El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reclamó este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticosfundaciones , más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.
Así lo ha expuesto Álvarez de Miranda ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias convocadas por éste órgano para recabar propuestas destinadas a mejorar el actual régimen de financiación de los partidos políticos.
El máximo responsable del fiscalizador ha admitido que uno de los aspectos que más "preocupación" le generan es la "utilización de las fundaciones para la captación de recursos destinados a las formaciones políticas".
Aunque, ha explicado, que "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".
Este agujero, que también ha sido puesto de manifiesto por otros comparecientes, podría atajarse, como ha propuesto también Álvarez de Miranda, aplicando a las fundaciones "los mismos requisitos exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones".
Además, ha puesto de manifiesto que el Tribunal tiene limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones a la regularidad de las aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.
Definir donaciones y aportaciones
También en relación con las fundaciones, Álvarez de Miranda ha reclamado que se defina claramente en la ley "la diferencia entre los conceptos de aportaciones y donaciones", dado que su distinción semántica puede dar lugar a distintas interpretaciones.
Otra de sus propuestas es que se regulen de forma "detallada" las nuevas formas de financiación, en especial "las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos" —que utilizan formaciones como Podemos—, cuya fiscalización, ha dicho, "implica verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución".
"Es preciso tener en cuenta —ha dicho— que dichas formas de financiación novedosas deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo, por su propia naturaleza, de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación".
Respecto a la financiación de las campañas electorales, Álvarez de Miranda es partidario de que todas las donaciones que se realicen en periodo electoral se entiendan que son para financiar ese proceso y también ha pedido medidas para "paliar la falta de correspondencia entre el límite máximos de gastos electoral y el importe de la subvención a percibir".
Medidas coercitivas
La necesidad de adecuar los límites de gasto en publicidad electoral a los nuevos soportes publicitarios que brindan las nuevas tecnologías, así como la evaluación de la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, han sido otras de las sugerencias que Álvarez de la Mesa ha dejado en el Congreso.
Todas estas medidas, según el presidente del Tribunal de Cuentas, deberían ir acompañadas de medios coercitivos para que el fiscalizador pueda exigir la colaboración de otros entes para el cumplimiento de sus funciones, ya sean en materia fiscalizadora o jurisdiccional.
Álvarez de Miranda ha explicado que uno de los problemas con los que se topa el Tribunal es que algunos de los proveedores que contratan con los partidos no les envían información y ha sugerido la posibilidad de que la Agencia Tributaria pudiera facilitarles el volumen anual de operaciones de las empresas que trabajan con partidos para detectar si existen disfunciones.
Control interno de los partidos
También ha reiterado su ya clásica recomendación de que se integre en la contabilidad de los partidos la actividad de los grupos institucionales y ha insistido en que ha de imponerse a todos los partidos un sistema de control interno sometido a auditoria.
Respecto a las elecciones locales, ha avisado de que el límite máximo de gastos para las formaciones pequeñas "puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación" y de que en muchas ocasiones, dicho límite máximo "es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral". A esto se une que si se superan esos topes se puede imponer una sanción que "suele ser desproporcionada".
En un momento de su intervención, Álvarez de Miranda ha puntualizado que "el Tribunal de Cuentas no tiene la naturaleza de un órgano anticorrupción", ni cuenta con las atribuciones y los instrumentos necesarios para actuar como tal, lo que ha provocado sorpresa en algunos grupos parlamentarios.
El compareciente ha subrayado que el fiscalizador está poniendo todo su esfuerzo y voluntad, al máximo nivel, para incrementar el control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su fiscalización y, para ello, ha ampliado sus medios humanos.
Mandatos más largos pero sin reelección
Además, ha asegurado se trata de un órgano que funciona con la "máxima independencia" y profesionalidad y que cuenta con un marco jurídico e institucional que protege esa independencia "frente a cualquier injerencia ajena a la defensa del interés público".
No obstante, ha admitido que existen "posibilidades de mejora en el ámbito de la independencia" y que, en una futura legislación, se podrían ampliar los plazos para el ejercicio de la función de miembro del tribunal, pero imposibilitando ser reelegidos.
Según ha detallado, el Tribunal cuenta actualmente con 750 funcionarios, pero debería tener más para "ponerse al día" y evitar el retraso en sus fiscalizaciones, un asunto que se ha comprometido a arreglar. Además, ha deslizado que el presupuesto de este órgano es inferior al de otros similares de países de nuestro entorno.
Posibles irregularidades en las elecciones locales de 2015
El Tribunal de Cuentas ha iniciado el trámite de petición de información previa —antesala de la posible apertura de un procedimiento sancionador— a 49 formaciones políticas que podrían haber cometido alguna irregularidad en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Álvarez de Miranda precisó además que el tribunal está pendiente de iniciar el mismo trámite con otras 517 formaciones "aquejadas de determinadas circunstancias" que no ha precisado.
Según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en aquellos comicios, la mitad de las formaciones políticas locales sobrepasaron su límite de gasto hasta sumar 600.000 euros de exceso.
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En concreto, un total de 1.057 formaciones locales tuvieron que afrontar esas elecciones con un techo de gasto de menos de 10.000 euros, que es el resultado de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes de los municipios donde hayan presentado lista. Y más de la mitad, un total de 532, acabaron sobrepasando ese tope con un exceso medio de 1.151 euros, lo que supone una infracción sancionable. La mayoría de ellos, 524 partidos, superaron ese límite en más de un 1%.
Tal y como hizo el Tribunal de Cuentas en aquel informe, su presidente ha explicado ante la comisión que el incumplimiento de los límites de gasto electoral por parte de las formaciones pequeñas en las elecciones locales es "generalizado" por lo que hay que revisar la legislación. También ha pedido cambios en las sanciones mínimas que se imponen por esos incumplimientos porque las juzga muy "elevadas".
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reclamó este miércoles en el Congreso una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticosfundaciones , más allá del ámbito de las subvenciones, de manera que se pueda evitar que éstas se utilicen para financiar a los partidos al margen de la ley. También ha pedido que se apliquen a las fundaciones los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.