Traducir una página de inglés a español ha llevado más de cuatro meses a la justicia española, tal y como confirman los documentos incluidos en el sumario del caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a los que ha tenido acceso infoLibre.
El 22 de diciembre de 2014 las autoridades británicas contestaban en inglés a la petición realizada el 27 de agosto de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) reclamando más información sobre las cuentas utilizadas en el pago de la comunidad del dúplex de lujo, que desde el 19 de diciembre de 2012 es propiedad de González y de su mujer, Lourdes Cavero.
En un folio escrito en inglés los británicos pedían a la jueza Mariana Peregrina que especificara el número de la cuenta sobre la que solicitaba la información y el periodo de tiempo a analizar.
Y el 8 de enero la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Beatriz Diz Bayod, firmaba un escrito dirigido a la jueza en el que reclamaba más información: "Debidamente traducida al inglés, al objeto de remitirla a las autoridades de Reino Unido para que, a la mayor brevedad, puedan continuar con la ejecución de su solicitud". Este escrito tiene como sello de salida el 12 de enero de 2015.
Cuatro meses
Una providencia firmada por la titular del Juzgado, Isabel Conejo Barranco, demuestra que la traducción de la página al español no ha sido enviada a las partes personadas hasta cuatro meses después, el 11 de mayo pasado, tal y como consta en la resolución, que especifica: "Habiéndose recibido la traducción de la comunicación en la que las autoridades inglesas demandan más información para la cumplimentación de la comisión rogatoria que les fue remitida, dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre lo solicitado".
infoLibre se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, en el que un portavoz aseguró que preparar la versión de una rogatoria en el idioma del país al que se cursa es tarea asignada a cada juzgado, que utiliza para ese fin a los traductores al servicio de cada tribunal superior autonómico.
Acción Exterior
A renglón seguido, este diario preguntó al Gobierno andaluz, encargado de poner a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el personal preciso, cuyo portavoz indicó por el contrario que el trámite completo para el envío de las comisiones rogatorias corresponde a la Dirección General de Acción Exterior del Ministerio de Justicia. Una fuente jurídica, ajena al caso, aseguró que las traducciones competen a los tribunales superiores.
infoLibre publicó ya el 22 de febrero pasado el contenido de la contestación de las autoridades británicas, que reclamaban los datos concretos de una de las cuentas utilizadas en las diferentes operaciones del ático de Estepona, ahora propiedad de Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero.
Y para que las autoridades británicas tengan toda la documentación que demandan, el nuevo documento que contenga las explicaciones tendrá que volver a ser traducido al inglés, idioma en el que se remitirá la comisión rogatoria a Reino Unido.
Coast Investors
El ático de Estepona fue adquirido en mayo de 2008 por la empresa Coast Investors, radicada en Delaware (Estados Unidos) por 750.000 euros. El presunto testaferro de nacionalidad mexicana Rudy Valner acordó la operación de forma telefónica, y después de que la mujer de González visitara en dos ocasiones el inmueblevisitara en dos ocasiones el inmueble.
La empresa que adquirió el ático en un primer momento, Coast Investors, permaneció inactiva hasta que los medios de comunicación españoles publicaron la información sobre el dúplex de lujo. González aseguró que alquilaba el inmueble durante todo el año por 2.000 euros al mes, cuando el precio medio en la zona supera los 6.000 euros.
Además, el propietario, es decir Rudy Valner en nombre de Coast Investors, abonaba 1.650 euros cada trimestre por la comunidad de propietarios, cantidad que se ingresaba desde un banco de Londres.
Rogatoria a EEUU
Es precisamente de este banco, el Lloyd's National Bank, del que reclama más información por parte de la jueza Isabel Conejo Barranco en la comisión rogatoria a Reino Unido que ha tardado cuatro meses en traducirse.
Pero la comisión rogatoria a Reino Unido no es la única que está teniendo obstáculos. La reclamada a las autoridades de Estados Unidos, considerada clave para conocer los entresijos del caso del ático, lleva al menos un año y nueve meses sin respuesta.
Consuelo Madrigal
La Fiscalía Anticorrupción reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.
Estas dilaciones en la tramitación de las rogatorias se produce pese a que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, informó en marzo pasado de que había pedido al embajador de Estados Unidos, James Costos, que agilizara la rogatoria a Delaware de la que depende el avance de la investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid.
Grabaciones
Pero la providencia de la jueza Conejo Barranco aporta otros datos a las partes personadas en el caso. Según esta resolución Unión Editorial, la editora del diario El Mundo, presentó un escrito en el Juzgado de Estepona mediante el cual aportaba las grabaciones de la conversación mantenida en un local comercial entre Ignacio González y los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño.
"El Mundo difundió el contenido de una conversación mantenida por Ignacio González y dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía: José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en referencia al alquiler y propiedad del inmueble del primero, sito en Estepona", especifica el escrito remitido por Unión Editorial, que prosigue: "Siendo una conversación grabada por uno de los interlocutores en aquella reunión, la aportamos como documento por si fuera de interés para esta instrucción".
"No quiero que salga"
En esa conversación, González llega a indicar al agente que no quería que la información sobre el ático se difundiera: "No quiero que salga".
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Pero, además, la editora del mencionado rotativo aporta una copia de las informaciones publicadas. Y una de ellas incluye el contenido de una conversación entre el comisario y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también fue grabadagrabada, en la que el empresario, a quien se le atribuye el pago del ático, se ofreció a mediar para que el responsable de la investigación en Marbella, el comisario Agapito Hermes de Dios, no fuera destituido.
En la providencia dirigida a las partes personadas, la jueza da traslado a la Fiscalía de las grabaciones para que informe sobre su contenido: "Sobre la legitimidad de la grabacióngrabacióny, en su caso, diligencias para garantizar el control de la integridad y autenticidad de la misma".
Además, la magistrada da cuenta de que González y su mujer han nombrado a un nuevo abogado tras la renuncia de Adolfo Prego días antes de que se hicieran públicas las grabaciones. En concreto, el letrado Antonio Navas Martínez será el defensor del todavía presidente del PP en la Comunidad de Madrid y de Lourdes Cavero.
Traducir una página de inglés a español ha llevado más de cuatro meses a la justicia española, tal y como confirman los documentos incluidos en el sumario del caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a los que ha tenido acceso infoLibre.