La defensa de los intereses de Canarias en el Senado corre a cargo, "de manera singular", de los senadores del PP canario, según el ministro de Industria y líder de los conservadores en el archipiélago. Podría parecer una obviedad, pero con el caso Monago sobre la mesa, no es así.
El presidente del Gobierno de Extremadura ofreció este viernes una rueda de prensa en la que dio su tercera versión en una semana de sus polémicos viajes a las islas en la época en la que era miembro de la Cámara alta. José Antonio Monago sostuvo que el Senado le ha certificado que entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010 realizó 16 "viajes de trabajo" a Canarias (32 vuelos), para mantener reuniones y asistir a actos del PP en las islas, "en concreto con el PP de Tenerife". "Era la misma colaboración estrecha que venía desempeñando con el PP de Andalucía en esa legislatura". Además, el hoy jefe del Ejecutivo autonómico realizó otros 22 desplazamientos privados pagados con su tarjeta. ha insistido en que "todos eran de trabajo" para mantener reuniones y asistir a actos del PP en la islas.
"La defensa de los intereses de Canarias en la Cámara alta la hace por parte del PP el Grupo Parlamentario Popular, la dirección del grupo parlamentario, y la hacen de manera singular los senadores canarios que en representación del PP hay en la Cámara alta", dijo primero Soria, en cuanto fue preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Otra cosa distinta es, añadió, que "en actos del PP en Canarias hayan participado muchos dirigentes nacionales del PP, entre ellos también Monago", agregó, sin añadir nada más y remitiéndose a las explicaciones dadas por el presidente extremeño esta mañana.
Después se le preguntó a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, si mantenía la confianza en Monago tras sus sucesivos cambios de versión. "Respetamos y aceptamos las explicaciones" del jefe de la Junta extremeña. "Es un presidente de comunidad autónoma que ha dado muhas explicaciones de este asunto, que ha dado la cara y ha ido de frente". La número dos se preguntó cómo no va a respetar el Ejecutivo la presunción de inocencia si lo hace ya en otros casos que están en los tribunales. Una clara referencia a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por quienes se había pronunciado justo antes para lanzar un dardo contra el PSOE: sobre si deberían o no dejar sus escaños en el Congreso y en el Senado si son imputados, "cada uno tendrá que explicar cómo aplica sus propias reglas a sus casos".
La Fiscalía y la "defensa de la legalidad"
La comparecencia se centró igualmente en el 9-N. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere hacer ver que no está presionando a la Fiscalía para que presente una querella contra Artur Mas por haber impulsado la consulta simbólica del pasado domingo. Este viernes, la vicepresidenta se limitó a decir que el Ejecutivo respetará la actuación del Ministerio Público, porque para eso es autónomo en su funcionamiento.
"La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno", bajo las premisas de "unidad de actuación" y "dependencia jerárquica" del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, así como los principios de legalidad e imparcialidad, dijo. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró "desconocer" qué decisión tomará el Ministerio Público. Recordó, eso sí, qué ha hecho el Ejecutivo para parar, sin éxito, la consulta: planteó un recurso contra el primer referéndum, el convocado por decreto, que el Tribunal Constitucional suspendió. Posteriormente, el president de la Generalitat dio vida al llamado "proceso participativo", que el Gobierno impugnó ante el TC y que de nuevo fue suspendido. "Distintos tribunales en el ámbito de Cataluña han venido a reconocer que esta última resolución podría haber sido incumplida". Ya antes, el Ejecutivo había recurrido la declaración de soberanía del Parlament, de enero de 2013, iniciativa que fue respaldada por el TC en una sentencia conocida el pasado marzo.
La vicepresidenta daba estas explicaciones después de que buena parte de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hayan expresado sus dudas acerca de la viabilidad de una querella contra Mas, un criterio contrario a la opinión de Torres-Dulce.
Sáenz de Santamaría sostuvo que es a la Fiscalía a quien le corresponde la "defensa de la legalidad" y el "ejercicio de las acciones" si así lo estima conveniente. "Ese es nuestro sistema. La Fiscalía ejerce la defensa del Estado", mientras que la Abogacía del Estado defiende directamente al Gobierno central. Preguntada si el Ministerio Público está tardando mucho en actuar, la número dos rehuyó el tiro: la Fiscalía, indicó, "tiene sus procedimientos y sus propios mecanismos". "No me corresponde a mí entrar en esa valoración".
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Mas no está gobernando
La vicepresidenta no se privó de lanzar de nuevo un mensaje a Mas, acusándole de dejación de funciones. El Gobierno de Rajoy, defendió, "ha asumido como propios los problemas" de la Generalitat, ante su "imposibilidad de financiarse y de tener cobertura económica suficiente para sufragar los servicios públicos". Y lo ha hecho poniendo en marcha el plan de pago a proveedores y el rescate a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En este tiempo, Mas "ha pedido que se convoque un referéndum para la autodeterminación", que ni el Ejecutivo ni el PP permitirán, insistió.
Santamaría cargó contra el president por vender como un "éxito" lo que a su juicio ha sido un fracaso de participación, ya que no acudieron a las urnas dos de cata tres catalanes. Recordó que la comparación no resiste con la consulta simbólica del Véneto, donde participó el 63%. Por último, denunció que tras la votación del 9-N la división ha crecido. "La fractura siempre genera fractura y en este caso entre los partidos también", recalcó, para invitar "a todo el mundo a la serenidad, a la moderación" y a dedicarse a gobernar Cataluña. "Porque con todas estas cuestiones, la Generalitat lleva dos medias legislaturas sin gobernar para luchar contra la crisis, el paro y el marasmo financiero".
La defensa de los intereses de Canarias en el Senado corre a cargo, "de manera singular", de los senadores del PP canario, según el ministro de Industria y líder de los conservadores en el archipiélago. Podría parecer una obviedad, pero con el caso Monago sobre la mesa, no es así.