Ocho y cuatro años. Es la edad de los dos huérfanos que ha dejado el asesinato machista cometido este domingo –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer– en Monzón (Huesca). La víctima tenía dos hijos en común con su expareja, el hombre que acabó con su vida. Este lunes, el Gobierno de Aragón ha anunciado, tal y como ha podido confirmar infoLibre, que asumirá la tutela de los dos menores de forma temporal.
La asunción provisional de su protección por parte de la comunidad es el primer paso, observa Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. "La primera medida es que las administraciones públicas y los servicios de protección al menor se hagan cargo". En este caso, interpreta, lo más probable es que los menores se encuentren en una situación de desamparo, que "se define por la inexistencia de personas con relación familiar que se hagan cargo de ellos de forma inmediata". En este sentido, "cuando se trata de familia que tiene arraigo en el país, normalmente esa situación de desamparo no se produce". En todo caso, lo fundamental es el acompañamiento de los menores, subraya Soleto.
Desde el año 2013, momento en que se decidió iniciar el recuento, un total de 228 menores han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia machista, 37 en lo que va de año. Hace ahora tres años, la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia incluyó a los hijos de las mujeres que sufren malos tratos como víctimas directas de la violencia de género. "Es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género", reza la norma. "Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas", esencialmente "condicionando su bienestar y su desarrollo".
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, explica en conversación con infoLibre el avance que supuso la ley de 2015. "Los primeros estudios que se hicieron en los ochenta hablaban de la exposición de los menores a la violencia, siempre se ha contemplado su impacto", señala. No obstante, en aquel primer momento se trataba, fundamentalmente, de "diferenciar entre la violencia de género y la violencia doméstica, por eso no se recogía explícitamente a los menores, porque podía generar confusión". Aquella cautela, continúa Lorente, influyó para que no se aludiera a los niños de forma expresa.
A la hora de tomar decisiones desde un punto de vista jurídico, es más sencillo que los jueces adopten medidas "si la ley dice específicamente que un menor es víctima", en lugar de dejarlo en manos de la interpretación de los profesionales. "Al final en estos temas las interpretaciones suelen ser conservadoras", de manera que sí, "eso era un problema, aunque un problema relativo, que ahora se ha resuelto".
"Una corriente de aire frío"
Bárbara Zorrilla, psicóloga especialista en violencia de género, explica las secuelas que la violencia machista deja sobre los menores que la sufren en sus hogares. "Son víctimas desde el nacimiento", señala, e incluso si la mujer sufre maltrato continuado desde la gestación, los efectos en el feto pueden ir desde "nacimientos prematuros o enfermedades, hasta trastornos en el apego". Los niños, observa la psicóloga, tienden a imitar figuras de apego y por tanto, en los casos de violencia machista, a relacionarse mediante "pautas de dominación o de sumisión".
Por otro lado, los menores "también son víctimas porque viven con miedo, con vergüenza, les obligan a mantener un secreto" y eso "les impide expresar sus emociones, que al final se pueden enquistar". El resultado se expresa o bien "en niños muy retraídos, con dificultades en sus relaciones personales" o bien al contrario, "en niños muy agresivos que en sus grupos de iguales sacan la rabia acumulada". El denominador común, explica Zorrilla, es que todos ellos son "niños que se sienten muy culpables". El motivo es que, los menores, en función de su periodo evolutivo, "son muy egocéntricos, creen que el mundo gira a su alrededor", de manera que "si el padre pega a su madre, el niño puede pensar que la razón es que él ha roto un jarrón o sacado malas notas". En estas situaciones ocurre además que "la madre no puede ayudarle porque se encuentra inmersa en ese mismo círculo".
Toda la base construida durante los episodios de maltrato tiene en ocasiones como colofón el asesinato de la madre, lo que provoca al menor "un daño irreparable". Al final, subraya Zorrilla, "pierde no sólo a su madre, sino que su padre, quien supuestamente le debe proteger y cuidar, es quien les hace daño y también desaparece". Se entralazan, en este escenario, "el desamparo y la pérdida".
Para Lorente, "falta seguir generando conciencia sobre esta violencia, que se caracteriza por la continuidad en el tiempo, por el control, el dominio, el sometimiento y un clima de amenaza". Esa atmósfera, relata, "genera un impacto en la víctima, pero también en los menores que viven ese contexto". Se trata de una conmoción general y que permanece en el tiempo, "no hay niños que sufren y otros que no". Algo así como "una corriente de aire frío que irrumpe en casa cada vez que el padre entra por la puerta", estima el experto, poniendo como ejemplo el testimonio concreto de una víctima.
El número de menores en esta situación, agrega el exdelegado, "es muy importante: según la macroencuesta de 2011, son 840.000 niños los que viven en hogares donde el padre maltrata a la madre". Es decir, a falta de una actualización, existe "un porcentaje elevado de niños viviendo en hogares donde la violencia se normaliza". La traducción, reitera, es que "en el futuro habrá muchos niños normalizando la violencia para ejercerla y otros para sufrirla".
"Un maltratador nunca es un buen padre"
Es en este punto donde las instituciones cobran un papel crucial. "Es indudable que ha habido muchos avances legislativos", estima Zorrilla, "sobre todo desde la ley 8/2015, pero todavía queda mucho camino por recorrer". Lorente dibuja los pasos que a su juicio resultan esenciales a la hora de emprender ese camino. Lo primero es prevenirla, dice, y para ello es fundamental romper con mitos como la idea de aguantar en una relación, aunque esté marcada por los malos tratos, por el bienestar de los hijos. "Hay que trabajar mucho en el tema de la detección, a través de la pediatría o el colegio, algo que necesita ser abordado por profesionales", agrega.
El siguiente escalón tiene que ver con la atención. "Al principio de forma sintomática, cuando un niño tiene problemas en el colegio, por ejemplo, hay que trabajar en esa situación para ver si entre las causas hay o no violencia de género, sin necesidad de que exista denuncia". A partir de ahí, "hay que poner distancia entre el niño y el maltratador", no sólo porque exista "riesgo de matarlo", sino también como herramienta clave para "la recuperación del niño". Que el menor "sea capaz de cuestionar la conducta del padre requiere distanciamiento, para evitar que sea utilizado". Eso, junto a la interposición de medidas específicas, "funciona para que el niño recupere su vida y cuestione la realidad violenta". Se trata de aplicar, en esencia, "la idea de que un maltratador siempre es un mal padre".
Zorrilla, por su parte, resume esos pasos que todavía no se han dado señalando directamente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre sus 214 medidas, 22 de ellas son relativas a los menores. "Lo que hay que hacer es implementar esas medidas", porque a día de hoy estamos ante "un pacto de intenciones, y no ante una realidad legislativa y mucho menos económica". En este sentido, Zorrilla apela a la ausencia de "profesionales especializados en violencia de género y en infantil" capaces de prestar ayuda "no sólo a los menores, sino también a los familiares que se hacen cargo, que muchas veces no pueden acompañar a los niños en el periodo de duelo". Al final, relata, lo que necesitan los huérfanos es "cercanía emocional y física, tanto de los familiares, como de su entorno, de la sociedad y de las instituciones". Es decir, concluye, "apoyo real, protección real".
El cuarto eje del acuerdo suscrito en septiembre del pasado año llama a "intensificar la asistencia y protección de menores". Entre las propuestas que pone sobre la mesa se encuentra la prohibición de las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género o reforzar el apoyo y la asistencia a los menores hijos de víctimas mortales de la violencia.
El Informe Sombra, sobre la aplicación del Convenio de Estambul en España, suscrito por más de dos centenares de organizaciones feministas, pone en el centro la situación de los menores. De esta manera, las organizaciones piden revisar el sistema VioGen "que ahora en el 90% de los casos estima nulo o bajo el riesgo y no incluye a los niños y niñas". Creen fundamental, asimismo, trabajar sobre la situación de los migrantes y "adecuar la normativa de extranjería a la de violencia de género, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, discriminados en la violencia de género".
Pensiones de orfandad y atención psicológica
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Que todavía quede camino por recorrer no significa que no exista una ruta fijada. En lo que va de año, se han tomado decisiones clave en la protección de los menores. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó a mediados de noviembre por unanimidad el dictamen sobre la proposición de ley que plantea mejorar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género. La propuesta acuerda una prestación mínima sin tener en cuenta la cotización de la madre, con efectos retroactivos al año 2004. Se trata de una medida que no afecta sólo "a los hijos de las mujeres asesinadas y que ya se ha aprobado en tres comunidades autónomas", relata Marisa Soleto. Son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Balears. "Parece que ese reconocimiento de menores como víctimas de violencia de género se va sustanciando", reflexiona la experta, quien recalca que "la violencia de género requiere que se tomen medidas que realmente protejan y beneficien a los menores".
Otra de las medidas más llamativas que ha sacado adelante el Gobierno desde su llegada a Moncloa tiene que ver con el real decreto ley aprobado en agosto, por el que se evita la autorización del maltratador para que los hijos de las víctimas reciban atención psicológica. Finalmente, el decreto ley fue tramitado en septiembre como proposición de ley para poder incluir enmiendas, entre las cuales se proponen cuestiones como prohibir que los menores puedan visitar al agresor a la cárcel.
La medida relativa al acceso a tratamiento psicológico, contemplada en el Pacto de Estado, está en "proceso de convalidación" y afecta directamente al Código Civil, concretamente a su artículo 156, que regula la patria potestad de los progenitores. "Estamos estudiando a ver en qué puede quedar, hay que esperar unos meses para ver qué efectos produce", sopesa Marisa Soleto. De momento, añade, se trata "de una medida muy necesaria" y de hecho existen "muchas profesionales que están siendo denunciadas por los maltratadores por facilitar atención psicológica a los menores". En todo caso, reflexiona Soleto, la medida es aplicable "solamente cuando exista una sentencia firme y el ritmo de la justicia es lento". De esta manera, repara, "entre que se produce la denuncia y el caso alcanza una sentencia pueden pasar varios años, tiempo que en la vida de un menor es mucho tiempo".
Ocho y cuatro años. Es la edad de los dos huérfanos que ha dejado el asesinato machista cometido este domingo –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer– en Monzón (Huesca). La víctima tenía dos hijos en común con su expareja, el hombre que acabó con su vida. Este lunes, el Gobierno de Aragón ha anunciado, tal y como ha podido confirmar infoLibre, que asumirá la tutela de los dos menores de forma temporal.