El repunte de violencia machista pone en cuestión la efectividad del sistema: "Hay que repensarlo todo"

El Consejo de Ministros aprobó este martes la distribución de 160 millones de euros a las comunidades para la lucha contra la violencia de género. Lo hace tras diez mujeres y siete niños asesinados a manos de agresores machistas en lo que va de año y con una pregunta atravesada: ¿son suficientes las medidas que se han venido desplegando?

Las comunidades recibirán, por un lado, 140,2 millones de euros destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, los gobiernos regionales tendrán que utilizar esos fondos para la puesta en marcha de programas específicos, vinculados a la atención a víctimas, la formación de profesionales, la elaboración y difusión de estadísticas, la recogida y análisis de datos, las campañas de sensibilización y los servicios de información, asesoramiento y orientación gratuitos, según precisan fuentes del Ministerio de Igualdad. 

Por otro lado, los gobiernos autonómicos también recibirán 19,8 millones de euros, esta vez con cargo a los presupuestos de gasto contemplados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Con estos fondos se desarrollarán cuatro programas específicos. El primero, con una cuantía de 8,5 millones de euros, tiene que ver con la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores de edad. Un millón se destinará a programas para mejorar la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas y otros 9,5 millones tienen como objetivo financiar programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Finalmente, los 800.000 euros restantes corresponden a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.

La aprobación del reparto tiene lugar el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha timoneado la reunión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Un encuentro que se ha prolongado cerca de hora y media, donde se han concentrado representantes de ministerios, poder judicial, sindicatos, comunidades y organizaciones de mujeres. La presencia del líder socialista se articula como un gesto simbólico de peso, señalan distintas voces presentes en el pleno, quienes valoran positivamente la declaración de intenciones en un momento especialmente sensible por los últimos crímenes machistas y por la ofensiva de la extrema derecha. Y que sin embargo, no ha derivado en grandes acuerdos. "Esperábamos el anuncio de algún paquete de medidas, pero no ha sido así", señalan.

Los distintos ministerios han expuesto "sus planteamientos" en cuanto a la lucha contra la violencia, se han sugerido reformas y se ha hablado de la renovación del Pacto de Estado. Así lo señala una de las voces consultadas por este diario. Se ha puesto sobre la mesa la creación de juzgados especializados en violencia en la infancia y la extinción definitiva del falso síndrome de alienación parental. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer ha planteado formalmente la necesidad de revisar el funcionamiento del mutuo acuerdo en procedimientos civiles de violencia de género, como ya ha venido deslizando desde los últimos casos de violencia vicaria. "Pero no hemos tenido la posibilidad de profundizar".

Fiscalizar los resultados y repensar la estrategia

"El Pacto de Estado sigue siendo la herramienta", pero es necesaria "una evaluación" de su impacto, reseña otra de las fuentes consultadas. Las voces expertas creen que, si la distribución económica a las comunidades no da los resultados esperados, quizá habría que valorar un cambio de dirección. "Una de las demandas es que no se ejecute sólo a través de las comunidades, sino que las organizaciones de mujeres formen parte de la gestión", sostienen. Las entidades especializadas están "estranguladas" económicamente y "ya nadie cuenta" con ellas para "prácticamente nada". Por eso demandan mayor responsabilidad a la hora de participar activamente en la estrategia contra la violencia y en la ejecución de las medidas del Pacto de Estado.

"Las líneas generales de trabajo las conocemos bien: prevención, detección y reparación del daño. No hay ninguna otra fórmula. Tenemos cosas muy buenas –como el sistema Viogén– y otras que no logramos implantar –como la protección real y efectiva de los menores–", así que urge una "evaluación" alrededor de lo que no está funcionando. "No tenemos que inventarnos otras medidas, sino analizar los obstáculos", señalan las mismas voces.

Con ese mismo planteamiento se trazó la necesidad de los comités de crisis, pensados como una herramienta de urgencia por cada cinco o más asesinatos machistas en el periodo de un mes, con el objetivo de analizar qué falló en el sistema en esos casos concretos. Una fórmula que las expertas no ven con malos ojos: "Se han hecho cosas muy buenas en los comités de crisis".

Otra de las voces pulsadas por este diario, muy próxima a la gestión autonómica de esos fondos en años anteriores, es especialmente crítica con los resultados de las políticas públicas contra la violencia. "A la vista de los indicadores actuales, la estrategia no es eficaz. Está claro que los datos no sólo no son buenos, sino que son pésimos. Obviamente no da resultados", dice sin lugar a matices. "Hay que repensarlo todo".

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Sí introduce una concesión, en línea con las voces anteriores: el Pacto de Estado es una buena idea. Las grietas se encuentran, añade, en la propia estructura de la administración pública. "En toda la administración" sucede que "hay muy poco personal" para desarrollar las "políticas públicas de igualdad y además no está especializado". Lo resume de la siguiente forma: "Si para hacer puentes necesitamos ingenieros, para la lucha contra la violencia de género hacen falta especialistas".

Esta interlocutora se detiene no sólo en la falta de personal, sino también en la externalización de los recursos y en la ausencia de transversalidad. "Viogén está en manos de la Policía y la coeducación no corre a cargo de Igualdad", lamenta, por lo que en ocasiones la implementación de medidas específicas queda a cargo de miradas no especializadas. "La administración necesita expertas y no las hay".

En ese contexto, se da la circunstancia de que aun existiendo medidas ambiciosas y objetivos válidos, "la propia cultura de la administración lo invalida todo". Y al final, "los fondos no se gastan o se gastan mal". Precisamente a finales de marzo el Ministerio de Igualdad anunció estar investigando si un ayuntamiento pontevedrés utilizó fondos contra la violencia machista para sufragar una cena. Podría ser una excepción, pero las expertas lo asumen como una pista de que algo no va bien y piden una mayor fiscalización.