El Bibby Stockholm se aleja, y mucho, de lo que puede considerarse una embarcación al uso. Botada a mediados de los setenta en Holanda, se trata de una barcaza sin motor de más de 10.500 toneladas que se utiliza desde la década de los noventa como una especie de residencia flotante que lo mismo vale para dar alojamiento a trabajadores de plantas gasistas como para agrupar a refugiados. Para esto último se usó durante años en Alemania o Países Bajos. Y ahora se ha convertido en el plan estrella del Gobierno de Reino Unido para alojar a medio millar de solicitantes de asilo en los 222 camarotes que se distribuyen a lo largo de tres pisos.
Se trata de un proyecto ampliamente criticado a nivel político y por parte de los colectivos en defensa de los derechos humanos, quienes no dudan en calificar la barcaza como prisión flotante. Y que, con la ley en la mano, no tendría cabida en España. "Sería absolutamente imposible", expone al otro lado del teléfono José Luis Rodríguez Candela, abogado penalista experto en extranjería. "De partida, no sería posible", resalta también Carlos Escaño, portavoz de Inmigración de Amnistía Internacional, quien recuerda que el acogimiento de estas personas que huyen de su país por riesgo a ser asesinadas o torturadas tiene que ser en "condiciones dignas".
Eso es algo que, para Escaño, no se cumple en la barcaza británica. Al menos, si se atiende a los detalles que sobre el buque han ido trascendiendo en la prensa. Algunos medios británicos señalan, por ejemplo, que cuando la embarcación esté completa los solicitantes tendrán un espacio habitable más reducido que el de una plaza de garaje. Y el Sindicato de Brigadas de Bomberos advirtió en su momento que la barcaza podía ser una "trampa mortal" por la deficiencia de los accesos a las salidas o la aglomeración de personas. "El ruido de las cerraduras y los controles de seguridad me dan la sensación de estar entrando en la prisión de Alcatraz", señalaba hace unas horas un refugiado afgano a la BBC.
El Gobierno que lidera Rishi Sunak trata de vender el barco a los solicitantes de asilo. "Hay muchas instalaciones y servicios para usted en el Bibby Stockholm, incluyendo enfermería, un espacio recreativo, gimnasio, actividades, clases de inglés [...]", puede leerse en algunas cartas recibidas por los migrantes. Y, del mismo modo, ha defendido que es un espacio seguro. Este viernes, sin embargo, decenas de las personas allí alojadas han tenido que ser evacuadas de la barcaza tras hallarse la bacteria de la legionella en el agua.
El Ejecutivo británico también ha intentado dejar claro en todo momento que las personas que sean llevadas al barco, todo hombres, no estarán "detenidas". En teoría, pueden entrar y salir cuando quieran. "Sin embargo, el movimiento dentro y alrededor del puerto deberá cumplir con los requisitos de salud y seguridad", resaltan desde el Gobierno británico. Guardias de seguridad controlan el abandono y el retorno. Y los refugiados deben pasar por un escáner cuando bajen o suban al buque. Para salir y regresar al puerto, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un servicio de autobuses entre determinadas horas. Si alguien no regresa, se le llama para conocer su paradero.
Los expertos consultados también ponen el foco en esta segunda cuestión, la libertad de movimiento, cuando entran a analizar el proyecto Bibby Stockholm y se les pregunta por España. Los solicitantes de asilo, explican, pueden circular sin restricciones por todo el territorio nacional. Sin importar si la petición se formula en las islas, en la península o en las ciudades autónomas. Y eso es algo que ha dejado claro el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. "El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España", recordaba el Alto Tribunal en una sentencia de 2021.
Tanto el abogado como el portavoz de Amnistía recuerdan, de igual forma, que en España los solicitantes de asilo pueden fijar su residencia donde ellos consideren oportuno. "Si tienen, por ejemplo, familia o amigos aquí pueden ir a vivir con ellos", tratan de resumir. Eso sí, tienen obligación de informar a las autoridades sobre su domicilio o cualquier cambio en el mismo. Si se carece de recursos, el Estado cuenta con un sistema de acogida de protección internacional. Funciona a través de centros, ya sean de gestión directa o indirecta, y, aquí sí, es la propia Administración la que asigna una plaza en un sitio u otro en función de la disponibilidad.
A lo largo de esta semana, algunos de los solicitantes que estaban llamados a ingresar en el buque decidieron no presentarse. Y, horas después, recibieron una carta en la que el Ejecutivo les avisaba de que el alojamiento se ofrece sin posibilidad de "elección" y de que si lo rechazaban "sin una explicación razonable" se les retiraría toda ayuda que hasta el momento estuvieran recibiendo. Algo en lo que insistió el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, en declaraciones a la BBC: "Si rechaza el alojamiento que se le proporciona, entonces consideraremos retirar el apoyo y esa persona tendrá que valerse por sí misma".
Una cosa es lo que hay que hacer y otra lo que se hace
Pero una cosa es lo que se supone que se debe hacer con quienes huyen de la persecución o los conflictos armados y otra es lo que se hace. Por supuesto, también en España, donde eso de las "condiciones dignas" ha saltado por los aires en multitud de casos. El campamento que durante tres meses en pandemia estuvo funcionando en el muelle de Arguineguín, donde en los peores momentos llegaron a hacinarse más de 2.500 inmigrantes, puede ser uno de nuestros Bibby Stockholm patrios. Un caso que se llevó a los tribunales. Pero terminó archivado. Para los jueces, aunque las condiciones eran "lamentables", no fueron consecuencia de una actuación voluntaria de las autoridades.
Pero este no es el único que pone sobre la mesa Escaño. Al otro lado del teléfono, recuerda también el hacinamiento en los meses más duros de la pandemia en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se llegaron a concentrar casi millar y medio de personas en un espacio con menos de ochocientas plazas. O la situación que se vivió en la plaza de toros de la misma ciudad en agosto de 2020. "Más de 500 personas se encuentran conviviendo en unas condiciones deplorables", advertía entonces Amnistía, que avisaba de que las camas no podían guardar distancia, que existían solo dos baños para higiene personal y que el agua estaba estancada.
"Tampoco podemos dar mucho ejemplo, venimos de escenas aterradoras", apunta Escaño, quien tampoco se olvida de las "trabas" que, en ocasiones, se ponen en nuestro país a la hora de solicitar protección internacional. En 2022, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior registró 118.442 solicitudes de protección internacional, de las cuales un 68,8% fueron de ciudadanos venezolanos y colombianos. La inmensa mayoría se presentaron en territorio nacional. Y una pequeña parte, menos del 3%, se registraron en los puestos fronterizos o en las embajadas.
Un discurso que se extiende por Europa
La puesta en funcionamiento del Bibby Stockholm forma parte del plan del Ejecutivo británico para frenar la llegada de personas de origen extranjero a través del Canal de la Mancha. Un proyecto que se apoya sobre uno de los pilares clásicos de los discursos antiinmigración: los costes. "Alrededor de 51.000 inmigrantes están siendo alojados actualmente en hoteles, lo que le cuesta al contribuyente más de 6 millones de libras al día", es de las primeras cosas que señala el Gobierno de Sunak en la ficha informativa que ha elaborado sobre la barcaza atracada en el puerto de Portland. La misma idea con la que jugó Vox a través de aquel cartel que comparaba tramposamente la pensión de una anciana con el mantenimiento de los menores extranjeros no acompañados.
"El mensaje público que se está lanzando es el de que no son bienvenidos, un discurso deshumanizador y de rechazo social que tenemos que condenar", sostiene el portavoz de Inmigración de Amnistía Internacional. Una estrategia de "señalamiento" que, resalta, también se produce en nuestro país. En este sentido, pone sobre la mesa un ejemplo reciente: el rechazo del Ejecutivo de Cantabria, en manos del PP, a construir un centro de refugiados de tres centenares de plazas en un antiguo hospital psiquiátrico de Camargo. El argumento: que dicho espacio debe destinarse a la "atención de nuestros mayores".
"Se puede asumir perfectamente tanto una cosa como la otra", recuerda Escaño. E insiste Rodríguez Candela: "Es pura demagogia. No son dos cuestiones incompatibles". El centro cántabro era uno de los diecisiete que el Ministerio de Inclusión y Migraciones tenía previsto abrir utilizando 230 millones de euros de los fondos europeos. Entre las localizaciones, además, se encontraban Logroño o Valladolid, dos ciudades que viraron a la derecha el 28M. La primera ya ha anunciado, al igual que Cantabria, su intención de no continuar con el proyecto. La segunda, gobernada por PP y Vox, ha pedido más información al ministerio. No obstante, los ultras rechazan el centro.
La lucha contra la "inmigración ilegal" es una de las prioridades que conservadores y extrema derecha se han marcado en la mayoría de acuerdos alcanzados. En algunos casos, incluso, recuperando la idea xenófoba de institucionalizar la delación. "La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal", se recoge en el pacto de la Comunitat Valenciana. El balear, por su parte, fija también la necesidad de colaborar de forma "documental" con la policía para identificar a personas "en situación ilegal" para repatriarlas.
"El auge de los discursos de negación de los derechos humanos y del señalamiento de una parte de la población como chivos expiatorios resulta preocupante. Y puede que llegue un momento en el que ya sea demasiado tarde. No obstante, aún estamos a tiempo de pararlos", resalta Escaño.
El Bibby Stockholm se aleja, y mucho, de lo que puede considerarse una embarcación al uso. Botada a mediados de los setenta en Holanda, se trata de una barcaza sin motor de más de 10.500 toneladas que se utiliza desde la década de los noventa como una especie de residencia flotante que lo mismo vale para dar alojamiento a trabajadores de plantas gasistas como para agrupar a refugiados. Para esto último se usó durante años en Alemania o Países Bajos. Y ahora se ha convertido en el plan estrella del Gobierno de Reino Unido para alojar a medio millar de solicitantes de asilo en los 222 camarotes que se distribuyen a lo largo de tres pisos.