El laberinto catalán ante el 12M

Las elecciones a la Generalitat de Catalunya del 12 de mayo marcan probablemente la fecha de más relevancia en la política nacional dentro del ciclo electoral que comenzó el pasado 18 de febrero con las elecciones a la Xunta de Galicia, que continuó con los comicios autonómicos en el País Vasco y se cerrará con las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio.

Con el trasfondo de la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y una ley de amnistía que tanto facilitó su investidura como el resurgimiento de Carles Puigdemont en condición de candidato a presidir la Generalitat, las elecciones al Parlament suponen un punto de inflexión para comprobar el estado de los partidos nacionalistas en Cataluña, en un momento en el que las expectativas electorales del independentismo parecen atravesar sus menores tasas de apoyo tras el fracaso del procés entre 2012 y 2017. 

El PSC, liderado por Salvador Illa, parte como favorito en la mayoría de las encuestas. Los socialistas, aunque empataron en escaños con ERC, fueron la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas de 2021, repitieron su éxito en las municipales de mayo de 2023, y su gran resultado en Catalunya en el 23J fue condición de posibilidad para que Pedro Sánchez continuase al frente del ejecutivo en clave nacional. Sin embargo, el probable resultado del PSC como fuerza más votada no asegura la investidura de Illa como nuevo president. Conocedor de esta situación, el líder de los socialistas catalanes ya ha anunciado que está abierto al pacto con todas las fuerzas políticas a excepción de la ultraderecha, puesto que el PSC tendría que añadir al presumible apoyo de los Comunes el voto favorable de Esquerra Republicana o un improbable pacto con Puigdemont. Aún menos probable debido a la volatilidad electoral en clave regional, y un consenso impensable a nivel nacional, sería repetir la fórmula Collboni, por la que Illa se convertiría en president con los votos a favor del Partido Popular y de los Comunes. Sin embargo, esta posibilidad no parece factible, puesto que sería necesario un descalabro de ERC y Junts y un crecimiento sin precedentes de socialistas y populares.

La alternativa al PSC pasa por un gobierno de los tres partidos independentistas. Las encuestas establecen una lucha abierta entre Junts y Esquerra por ser la segunda fuerza y liderar el bloque independentista, a lo que tendrían que añadir el apoyo de la CUP y un eventual acuerdo con Aliança Catalana en caso de que logren conseguir representación. El desgaste de los cuatro años de gobierno en los que ha tenido que lidiar con la salida de Junts y los pactos con el PSC han limitado las posibilidades electorales de Esquerra, que es probable que sea la fuerza más castigada dentro del bloque independentista. Además, la aparición de Puigdemont ha reducido la capacidad de Aragonès para recuperar la iniciativa en torno a un hipotético referéndum, condicionando la movilización entre los votantes más independentistas.

En consecuencia, la primera incógnita que se desprende de los múltiples escenarios que resulten del 12 de mayo es qué hará Esquerra Republicana ante la imposibilidad de conciliar el mantenimiento de las aspiraciones secesionistas con la profundización en la agenda social. Por un lado, Aragonès intentará explorar todas las vías para formar Govern si consigue mejorar el resultado de Junts. Pero, por otro lado, tanto si Esquerra es superada por la formación de Carles Puigdemont, como si el bloque independentista no consigue agrupar los apoyos necesarios para presidir la Generalitat, se abre un laberinto que encierra dilemas y contradicciones en torno al aún president y su grupo parlamentario. 

Una derrota del independentismo en general, y de Junts en particular, como la que representaría la formación de un Govern que no encabece Puigdemont, podría trasladar las políticas de bloqueo y enfrentamiento, de las que es partidaria la facción más beligerante de Junts, a la arena nacional

En caso de que el resultado de las urnas se traduzca en una configuración de un Parlament muy ajustado, Esquerra tendrá que decidir entre apoyar un mismo Govern que la ultraderechista Aliança Catalana, o bien formar un tripartito como el del año 2003 liderado por el PSC y apoyado por los Comunes, una vinculación que implicaría reconocer la posición de subalternidad de Catalunya respecto al Estado, cediendo la hegemonía a Junts en todo el espacio independentista. 

La segunda incógnita es la que rodea la vuelta de Carles Puigdemont como candidato de Junts. Sin duda, la reaparición del líder independentista es un factor de movilización para partidarios y detractores, que ha acaparado aún más relevancia si cabe, al anunciar que dejará la primera línea política si no es elegido president el próximo domingo. Al igual que Aragonés, Puigdemont intentará presidir Catalunya si consigue liderar el bloque independentista, aunque sea con el apoyo de la ultraderecha de Aliança Catalana si finalmente logra obtener representación. Sin embargo, si los resultados no son favorables para el espacio posconvergente y se produce la sucesión de Puigdemont al frente del partido, Junts tendrá que resolver la encrucijada en la que lleva inmerso más de una década en torno a su naturaleza política y a la relación con el Estado. 

La antigua Convergencia transformada en lo que es Junts acumuló éxitos electorales en torno a dos pilares: la administración autonómica, que se convirtió en influencia estatal en el último gobierno de Felipe González y en el primero de José María Aznar, y la figura de líderes carismáticos. La transformación en un partido independentista agrupó dentro de la formación a dirigentes educados políticamente en la época de Jordi Pujol o Artur Mas, con un conjunto de nuevos miembros atraídos por la propuesta secesionista y la movilización política y social. Por tanto, el posible cambio de liderazgo en el espacio posconvergente es un elemento clave no solo por sus eventuales consecuencias para Catalunya, sino para la estabilidad de la política nacional marcada por la fragmentación del Congreso de los Diputados en dos bloques muy definidos. Mientras las figuras de la antigua Convergencia fueron beneficiarias de diferentes medidas mediante su influencia en el Gobierno, el nuevo grupo de activistas consolidados dentro de Junts como representantes del proceso secesionista son partidarios de la confrontación abierta con el Estado, para volver a trasladar la independencia a la centralidad del debate político. 

Por tanto, las elecciones del próximo 12 de mayo van más allá de decidir quién será el próximo presidente de la Generalitat. Además de un cambio en la correlación de fuerzas dentro del bloque autonómico, y la posible entrada de un partido ultraderechista e independentista, los comicios suponen un punto de inflexión en la política catalana, puesto que la acumulación de victorias por parte del PSC y la buena valoración de Salvador Illa en la ciudadanía significan una alternativa real para derrotar al independentismo en las urnas. Sin embargo, una derrota del independentismo en general, y de Junts en particular, como la que representaría la formación de un Govern que no encabece Puigdemont, podría trasladar las políticas de bloqueo y enfrentamiento, de las que es partidaria la facción más beligerante de Junts, a la arena nacional. La configuración actual del Congreso de los Diputados, dividido en dos bloques muy diferenciados, coloca a la coalición liderada por el PSOE y apoyada por Sumar en una posición de debilidad respecto al resto de partidos que apoyaron el pacto de investidura, por lo que los siete diputados de Junts pueden convertirse en el último activo político para el mantenimiento del independentismo.  

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Gonzalo Fernández es politólogo y analista de la Fundación Alternativas.