en el documento Enfocats (intervenido al alto cargo Josep Maria Jové) requiere de un desembolso económico de gran importancia para poder desarrollar tanto las estructuras de Estado como para impulsar la proyección internacional, como la organización y realización de diferentes actos preparativos para lo que se ha denominado la culminación del proceso de transición nacional", advierte el instituto armado.
La Guardia Civil llama la atención de que, a pesar de las resoluciones del Tribunal Constitucional y de otros órganos judiciales, "los gobernantes de la Generalitat, responsables últimos del empleo de fondos, utilizaron dinero público para financiar la hoja de ruta sediciosa que tenían prevista y que cumplieron hasta declarar de forma unilateral la independencia".
La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña". Además, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.