El bloqueo al que PP, Ciudadanos y el PSOE están sometiendo la tramitación de las proposiciones de ley con las que no están de acuerdo —para evitar que la Cámara complete su tramitación y entren en vigor o para demorar su debate— afecta ya a más de una veintena de iniciativas.
En nueve casos, cuyo origen está en propuestas del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT o el PNV, son más de 30 las ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas, la herramienta parlamentaria con la que unos y otros tratan de prolongar indefinidamente la tramitación para que no dé tiempo a completarla antes de que finalice la legislatura y nunca sean aprobadas.
La aprobación de la moción de censura dio lugar a que, por primera vez desde las primeras elecciones generales, el partido del Gobierno (PSOE) y sus aliados no controlen la Mesa del Congreso, en manos del PP y Cs desde el inicio de la legislatura. Es la Mesa la que decide la ampliación de plazos, siempre que lo pidan al menos dos grupos. Tal y como está organizado en estos momentos el trabajo parlamentario, es posible impulsar o congelar indefinidamente la tramitación de iniciativas aunque estas cuenten a priori con el aval de la mayoría de la Cámara. Y los líderes de la derecha, Pablo Casado y Albert Rivera, han dado instrucciones concretas para prolongar sine die las propuestas con las que están en desacuerdo para impedir que completen su tramitación y entren en vigor.
Sin embargo, a día de hoy la proposición de ley que más demora acumula —la que impulsó el PSOE en julio de 2016 para suspender el calendario de implantación de la Ley Wert— está en esa situación por voluntad del PP pero también de los propios socialistas, que han optado por paralizar su propia iniciativa con el argumento de que el Gobierno ya tiene lista una nueva ley educativa. Primero fue la derecha en solitario y ahora lo es con el apoyo del PSOE: el trámite de enmiendas permanece abierto desde hace casi dos años y acumula la friolera de 71 ampliaciones de plazo de presentación de propuestas de modificación, lo que equivale en la práctica a otros tantos bloqueos en la Mesa del Congreso. En total, 23 meses de parálisis.
En la lista de damnificados por estas prácticas ocupa el segundo lugar la propuesta que Unidos Podemos presentó en septiembre de 2016 para fijar la cuantía del salario mínimo interprofesional en 800 euros en 2018 y 950 en 2019. PP y Cs la mantienen congelada por el procedimiento de ampliar semanalmente el trámite de enmiendas desde finales de 2016: hasta en 70 ocasiones han aplicado el veto en la Mesa del Congreso a pesar de que la iniciativa superó en su día el debate de totalidad en el Pleno.
Esa es, precisamente, la peculiaridad de esta situación, que el PSOE califica de “anomalía democrática”, porque se trata de leyes que cuentan sobre el papel con el respaldo mayoritario de la Cámara para iniciar su tramitación pero que PP y Cs —a veces con la ayuda de los socialistas— bloquean en la Mesa por tacticismo político o con la intención de dejarlas morir con la legislatura sin que nunca puedan completar los procedimientos que en una situación normal las incorporaría al ordenamiento legal.
Entre las proposiciones de ley que más bloqueos acumulan están también tres propuestas del PNV y otra de Unidos Podemos. Las tres primeras pretenden reformar la ley reguladora del Tribunal Constitucional con el fin de suprimir el recurso previsto de inconstitucionalidad de los Estatutos (acumula 67 bloqueos), derogar la cadena perpetua, introducida en el Código Penal por el PP cuando tenía mayoría absoluta y que en España recibe el nombre de prisión permanente revisable (53 bloqueos) y modificar la vigente ley de Secretos Oficiales (42 bloqueos).
La del grupo liderado por Pablo Iglesias es la que pretende derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en estos momentos impide a jueces y fiscales dedicar todo el tiempo necesario a investigar más exhaustivamente los casos complejos de corrupción. Ya suma 53 aplazamientos en el Congreso que, semana tras semana, bloquean su tramitación.
También es de Unidos Podemos la proposición de ley que persigue modificar el Código Penal en defensa del derecho de huelga. Entró en el Congreso en septiembre de 2016 y ha entrado en el limbo de las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas desde junio de 2017. Ya acumula 53.
Una práctica frecuente
La ampliación del trámite de enmiendas es una práctica frecuente en el Congreso. Normalmente tiene que ver con una ley de especial complejidad, que exige a los diputados dedicar más tiempo a afinar las enmiendas que van a presentar. Pero históricamente también se ha utilizado para evitar la tramitación de proyectos que determinados partidos no quieren facilitar. Es lo que pasó, por ejemplo, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero con una proposición de ley de de Izquierda Unida cuyo objetivo era promover un estatuto legal de protección para los periodistas: acabó decayendo después de cuatro años en lo que llegó a acumular 109 aplazamientos sucesivos por parte de PP y PSOE.
Esta táctica de filibusterismo —que es como se llama el obstruccionismo parlamentario desde el siglo XIX—, que en legislaturas anteriores se utilizaba de forma puntual, se ha convertido ahora en una práctica habitual. Con el argumento de que necesitan tiempo para preparar las enmiendas, los partidos modulan la rapidez de tramitación de las iniciativas. Ciudadanos, por ejemplo, se queja de que el PSOE no permite avanzar en ponencia en su proposición de ley reguladora de la muerte digna y los socialistas reprochan a los de Albert Rivera que les impidan tramitar la suya sobre la eutanasia y, al mismo tiempo, paralizan la que, sobre este mismo asunto, remitió en su día a la Cámara baja el Parlament de Cataluña.
La lista de proposiciones de ley que más retraso acumulan se completa con una propuesta del PDeCAT para declarar la nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias, que sigue en el cajón de la Mesa del Congreso desde diciembre de 2017 (ya ha sido bloqueada en 35 ocasiones) y una proposición de Unidos Podemos para modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos con cuentas saneadas (32 veces bloqueada).
Otras proposiciones de ley bloqueadas en la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor (PP) acumulan menos ampliaciones de enmiendas pero sólo porque hace menos tiempo que han superado el debate de totalidad que les da entrada a la tramitación en la Cámara alta. Entre ellas destaca la que presentó el PSOE en agosto con el objetivo de reformar la ley de estabilidad y poner fin a la capacidad del Senado para vetar la fijación de los objetivos trianuales de déficit, deuda y gasto. De momento, acumula apenas cinco ampliaciones de plazo de enmiendas, pero PP y Ciudadanos ya han dejado meridianamente claro que, mientras tengan a su disposición mecanismos para hacerlo, seguirán enterrando esta iniciativa, clave para que el Gobierno pueda aumentar el gasto con el que pretendía financiar sus políticas sociales el año que viene.
La presidenta del Congreso emplaza a los partidos para que pacten el martes una salida al bloqueo de RTVE
Hace apenas tres semanas el PSOE defendió en el Congreso una reforma del reglamento del Congreso para poner fin a estas prácticas, pero todo apunta a que esta iniciativa irá a parar a a su vez al cajón de los proyectos sometidos a prórrogas indefinidas.
En la lista de iniciativas congeladas figuran también varias propuestas del PSOE (para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación o la de regulación de la eutanasia, entre otras) y de Unidos Podemos (emergencia habitacional en familias vulnerables, cuidado de menores, protección del desempleo o libertad de expresión), del PNV (para poner fin al vacío legal que permite a los gobiernos en funciones no ser controlados por el Congreso). Esta última es una de las que los socialistas están enterrando, oficialmente con el argumento de que quieren esperar a ver qué decide al respecto el Tribunal Constitucional.
No faltan en la lista varias propuestas del PP que mantienen abierto el plazo de enmiendas. Son iniciativas sobre el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones (acumula ocho ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas), de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (17 aplazamientos) o de modificación del Código Penal en los ámbitos financiero y de terrorismo (diez aplazamientos).
El bloqueo al que PP, Ciudadanos y el PSOE están sometiendo la tramitación de las proposiciones de ley con las que no están de acuerdo —para evitar que la Cámara complete su tramitación y entren en vigor o para demorar su debate— afecta ya a más de una veintena de iniciativas.