Chaves y Griñán: dos versiones para un solo fraude

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, antaño amigos y estrechos colaboradores políticos, ya no van juntos al cine, como solían en los viejos tiempos, cuando el primero gobernaba con comodidad y el segundo era su consejero de Economía o vicepresidente. Muy distanciados ahora en lo personal y en lo político –que en relaciones como la suya son esferas que se confunden–, alejados por completo del foco y en circunstancias biográficas muy distintas de las de sus días en el poder, ambos deben cubrir este miércoles el famoso paseíllo camino del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde comparecerán ante el magistrado Álvaro Martín para dar explicaciones sobre su papel en el fraude de los ERE. Griñán, que considera que se cometió un "gran fraude" y que el caso es "una barbaridad", declarará a las 10.00 horas. Una hora después lo hará Chaves, que sostiene que no se adoptó "ninguna decisión ilegal".

Hay dos versiones del caso para un solo fraude. Las palabras hoy de Chaves y Griñán determinarán la agenda política en Andalucía, donde tanto el caso de los ERE como el de la formación –investigado por una comisión parlamentaria– están obligando al PSOE a dar explicaciones casi diarias justo cuando los socialistas intentan rentabilizar los casos de corrupción del PP, especialmente en Valencia.

La presidenta Susana Díaz, que expresa confianza en la honestidad de sus predecesores, los pone incluso como ejemplos de cómo "asumir responsabilidades más allá del código ético" para no dañar el partido, en lo que constituye un claro tirón de orejas a Pedro Sánchez por la forma de gestionar el caso del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que sigue en su cargo pese a estar imputado.

Manuel Chaves (70 años), presidente de 1990 a 2009, y su sucesor José Antonio Griñán (69 años), presidente de 2009 a 2013, cuando dimitió para dar paso a Susana Díaz, son investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Es decir, no de lucrarse ni de malversar fondos públicos, pero sí de participar en la creación de un sistema de subvenciones que terminó convertido en un coladero por el que pudieron perderse hasta 855 millones de euros entre 2000 y 2010, según los cálculos de la jueza Mercedes Alaya.

Alaya en Sevilla

Ironías de la vida, Alaya –la jueza que más problemas ha causado a Chaves, a Griñán y al PSOE andaluz– imparte también este miércoles, en Sevilla, una conferencia en la Facultad de Derecho. Si se pone a tiro de los medios –cosa más que dudosa– podrá dar su parecer no sólo sobre Chaves y Griñán, sino también sobre la prescripción de los delitos supuestamente cometidos por 12 empresarios en el caso de los ERE, derivados de retrasos que son al menos parcialmente imputables a su instrucción de las diligencias.

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A priori ni Chaves ni Griñán se exponen a penas abultadas. Pero su futuro procesal no es lo único que se dirime en esta causa –la más avanzada de las piezas que componen la enrevesada investigación judicial de los ERE–. La oposición también presiona para que este procedimiento sea no sólo contra contra Chaves, Griñán y los casi 300 imputados en la causa, sino implícitamente contra el historial de gestión del PSOE de Andalucía, donde ha gobernado siempre desde que echó a andar la autonomía.

Ambos creen que su final ha sido injusto, pero han llevado con discreción este enojo. Chaves considera que Pedro Sánchez no lo trató con el respeto debidoChaves considera que Pedro Sánchez no lo trató con el respeto debido. Griñán intentó evitar la comparecencia al entender que sólo aportaba un humillante "paseíllo" ante las cámaras, según el término empleado en el escrito presentado por su defensa. Griñán considera que ya dijo lo suficiente cuando declaró en abril del año pasado ante el Supremo. Allí manifestó que dejó la política por "responsabilidad" cuando conoció la "barbaridad" del fraude de los ERE. Y añadió ante los medios de comunicación: "No hubo un gran plan [para el desvío de fondos], pero hubo un gran fraude, y es evidente que algunos controles pudieron fallar". Estas palabras, que obstaculizan los intentos del PSOE de matizar o rebajar cuando es posible las dimensiones del caso, contrastan con las de Chaves, que compareció en el Supremo pocos días después y declaró: "Durante mi presidencia nunca jamás se adoptó una decisión ilegal".

Este miércoles también declara en Sevilla el ex consejero andaluz José Antonio Viera, en su caso a las 12.00. La pieza que investiga el juez Martín afecta a 51 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Chaves, Griñán, Viera y el que fuera influyente consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, muy próximo a Chaves. En octubre el Supremo se declaró incompetente para seguir investigando porque ninguno era ya aforado.