Los puntos oscuros en la lucha contra el fraude fiscal

El pasado lunes la Agencia Tributaria dio a conocer los resultados de 2015 de la lucha contra el fraude fiscal y las directrices del Plan de Control Tributario para 2016. En total, Hacienda ingresó por este concepto 15.600 millones de euros, un resultado 27,2% más elevado que en el año 2014 –12.318 millones– y que consolida la tendencia positiva que se ha registrado durante los últimos años. El director de la AEAT, Santiago Menéndez, definió la cifra registrada como "histórica", más al producirse en un "contexto difícil", y aseguró que se había logrado gracias al "esfuerzo y dedicación" de los funcionarios. "Aportan el 1,5% del PIB a los ingresos que financian los servicios públicos", añadió el máximo responsable del organismo en declaraciones a los medios.

Sin embargo, estos resultados no fueron vistos con buenos ojos por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La cifra facilitada por la Agencia Tributaria se desglosa de la siguiente manera: ingresos directos y minoración de devoluciones (cantidades reclamadas a Hacienda por los contribuyentes). Sobre el primer montante, 9.687 millones, recuerdan que "los ingresos reales atribuibles a la lucha contra el fraude, 8.346 millones, sólo crecieron un 7,5%, situándose a niveles del año 2012". En la parte correspondiente a la minoración de devoluciones, 5.501 millones, ponen el foco en los 2.709 millones correspondientes a "expedientes singulares" que el propio director de la AEAT aseguró que "por sus características resultan de difícil repetición en el tiempo". 

Se trata, en definitiva, de comprobaciones abiertas tras la reclamación de contribuyentes al fisco. "Por el importe van a ser unas devoluciones solicitadas por grandes empresas", señala a infoLibre Jose María Mollinedo, secretario general de Gestha. "Cuando hay una situación singular se desvirtúan los datos", reconoció en este sentido Menéndez, sin dar apenas más detalles al respecto. Desde el sindicato critican que más de un 80% del fraude fiscal en nuestro país "queda impune" y señalan cinco problemas fundamentales en esta tarea: un Plan de Control Tributario "continuista y poco ambicioso", la falta de persecución del fraude cometido por las grandes empresas, el desplome del número de denuncias, el aumento de la deuda pendiente de cobro y la anulación de las liquidaciones. 

Plan de Control "continuista y muy poco ambicioso"

El director de la Agencia Tributaria también presentó, junto a los resultados de lucha contra el fraude de 2015, las directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero para 2016. Unas líneas de actuación que, según se recoge en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, "refuerzan las actuaciones desarrolladas en años anteriores e incorporan otras nuevas, en línea con el contexto económico-social y normativo". En este sentido, tienen previsto potenciar, el próximo año, la investigación de patrimonios y rentas en el exterior y las actuaciones de control en materia de planificación fiscal internacional y del comercio electrónico. 

Desde Gestha aseguraron que se trata de "un plan continuista y muy poco ambicioso" que "deja impune el 81,6% de la evasión fiscal". También se pronunció en esta línea la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), que lo definió como una "utopía" que no ayuda a las pequeñas empresas y aseguró que es "irrealizable" al no destinar los recursos necesarios para la consecución de estas directrices. Por este motivo, el colectivo pidió un plan "coherente, racional y adaptado a la realidad", con un mayor número de recursos y efectivos para estos fines.

"El de este año tiene bastante de corta y pega", denuncia Mollinedo en conversación con este diario. Critica que en estas directrices no se den detalles "concretos". El secretario general de Gestha defiende que es "poco ambicioso" porque "los objetivos que se marca la Agencia Tributaria están por debajo de lo logrado el año anterior" y porque "la mayor parte de los efectivos investigan al contribuyente de a pie, no a la gran compañía o a la gran fortuna". Por ello, preguntado por cómo Gestha haría más ambicioso este Plan de Control, apunta que "el objetivo se tendría que elevar, al menos para poder detectar el 40% de la evasión fiscal", algo que requeriría un aumento progresivo "de la plantilla y de las competencias de cada puesto de trabajo". "Si se consiguiese detectar ese volumen de fraude, podría mejorar el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes", añade.

Fuentes de la Agencia Tributaria explican que el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero es de carácter reservado, y recalcan que lo que se presentó el pasado lunes fueron las directrices, en las que únicamente se establecen unas "sucintas líneas de actuación". Por ello, desde el propio organismo público no consideran que sean "ambiciosas", aunque sí "continuistas" al incidir en aquellas materias en las que "se ha probado su conveniencia" durante el 2015. Y recuerdan los "históricos" resultados logrados el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal.

La lucha contra el fraude de las multinacionales

Gestha también se mostró muy crítica, en el comunicado emitido tras conocerse las cifras, con la actuación de la Agencia Tributaria contra las grandes empresas, que, según anunció el propio sindicato en el año 2013, concentran casi el 72% del fraude fiscal total. "Estos resultados [de 2015] se asientan en una investigación desequilibrada que pone la lupa sobre los contribuyentes con menores ingresos en vez de perseguir el fraude sofisticado de multinacionales y corporaciones empresariales", señalan los técnicos de Hacienda. En este sentido, critican que no se dé a conocer el volumen de la deuda media liquidada por contribuyente el año pasado. Un dato que no se ofrece en la presentación de resultados aunque sí queda recogido en la memoria anual del organismo público.

Desde 2010, esta cifra en concreto ha seguido una tendencia negativa, pasando de 250.888 euros a 168.712 en 2014. "Una disminución de este indicador nos sugiere que se están intensificando las actuaciones sobre contribuyentes de pocos recursos frente a las grandes corporaciones empresariales", sostiene Mollinedo. Por este motivo, desde Gestha piden que se invierta la distribución a la hora de realizar las investigaciones: "Que el 80% se dedique a controlar a estas empresasy que el 20% trabaje sobre los pequeños contribuyentes", pide el secretario general. "Aunque en un primer momento se pierdan resultados –prosigue– porque estas compañías se nieguen a aceptar las sanciones, con el tiempo se lograría mejorar estas actividades".

El sindicato de técnicos de Hacienda también pide un aumento de competencias de las delegaciones. "Actualmente estas multinacionales son investigadas en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC)", apostilla Mollinedo.  Añade que está "infradotada" y alerta de "algunos casos de injerencias políticas y económicas" en el órgano central de la Agencia Tributaria, que desde 2006 sustituye a las extintas Oficinas Nacionales de Recaudación e Inspección. Así, solicitan, como una de las medidas para solventar este problema, la creación de otro organismo público que evite que "las decisiones" sobre estos enormes contribuyentes sean tomadas por "unas pocas personas".

Fuentes de la AEAT consultadas por infoLibre sostienen que la interpretación hecha por Gestha es "completamente errónea" y aseguran que la Agencia concentra sus esfuerzos sobre cualquier perfil de contribuyente, añadiendo a renglón seguido que "no cabe entender" que cualquier actuación que se realiza fuera de esta Delegación Central se corresponda con aquellos que tienen menores ingresos y asegurando que en las territoriales también se realiza un amplio número de actuaciones sobre grandes contribuyentes. En este sentido, sacan pecho con la actuación de la DCGC en 2015: el órgano liquidó 3.136 millones de euros, un 44% del total –7.129 millones–.

Caída en el número de denuncias

La tercera piedra en el camino sobre la que pone el foco el sindicato de técnicos de Hacienda es el desplome de las denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal en los últimos años. Desde que se alcanzase el pico máximo en 2011, con 1.014, la cifra se ha ido reduciendo hasta situarse, en el año 2014, en las 391, una caída del 61,4% en este período. Para Gestha, es "otro indicativo" más del interés de la AEAT en "investigar a contribuyentes con menores ingresos".

Mollinedo atribuye esta disminución a una doble limitación. Por un lado, critica que se restrinja "la comprobación a sólo una parte de los hechos imponibles": "Si se nos dice que investiguemos todos los impuestos de los últimos cuatro años de un contribuyente es más sencillo que se cometan delitos fiscales. Pero si sólo nos ordenan comprobar la libertad de amortización del impuesto de sociedades, o las adquisiciones intracomunitarias de IVA, es más difícil que se supere el límite de los 120.000 euros para que sea considerado delito fiscal". Por otro lado, hace referencia a la limitación de competencias, explicando que actualmente "los expedientes complejos –conocidos como expedientes de dificultad sobrevenida– que incluyan, por ejemplo, delito fiscal en cualquier proceso de estructuración empresarial, ya no pueden ser firmados por un técnico y pasa a ser competencia de un inspector".

A falta de conocer los datos de 2015, en 2014 el número de inspectores de Hacienda se situó en torno a los 1.800. "Teniendo en cuenta que en el área de inspección somos 2.000 técnicos y 400 inspectores, por muy capaces que sean estos últimos...", señala Mollinedo. Por ello, el secretario general del sindicato pide recuperar "la competencia" que antes tenían porque, en su opinión, al quitársela se está "perjudicando el servicio público", y asegura que esta decisión se tomó para evitar igualar "nuestras retribuciones con las de los funcionarios, que realizaban un trabajo similar". "Por una cuestión corporativa se puede estar perjudicando los intereses del Tesoro", concluye en este sentido.

La Agencia Tributaria no comparte este análisis. Fuentes del organismo público consultadas por este diario señalan a la crisis económica como única responsable de este desplome del número de denuncias y explican que los beneficios de las grandes empresas han disminuido, llegando a generarse en algunos casos bases imponibles negativas de "significativa magnitud". Esto supone, según señalan las mismas fuentes, que, una vez detectado un fraude, la cuantía de las bases pendientes u otros delitos fiscales pueden llegar a absorber el importe a ingresar de modo que no se alcancen los 120.000 euros que determinan el delito. En este sentido, hacen referencia al sector inmobiliario, duramente castigado durante la crisis y cuya comprobación trae tradicionalmente asociadas denuncias de este tipo, y aseguran que el actual contexto ha determinado menores operaciones fraudulentas en este ámbito.

Aumento de la deuda pendiente de cobro

El sindicato de inspectores de Hacienda también pone la luz sobre el importante aumento de la deuda pendiente de cobro, que se ha incrementado año tras año y que en la última década ha llegado a duplicarse, pasando de 21.261 millones de euros en el año 2004 a 50.226 millones en 2014, sin reducirse en ninguno de los últimos ejercicios. Sólo en la pasada legislatura, y a falta del dato de 2015, el total creció en 1.552 millones. Un incremento que para el Tribunal de Cuentas resulta alarmante: "Estas cifras ponen de manifiesto un grave problema de gestión de la deuda tributaria. y la evolución de los datos demuestran que las actuaciones fiscalizadas no pudieron evitar este incremento continuado", señaló en un informe en el que se analizaban los ejercicios 2013 y 2014.

"Se ha intentado mejorar haciendo comprobaciones ligeras. Hacer poco a muchos contribuyentes, de forma que los pagos sean mucho más pequeños y más fáciles de digerir, porque no se litigan al salir más caro el abogado o el procurador que ingresar lo que te reclaman", explica Mollinedo a infoLibre. En este sentido, explica que los saldos importantes pendientes de cobro son fruto de los litigios que abren las grandes multinacionales, que se quedan paralizados. Así, fuentes de la Agencia Tributaria señalan que "ni mucho menos" toda la deuda pendiente se puede exigir: las suspendidas en vía administrativa o judicial no son exigibles hasta que la resolución del correspondiente recurso o reclamación levante la suspensión; la concursal, hasta que no se resuelva el concurso; y las aplazadas o fraccionadas, hasta que no se produzca el incumplimiento del aplazamiento por falta de pago.

La AEAT argumenta el "fuerte incremento" entre los años 2006 y 2010. El organismo público explica a infoLibre que se venía de años de bonanza económica, en los que se comprobaban bases imponibles más altas, pero detalla que esas deudas se liquidaron ya en años de contracción económica, cuando el acceso de los contribuyentes a la financiación se había frenado, lo que supuso una dificultad "extra" para el Área de Recaudación. Sin embargo, la Agencia Tributaria, al contrario que Gestha, considera que sí ha logrado contener este aumento. Aunque no ofrecen los datos del año 2015 –dicen que hay que esperar a la memoria, aunque no saben concretar cuándo se hará pública–, hacen referencia a la última cifra disponible, la de 2014. En ese ejercicio, se consiguió que la deuda total pendiente de cobro tan sólo aumentara 52 millones en comparación con la del año 2013.

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Liquidaciones anuladas

Por último, el sindicato de técnicos de Hacienda lamenta que no se cuantifique "la tasa de calidad de sus actuaciones". Gestha considera que "se está primando la cantidad sobre la calidad": "El aumento de las reclamaciones de los contribuyentes frente a la Agencia Tributaria se debe al aumento del número de las liquidaciones y sanciones producidas desde el inicio de la crisis por la necesidad de lograr ingresos adicionales y ayudar a cumplir los objetivos de déficit público. Aunque ese aumento se haya producido a costa de empeorar la calidad de estas investigaciones tributarias", señala Mollinedo.

Según datos facilitados por el sindicato de técnicos de Hacienda, relativos al año 2013, fueron anuladas por los tribunales económico-administrativo (TEA) y de justicia un total de 94.550 liquidaciones. Esta cifra, tal y como aseguran desde Gestha, supondría una tasa de anulación del 49,67%. "Esa cantidad tan alta pone en riesgo casi la mitad de la deuda litigiosa", señalan a este diario. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria rebajan el dato hasta el 30% en las dos vías, asegurando que en torno al 70% de los recursos que se plantean correspondientes a las reclamaciones de los contribuyentes se resuelven a favor del organismo público.