Que se libre del "fantasma" de Franco. Ese ha sido el mensaje del Partido Popular a la oposición tras haber rechazado, casi en solitario, la proposición de ley de Izquierda Plural para declarar el 18 de julio día oficial de condena a la dictadura franquista.
Pero el "fantasma" ha estado presente a lo largo de las últimas semanas. El 17 de mayo se conoció a través del BOE la decisión del Gobierno de gastar 286.845 euros de dinero público en la restauración de la portada de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional es la entidad titular del lugar, donde permanecen sin identificar los restos óseos de decenas de miles de represaliados, depositados entre 1959 y 1983. Hay registrados 33.847 columbarios, cada uno de los cuales contiene restos correspondientes, por lo general, a entre uno y catorce individuos.
"El PP es heredero ideológico del golpe de Estado de 1936 y de quienes gobernaron el país durante 40, y quiere recuperar el Valle como lugar de peregrinación de todos los fascismos europeos", asegura José María Pedreño, presidente de la federación estatal de foros por la memoria. "Cada paso que den para arreglarlo es una losa más sobre los miles de republicanos que están allí, a cuyos familiares se les niega el derecho a recuperar los restos. El Valle de los Caídos no es un monumento a la reconciliación nacional como a veces se quiere vender, es un mausoleo a un dictador", añade Marco González, vicepresidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARHM).
No es el Valle de los Caídos el único vestigio de la dictadura. En muchos municipios de España aún quedan calles y plazas con nombres relacionados con el franquismo, a pesar de que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 insta en su artículo 15 "a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada de objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Sin embargo, el texto legal no establece sanciones concretas para los alcaldes que incumplan la norma, algo "problemático" a juicio de González: "Todo queda en una recomendación", señala. "La ley se incumple y no pasa nada", insiste Pedreño.
Uno de los últimos casos relacionados con los topónimos franquistas es el de Pelayos de la Presa (Madrid), un municipio de apenas 2.500 habitantes en el que perviven la calle José Antonio y la Plaza del Generalísimo, que fue remodelada y reinaugurada en 2011 con la presencia del entonces director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen, sin que este hiciera mención alguna durante el acto al nombre del lugar. Tras la reiterada negativa del alcalde, Herminio Cercas Hernández (PP) a eliminar los vestigios franquistas, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también del PP, incluyó al Ayuntamiento de la localidad en su listado de "administraciones no colaboradoras o entorpecedoras", y recientemente recordó al regidor el deber que establece "imperativamente" la Ley de Memoria Histórica.
Homenajes y silencios
El reconocimiento público a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista también ha sido objeto de controversia. Ningún representante del Gobierno estuvo presente en el homenaje a los prisioneros españoles en los campos nazis celebrado el pasado domingo 5 de mayo en Mauthausen (Austria) con motivo del 68 aniversario de la liberación del campo de concentración. "Miles de españoles murieron allí y el Gobierno nunca se ha preocupado de eso, en un intento de desligar el franquismo del nazismo", dice Pedreño. Los integrantes del Gobierno también obviaron un acto más cercano, convocado por la federación estatal de foros por la memoria en Madrid por el mismo motivo.
Sin embargo, el Ejecutivo sí participó en un homenaje a los excombatientes franquistas que integraron la División Azul y prestaron su apoyo a Hitler durante la segunda Guerra Mundial. La delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, entregó un diploma a la representación de la unidad de militares durante el aniversario de la Guardia Civil el pasado 11 de mayo. Además, esta misma organización, cuyo objetivo es recordar y homenajear "a los que perdieron sus vidas, defendiendo sus ideales y su fe encuadrados en la División Azul", ha recibido subvenciones públicas de forma ininterrumpida desde el año 2000 por valor total de 77.390 euros
Marco González contrapone la ausencia de representantes del Gobierno en el homenaje a los republicanos muertos y la participación de Llanos de Luna en un acto de reconocimiento a la Hermandad nacional de la División Azul, y concluye: "Para que nuestros gobernantes estén donde están ahora, las víctimas tuvieron que derramar su sangre. Ya me gustaría que las familias de estos héroes de la democracia estuvieran arropados por una personalidad estatal cada vez que exhumamos restos de republicanos civiles. Es el doble rasero que tenemos en España".
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La actitud del Gobierno influye más allá de las fronteras españolas. En la primera semana de mayo, el Partido Popular europeo vetó una exposición sobre las fosas comunes y las labores de exhumación. El motivo oficial fue que las imágenes podrían ser polémicas por ser demasiado "impactantes", algo que sorprendió a la ARMH, cuyo vicepresidente, Marco González, señala: "En el Parlamento europeo ha habido exposiciones sobre víctimas del holocausto o de ETA, y no ha pasado nada". Finalmente, la exposición tuvo que trasladarse a una sala privada, donde permanecerá hasta el mes de junio.
Una cuestión del presente
Tras el rechazo del PP, UPN y Foro Asturias a la proposición de Izquierda Plural, y la abstención de UPyD, José María Pedreño ha afirmado: "La memoria histórica es una cuestión del presente, pero no quieren aceptar que se dio un golpe de Estado con la colaboración de la Iglesia, la derecha, la oligarquía económica... A los grupos que han votado en contra y a UPyD no les interesa esa memoria, porque si condenan lo ocurrido se condenan a sí mismos". "Las víctimas del franquismo deberían ser recordadas todos los días mientras quede una sola en las cunetas. Quien no condena la violencia franquista debería hacérselo mirar", ha añadido Marco González.
Que se libre del "fantasma" de Franco. Ese ha sido el mensaje del Partido Popular a la oposición tras haber rechazado, casi en solitario, la proposición de ley de Izquierda Plural para declarar el 18 de julio día oficial de condena a la dictadura franquista.