"Ese viaje estuvo a punto de costarme la vida, pero en él, encontré una nueva vida. Mi situación no era buena, no tenía nada, no conocía a nadie cuando llegué a Marruecos y además estaba embarazada. No fue nada fácil". Es el relato de Francine, inmigrante de origen camerunés que llegó a Marruecos hace más de tres años. Se trata de una de las miles de mujeres que alcanzan territorio marroquí en busca de una oportunida y tropiezan con el desprecio social y el desamparo político. Un informe presentado por la Comisión Europea (CE), junto a la Fundación Tierra de Hombres, señala que "el número de migrantes de origen subsahariano en situación administrativa irregular en Marruecos varía entre 15.000 y 20.000 personas".
"Marruecos se ha convertido desde finales de los años 90 en un país de tránsito para miles de inmigrantes que sueñan con llegar a Europa", explica el informe presentado este jueves sobre el proyecto Refuerzo de la protección de los derechos de los inmigrantes en un país de Tránsito, Marruecos. Debido a su situación geográfica, este país se ha transformado, por defecto, en un lugar de estancia. "Marruecos ya no es sólo un país de tránsito, sino también de destino", asegura Miguel Puente Pattison, portavoz de la CE. Sin embargo, "el acceso de la población migrante a los derechos fundamentales como la justicia, la salud y la educación es limitado", subrayan desde la ONG. En un vídeo realizado por la organización, varias mujeres de origen subsahariano narran las penurias a las que se han enfrentado en su llegada y estancia a territorio marroquí: racismo, violencia y discriminación.
Ante esta realidad, la Fundación Tierra de Hombres, con el apoyo de la Comisión Europea y la colaboración de organizaciones locales, inició en 2011 el proyecto Tamkine Migrants. "Reducir la vulnerabilidad de las mujeres, niños y niñas migrantes en Marruecos" es el principal objetivo de esta iniciativa, financiada en un 80% por la Unión Europea (UE). La organización no gubernamental y la CE han elaborado una serie de recomendaciones para concienciar a las "instituciones públicas, la sociedad civil, cuerpo académico, así como los padres migrantes y marroquíes" de la necesidad de ayudar a miles de personas en situación irregular. Mejorar "su acceso a los servicios de salud, de educación y de justicia a partir de un enfoque que comprenda acciones directas con los beneficiarios y beneficiarias, y la defensa ante los responsables políticos, el apoyo, la concienciación y la formación para la población afectada", es su razón de ser.
Las políticas migratorias y de asilo son "compartidas entre los estados miembros y las diferentes instituciones", recuerda Pattison, por eso hay cierta "lentitud en la toma de decisiones al respecto". A pesar de que muchos Estados son "reticentes a ceder soberanía", no hay discusión sobre la necesidad de "combatir la inmigración irregular y mejorar la situación de los inmigrantes", asegura el portavoz de la CE. En este sentido, subraya el compromiso de la Unión Europea que, el pasado martes, anunció una ayuda de 10 millones de euros al Estado español para "mejorar la situación en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos", y de sus Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Ceuta, Melilla y Marruecos
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Para Manuel Macía, director de programas de la Fundación Tierra de Hombres, el control de las fronteras es una herramienta para hacer frente a la inmigración irregular, pero no debería ser la única. "Una política de migración real no se puede limitar al control de las fronteras, el número de personas que entran a través de este medio es muy pequeño", subraya. En este sentido, el miembro de la ONG condena "las prácticas que no son conformes a la ley" y que se suceden en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de las dificultades que conlleva la vigilancia de los pasos fronterizos, "España y Marruecos están obligados legalmente, por acuerdos y convenios internacionales, a respetar los derechos de los inmigrantes", añade.
Las irregularidades que se han sucedido en la frontera de Marruecos con España, las llamadas "expulsiones en caliente" y la muerte de más de una decena de inmigrantes que trataron de alcanzar a nado territorio español, llegaron hasta las puertas de la UE. "Desde la Comisión, en su rol de organismo que aconseja y vigila, se apuesta por una gestión de fronteras eficaz y el respeto de todos los valores humanos", apunta el portavoz de la CE respecto a las polémicas surgidas. Cuando la CE pidió explicaciones al Ejecutivo, recuerda Pattison, "recibimos muchas críticas, se puso en cuestión la legitimidad", cuando la implicación del organismo europeo se limitaba a "velar por el respeto de los inmigrantes".
Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas colaboran en el control de las fronteras. "A pesar de las dificultades que surgen en la frontera, no se debería recurrir a la violencia", defiende Macía. Desde la fundación insisten en la importancia de formar a las autoridades marroquíes si se continúa colaborando con ellas. "No es aceptable que llegen autobuses a Rabat con inmigrantes con fracturas abiertas y se les deje en mitad de una plaza", insiste Macía: "Hay que luchar contra la violencia y el rechazo".
"Ese viaje estuvo a punto de costarme la vida, pero en él, encontré una nueva vida. Mi situación no era buena, no tenía nada, no conocía a nadie cuando llegué a Marruecos y además estaba embarazada. No fue nada fácil". Es el relato de Francine, inmigrante de origen camerunés que llegó a Marruecos hace más de tres años. Se trata de una de las miles de mujeres que alcanzan territorio marroquí en busca de una oportunida y tropiezan con el desprecio social y el desamparo político. Un informe presentado por la Comisión Europea (CE), junto a la Fundación Tierra de Hombres, señala que "el número de migrantes de origen subsahariano en situación administrativa irregular en Marruecos varía entre 15.000 y 20.000 personas".