Solo veinticuatro horas antes del comienzo de la cumbre de Granada, en la que España está ejerciendo como país anfitrión al ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, los embajadores de los 27 Estados miembros han aprobado por mayoría cualificada —con el voto en contra de Polonia y Hungría y la abstención de Austria, Eslovaquia y Chequia— la última pieza del pacto migratorio Europeo. El reglamento deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y no entrará en vigor hasta 2025 pero ya está levantando ampollas en la izquierda europea.
"Es un pacto racista, hecho a medida de la ultraderecha europea", resume a infoLibre la europarlamentaria Sira Rego, una voz autorizada en el grupo confederal la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) al ejercer como ponente en el grupo de asilo. Si sale adelante, los solicitantes de asilo en situaciones de crisis podrán ser detenidos sin juicio en centros establecidos en las fronteras hasta 40 semanas. Esto, a juicio de Rego, "vulnera los derechos humanos y convierte las fronteras europeas en fronteras custodiadas y militarizadas".
Con este pacto también se permitirán procedimientos de estudio de sus solicitudes mucho más rápidos. Estarán en un limbo jurídico que ahora se legaliza salvo que el Tribunal de Justicia de la UE diga lo contrario: habrán pisado físicamente territorio europeo, pero no tendrán ningún derecho más que el de esperar encerrados a que se procese su solicitud de asilo. "Con este acuerdo se permite el procedimiento acelerado. Es decir, se pone un entramado tan complejo que se hace imposible acreditar el derecho al asilo y se suspenden sus derechos hasta que eso ocurra", sintetiza la portavoz federal de IU.
Un pacto ratificado por el Gobierno de Giorgia Meloni, que se negó aprobarlo la pasada semana en el Consejo de Asuntos de Interior tras los intentos de la presidencia española para atraer a Alemania, que quería más garantías para las las familias de refugiados con niños. Meloni logró su objetivo y suprimió un artículo del acuerdo que decía lo siguiente: "Las operaciones de ayuda humanitaria acordes a los estándares europeos no deben considerarse instrumentalización de migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la Unión o a un estado miembro”.
La alianza entre la derecha y la ultraderecha
El paquete completo, que llega en momentos en que aumentan las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo aunque, para Rego, hay una "falsa sensación de desborde" que no es tal con el tema migratorio, ha sido negociado durante cuatro años. Y a pesar de que tanto la Comisión Europea como la mayor parte de los gobiernos nacionales aseguran que falta mano de obra en el continente, la política migratoria no abre más vías legales mientras promete más deportaciones.
Alemania, que rechazaba dar su visto bueno al acuerdo porque consideraba que se criminalizaba la labor de las ONG que rescatan migrantes y porque veía que se iban a violar derechos humanos básicos de los solicitantes de asilo, finalmente lo acabó aceptando, al igual que otros 20 Estados Miembros. A Para Rego, la presión de la ultraderecha de AfD ha surtido efecto, después del pulso que claramente le echó Meloni al canciller alemán Olaf Scholz, y no tiene ninguna duda de que el Parlamento Europeo lo acabará avalando, con el visto bueno de los socialdemócratas e incluso de los verdes, lo que "preocupa mucho" a la europarlamentaria.
Uno de los compañeros de filas de Rego en Sumar, Ernest Urtasun, pertenece al grupo Verdes/ALE en la Eurocámara y se opone de manera tajante a este acuerdo, pese a la división de posiciones en su grupo. "El acuerdo es muy malo desde nuestro punto de vista, porque suspende derechos de los refugiados que están establecidos en la legislación internacional", sintetiza en declaraciones a este periódico. "No hay ningún mecanismo previsto de reubicación para que haya solidaridad europea en la acogida, lo que hace es agilizar las expulsiones", lamenta.
Ambos lamentan que el pacto migratorio esté marcado por una derecha europea "cada vez más escorada" hacia posiciones conservadoras ante el auge de la extrema derecha y la competición electoral de las elecciones europeas de 2024. "Meloni está haciendo un trabajo extraordinario, porque ha vendido un relato edulcorado", señala Rego, que añade que esa estrategia forma parte de "una alianza nítida" entre la derecha y la extrema derecha. La portavoz federal de IU admite que España "podría haber hecho más" y haber demostrado "su peso específico". "Echo de menos que haya habido un bloque de países que hubieran defendido una posición más integradora".
¿Qué propone la izquierda?
Para Rego y Urtasun radica en la falta de un sistema de acogida compartido. "Lo que nosotros siempre hemos propuesto es un sistema de reubicación obligatorio, es decir, que cuando se produzca una llegada masiva, los refugiados puedan ser inmediatamente reubicados a otros países donde se les puedan tramitar expedientes de asilo con plenas garantías", resume el portavoz de Sumar. Y añade: "Pero claro, de esto Orbán y compañía no quieren ni hablar". Esto, a su modo de ver, perjudica especialmente a los países "de entrada" como España, Italia o Grecia.
Urtasun defiende que lo que tiene que hacer la Unión Europea es habilitar "vías legales de entrada" para que los inmigrantes "puedan aplicar para poder entrar legalmente a la Unión Europea": "No tenemos esa propuesta, que debería haber llegado por parte de la Comisión Europea, lo que provoca que esas vías legales sean inexistentes", zanja.
Rego cree que sería tan sencillo como emular el sistema de acogida implementado con Ucrania. "En ese caso sí que se aplicó una vía alternativa para evitar que la gente muriera, un reparto vinculante y solidario en el que todo el mundo participó", subraya. En ese sentido, la europarlamentaria de IU identifica que el racismo es un elemento clave a la hora de prohibir ese tipo de reparto para personas que vienen, de manera mayoritaria, del continente africano. "Por eso decimos que es un pacto racista que vulnera los derechos humanos", afirma.
Amnistía Internacional advierte del "peligro" del pacto: "Es desproporcionado"
Los 27 acuerdan un Pacto Migratorio Europeo a costa de endurecer las condiciones del asilo
Para Amnistía Internacional, una de las organizaciones que más batalla por la promoción y defensa de los derechos humanos, el acuerdo es "peligroso y desproporcionado". Así lo resumió Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas: "Negar los derechos a quienes solicitan asilo es peligroso, y es una respuesta desproporcionada a situaciones que los países podrían abordar perfectamente aplicando las normas existentes", afirmó. Para Amnistía Internacional esas personas deberían poder solicitar asilo, tener un examen justo de su solicitud y ser recibidas con dignidad.
Sin embargo, la organización cree que con este acuerdo no se mejorarán sus condiciones, sino que se empeorarán: "Se corre el riesgo de que estas personas queden atrapadas, detenidas o sumidas en la miseria a lo largo de las fronteras de Europa", lamentó Geddie. A su modo de ver aceptar la propuesta de regulación de la crisis "vendría a normalizar aún más el uso de disposiciones de excepción en Europa para hacer frente a las llegada" y "debilitaría la coherencia del sistema común de asilo europeo y no evitaría que surjan situaciones de 'crisis' en el futuro".
El pasado mes de junio CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, también mostro su preocupación ante "la peligrosa deriva" en las negociaciones para el pacto: "No entendemos las razones que han llevado al ministro de Interior a calificarlo de éxito rotundo, teniendo en cuenta la situación de nuestro país", afirmó su directora general, Estrella Galán, en referencia al ministro Fernando Grande-Marlaska.
Solo veinticuatro horas antes del comienzo de la cumbre de Granada, en la que España está ejerciendo como país anfitrión al ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, los embajadores de los 27 Estados miembros han aprobado por mayoría cualificada —con el voto en contra de Polonia y Hungría y la abstención de Austria, Eslovaquia y Chequia— la última pieza del pacto migratorio Europeo. El reglamento deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y no entrará en vigor hasta 2025 pero ya está levantando ampollas en la izquierda europea.