El Ministerio de Cultura pone coto a la privatización de sus giras teatrales

El Ministerio de Cultura ha aceptado poner límites a la privatización de sus giras teatrales. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha firmado, en un acuerdo con los sindicatos para evitar la huelga de los trabajadores, sacar la cesión de sus producciones a concurso. Hasta ahora, cuando alguno de los centros adscritos externalizaba la gira de alguna de sus funciones a una empresa privada, lo hacía a dedo, sin que las condiciones fueran públicas y a cambio de una ínfima parte de la taquilla. El documento firmado el pasado 25 de noviembre precisa que a partir de la temporada 2017-2018 este tipo de cesiones tendrán "carácter excepcional y puntual", que se "adjudicarán por concurso" y que la contraprestación recibida será fijada por "el correspondiente informe técnico". Ninguna de esas cosas ocurría hasta ahora. 

El INAEM gestiona 14 centros de producción, entre ellos el Centro Dramático Nacional (CDN), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), la Compañía Nacional de Danza (CND), el Ballet Nacional de España, el Teatro de la Zarzuela y el Auditorio Nacional de Música. En los últimos años, según los sindicatos, la administración ha privatizado en varias ocasiones los derechos de gira de una producción propia, pagada con dinero público. Así, se traspasaba la obra ya ensayada y estrenada, con su elenco y escenografía, la empresa se hacía cargo de todos los costes de organización de la gira e ingresaba la taquilla obtenida. A cambio, el centro en cuestión ingresaba 150 euros por cada representación. A partir de 10 representaciones, recibía 100 euros, y a partir de 21 representaciones, 50 euros. El Centro Dramático Nacional es, según los sindicatos, el que más utilizaba este sistema. 

"Nosotros vimos que esto es una cesión de producción, dinero público que se va al privado cuando esto es algo que lo tiene que hacer la administración", se queja Javier Figueroa, secretario general de UGT en la Secretaría de Estado de Cultura. Como recoge el propio CDN en sus estatutos, su misión es la de "preservación, difusión y transmisión" del patrimonio teatral "con una especial vocación pedagógica en sus programaciones en sede y en gira". Los sindicatos consideran por ello que la externalización de las giras es una "dejación de funciones". "Nosotros no estamos en contra de que las empresas privadas puedan trabajar con lo público, sino contra que se haga por amiguismo o en malas condiciones", expone Figueroa. 

Más transparencia

Como ejemplo, los sindicatos mencionan el caso de Los hermanos Karamazov, una producción del Centro Dramático Nacional dirigida por Gerardo Vera y protagonizada por Juan Echanove que costó 400.000 euros al Ministerio. El organismo consideró entonces que no disponía "de la dotación técnica y presupuestaria suficiente que le [permitiera] girar con las obras programadas", por lo que cedió la gira a la empresa La Llave Maestra Producciones Artísticas, la productora fundada en 1993 por el propio Juan Echanove. Un procedimiento similar se ha seguido, cuentan, con Cocina, cedida por cuatro años a la productora Rosa María Merás Barrios. El INAEM ha declarado a este periódico que todas las cesiones se han hecho "de manera legal" y el Centro Dramático Nacional ha declinado hacer comentarios porque no lleva "los asuntos de contratación". 

Los sindicatos admiten, sin embargo, que nada impide que la administración suscriba con las compañías contratos privados negociados sin publicidad, es decir, licitaciones que no se abren a varias empresas sino que son dirigidas a una sola. “No podemos evitarlo, pero vamos a intentar que los procesos sean públicos”, dice Figueroa. La Ley de Contratos del Sector Público permite este tipo de procedimientos en “la creación e interpretación artística y literaria” o los “espectáculos”. En la práctica, esto supondría una negociación muy similar a la actual, sin apenas competencia. Pero a partir de ahora la adjudicación deberá ser pública y las retribuciones al centro correspondiente se medirá con criterios objetivos.

El acuerdo entre la administración y los trabajadores recoge, además, algunas limitaciones. La empresa a la que se ceda la gira deberá garantizar representaciones al menos en tres ciudades distintas, de al menos dos comunidades autónomas. La exhibición de la obra en Madrid deberá autorizarse por el INAEM, para evitar que la compañía acabe haciendo la competencia al organismo público. La empresa privada deberá cumplir la ley de Prevención de Riesgos Laborales y los convenios correspondientes, cosa que no es tan frecuente en la industria teatral. Además, en los acuerdos de colaboración deberá constar el presupuesto total, la participación económica y las obligaciones de cada parte, datos que hasta ahora no eran públicos.

Precarización del empleo

Los sindicatos aseguran que la privatización de las giras esconde, además, una precarización del empleo de los técnicos. “Girar es caro”, admite Figueroa, “nosotros tenemos un convenio que hemos defendido, con mejores condiciones que la empresa privada. Después de la crisis, han decidido que para ellos el empleo público es muy caro, y que les salía más barato el privado”. Al externalizar la gira, lo que hacían la administración y las empresas, defiende, era mantener la plantilla artística pero cambiar la técnica, trasladando el peso del trabajo a empleados con peores condiciones laborales. “A veces son chavales que ganan 10 o 15 euros la hora y no tienen ni seguro”, afea el representante de UGT.

Los trabajadores del INAEM defienden, además, que la administración está preparada para organizar y sufragar sus propias giras. “La privatización se justificaba diciendo que no tenemos dinero o gente para girar, pero eso es mentira”, dice Figueroa. El acuerdo entre partes recoge también la obligación, únicamente para el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico (los dos organismos más potentes del INAEM), que cada centro moverá dos producciones por temporada, y que una de ellas deberá ser de gran formato. Cada una deberá pasar al menos por tres ciudades, “con un criterio de difusión por el Estado”.

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Parte del sector teatral se ha mostrado contrario a estos cambios. La Liga de las Artes, un colectivo activista que engloba a creadores y técnicos, critica que el proceso de negociación haya dejado fuera a la plantilla artística, trabajadores eventuales que no suelen estar representados por los sindicatos. “Este sistema está dividiendo al sector”, acusa una portavoz que prefiere no dar su nombre y que afea que no hayan invitado a la Unión de Actores, sindicato de los intérpretes. Creen que el acuerdo trata solo de asegurar más trabajo y mejores retribuciones a los técnicos de la casa: “Este acuerdo no es serio. No responde a ninguna política cultural ni de preservación de los espectáculos producidos por el CDN. Sólo es un apaño para parar una amenaza de huelga de los trabajadores fijos de sus unidades”.

La Liga de las Artes señala también que el sistema de licitación pública es excesivamente burocrático y no asegura la libre competencia. “¿De verdad cree el INAEM que, con la situación actual del sector, van a concursar muchas productoras para llevarse espectáculos de gira?”, se preguntan, y apuntan que este tipo de procesos suele beneficiar a las grandes empresas, que pueden bajar precios por los mismos servicios, dejando de lado a las compañías más pequeñas.

Para ver los efectos del acuerdo, que cambia significativamente la relación de los principales centros públicos con el sector teatral, habrá que esperar a la temporada que viene.