Nuria Lage es propietaria del restaurante El Forn de Gósol, un pequeño municipio leridano de poco más de 200 habitantes. Cuando llegó, hace veinte años, el pueblo contaba con varias entidades bancarias pero, con el tiempo, fueron desapareciendo. Ahora, si necesita cambio para cobrar o quiere hacer algún trámite, tiene que desplazarse casi 30 kilómetros hasta el cajero más cercano. Un trayecto de media hora que no todos los vecinos se pueden permitir.
Mientras la banca española vuelve a pulverizar todos los récords y cierra el año 2023 con más de 26.000 millones de euros de beneficios, la mayor cifra de su historia, hay quienes aún tienen que recorrer largas distancias para poder disponer de sus ahorros, cobrar la pensión o retirar efectivo. Y las cifras no son anecdóticas. En Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de los municipios ―503―, no cuentan con oficina bancaria, lo que afecta a unas 300.000 personas. Las sucursales han pasado de 2.194 en 2008 a las poco más de 8.100 en 2022. En el conjunto del Estado, la tendencia es la misma. Según la Asociación de Usuarios Financieros, han cerrado el 60% de las oficinas del país y han pasado de 45.662 en 2008 a 17.537 en 2023.
Precisamente para combatir esta exclusión financiera, el Congreso de los Diputados comenzó hace unos días a tramitar una proposición de ley impulsada por el Parlament que pretende obligar a los bancos a garantizar que todos los municipios cuenten al menos con un cajero. Un primer paso que ha sido celebrado por vecinos que, como Lage, tienen que hacer peripecias para encontrar un banco.
Fiar dinero para no perder clientes
“Es una situación compleja. Mucha gente paga con tarjeta, pero a veces se va la luz o no funciona internet y no podemos usar el TPV ―el datáfono―. Tenemos que fiarnos de que los clientes, al llegar a casa, nos hagan una transferencia. Por suerte no ha pasado nunca nada malo, pero nos arriesgamos a no cobrar por el trabajo que hacemos”, explica Lage a infoLibre. En su caso, dispone de vehículo para acercarse a Guardiola de Berguedà, donde está la oficina más cercana, pero la mayoría de quienes viven en Gósol no tienen la misma suerte. “El problema es la gente mayor. Aquí el porcentaje de población envejecida y sin movilidad es muy alto y hay muchas personas que viven solas y tienen que depender de un vecino o de alguien que les ayude”, denuncia.
En Cal Rosal (Barcelona) viven una situación similar. A pesar de contar con decenas de negocios y ser destino de paso de miles de personas que viajan hacia la Cerdanya y Andorra, no hay ni un solo lugar donde se pueda sacar dinero. “A menudo nos encontramos con gente que deja la compra aquí porque no tiene efectivo. Esto es un pueblo rural y a veces la cobertura falla y no funciona el TPV”, lamenta Alba Bonet desde el obrador de chocolate NaturCadi. A los vecinos de siempre a veces les fían el producto, pero no pueden hacer lo mismo con los clientes que no conocen. “Muchas personas mayores no nos pueden pagar hasta que llegan sus hijos o tienen que esperar a la semana siguiente para coger el autobús hacia Gironella o Berga donde van a hacer más recados”, añade.
El otro gran problema para estos negocios es disponer de cambio. “Nos vemos obligados a ir de una tienda a la otra buscando efectivo. Nosotros vamos al bar, donde tienen más monedas, y los del bar vienen a por billetes cuando necesitan. Nos vamos organizando, pero no nos podemos escapar a media mañana si nos quedamos sin”, asegura Bonet a este diario.
En la carnicería Ca l’Àngel de Peramola, en Lleida, Maria Capdevila va incluso un paso más allá. “Yo misma he tenido que prestar dinero a gente del pueblo que no podía sacar”, asevera. Aquí no hay transporte público y quien necesita un banco con urgencia y no tiene carnet de conducir se ve obligado a pagar un taxi para acercarse hasta Oliana, a cinco kilómetros. “Para mí no es un gran inconveniente porque tengo coche, pero para la gente mayor es un problema muy grande. Y a los que tienen que pedirte el favor les sabe muy mal”, opina.
Oficinas itinerantes
A su juicio, una de las soluciones, al menos a corto plazo, podría ser la que quiere implementar el Govern. Se trata de una red de oficinas bancarias móviles que prestarán servicio al menos dos veces al mes en los municipios que no cuentan con alternativa. Permanecerán un mínimo de media hora en los pueblos de hasta 250 habitantes y al menos una hora en los más poblados. De hecho, el ejecutivo catalán ya ha dado luz verde a la licitación del proyecto y, si no hay sorpresas, se adjudicará en las próximas semanas a CaixaBank en toda Cataluña y también a Caixa d’Enginyers en algunas comarcas. El objetivo es que estos bancos itinerantes entren en funcionamiento a finales de 2024.
Sin embargo, este servicio no llegará a todos los pueblos que lo necesitan. Es el caso de Torrebesses (Lleida), donde se produce una situación insólita. Tienen sucursal bancaria, pero solo abre una vez al mes y no permite retirar efectivo. “Es una oficina que cerró durante la pandemia y no la han vuelto a abrir hasta hace dos meses, pero solo se pueden hacer gestiones y trámites. Hasta ahora venía un trabajador cada quince días, pero el miércoles me dijeron que sólo vendrá una vez al mes”, explica el alcalde, Mario Urrea antes de agregar que eso “no les sirve” porque los vecinos, especialmente los mayores, “no quieren pedir un crédito o abrirse una póliza, sino sacar dinero”.
Los cajeros automáticos más cercanos son los de Meials o Granadella, a unos 12 km, pero como a veces se quedan sin efectivo o están fuera de servicio, la mayoría de habitantes de Torrebesses acostumbra a acudir a la capital leridana. El problema, subraya, es que sin coche apenas hay una opción: coger el autobús temprano por la mañana y regresar a mediodía.
“Es una injusticia. Nos obligan a trabajar con entidades bancarias, porque yo no puedo cobrar el sueldo o la pensión si no la tengo domiciliada, ni presentar la declaración de la renta, y en cambio, a las entidades no se las obliga a prestar el servicio que deberían”, reclama Urrea. El agravio, en Torrebesses, es doble. “Aquí tenemos cedido un local del ayuntamiento al banco y pagan sólo 60 euros de alquiler al mes. ¡720 euros al año y tienen disponibilidad las 24 horas del día! Y no pagan ni luz, ni calefacción ni agua…”, exclama.
Servicios para combatir la despoblación Desde la asociación Micropobles, que representa a los municipios catalanes con poca densidad de población, tienen claro el diagnóstico: “La falta de oficinas es un elemento más de dejadez de la vida en el campo”, sintetiza su presidente, Joan Solà. “Tener banco es un servicio básico. No es normal que una persona, para sacar dinero, tenga que recorrer muchos kilómetros, especialmente en puntos donde no hay transporte público. De la misma forma que no se entendería que el barrio de una gran ciudad no tuviera cajeros, no debería normalizarse en un pueblo de 300 habitantes”, sostiene. Por eso, celebra que el Congreso haya empezado a hacer avances para implementar sucursales bancarias en todos los municipios, aunque se muestra cauteloso con el impacto de esta medida: “Es un paso adelante de una reivindicación histórica, pero veremos cómo se aplica”.
Solà espera que esta proposición de ley sirva de “sacudida” para que cada vez haya más servicios en el mundo rural, una cuestión que pide abordar de manera “global” para revertir la despoblación: “O se actúa de forma contundente o el porcentaje de gente que vive en el mundo rural irá disminuyendo cada vez más”, vaticina.
Nuria Lage es propietaria del restaurante El Forn de Gósol, un pequeño municipio leridano de poco más de 200 habitantes. Cuando llegó, hace veinte años, el pueblo contaba con varias entidades bancarias pero, con el tiempo, fueron desapareciendo. Ahora, si necesita cambio para cobrar o quiere hacer algún trámite, tiene que desplazarse casi 30 kilómetros hasta el cajero más cercano. Un trayecto de media hora que no todos los vecinos se pueden permitir.