¿Cavacada o golpe de Estado a la europea?

El presidente de la República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, se dirigió el jueves a todos sus ciudadanos en un discurso televisado. Cavaco anunció al país que designaba como candidato a la presidencia del gobierno a Passos Coelho, líder de la coalición electoral más votada. El presidente portugués invocó la convención constitucional asentada durante los cuarenta años de democracia en el país vecino, que, en su interpretación, requiere que la primera candidatura que se someta a las cámaras representativas sea la del líder del partido o agrupación más votado.

Parafraseando el título de la última novela de Javier Marías, así empieza lo anómalo. Es público y notorio (y el presidente lo sabe de primera mano) que los otros tres partidos con representación parlamentaria (el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas) no sólo han manifestado su firme voluntad de bloquear este acuerdo, sino que se han concertado para apoyar la investidura del candidato socialista Costa como primer ministro, tras lo que tienen la firme intención de formar un gobierno de coalición.

Cavaco podría haber tomado nota de tal acuerdo, y haber indicado que, pese a ello, era conveniente seguir la convención constitucional, y verificar que la candidatura de Passos no reunía suficientes votos, amparándose por ejemplo (aun cuando sea sustancialmente un tanto forzado) en que los diputados se deben a sus electores, y no a sus jefes de partido. En el entendido de que si Coelho no lograse la confianza, Cavaco habría sometido al parlamento la candidatura de Costa.

Pero el presidente de la República Portuguesa fue mucho más allá en su argumentación, al justificar la designación de Passos en la defensa del orden constitucional. Cavaco afirmó literalmente que la coalición de socialistas con comunistas y bloque de izquierdas se situaba fuera del ámbito constitucional. Alegó que los dos últimos (es decir, comunistas y bloque de izquierdas) no pueden acceder al gobierno, dado que ponen en cuestión “el proyecto de Unión Europea y de Eurozona” y la “OTAN”.

De este modo, el jefe de Estado luso no sólo se autoproclama como “defensor de la constitución” más allá de lo exigido por la carta magna portuguesa, sino que, y esto es lo fundamental, define de forma precisa un nuevo canon con el que habría de determinarse si un partido puede o no acceder al gobierno. Es muy interesante observar que ese canon no incluye a la constitución portuguesa, sino que, antes al contrario, está formado por un conjunto un tanto abigarrado y heteróclito de normas supranacionales: En concreto: (1) el Tratado de Lisboa (cosa con la que probablemente quería decir el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), el Tratado (intergubernamental) de Estabilidad y Crecimiento (el llamado Fiscal Compact), la Unión Bancaria (fórmula vaga que conjeturamos incluye varios reglamentos de la Unión Europea, y especialmente el que apodera al Banco Central Europeo para actuar como supervisor prudencial de las instituciones Financieras), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (compuesto de reglamentos y directivas de la Unión Europea) y el Tratado de la OTAN. Según Cavaco, sólo quienes no cuestionan tales normas respetan la “opción estratégica del país” por integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, que no sólo fue “fundamental para la consolidación del régimen democrático”, sino “que continúa siendo uno de los fundamentos de nuestra democracia y del modelo de sociedad en el que los portugueses quieren vivir: una sociedad desarrollada, justa y solidaria”.

Se trata de una decisión profundamente infeliz y corta de miras desde una perspectiva política. Hay varios pasajes del discurso en los que el presidente claramente toma partido por una gran coalición entre los partidos de la derecha y el partido socialista. Dejando de lado la valoración de tal preferencia, la opción de Cavaco, lejos de favorecer tal cosa, podría conducir a la explosión del Partido Socialista, y en unas eventuales futuras elecciones, a una fuerte subida del voto a las opciones que Cavaco sitúa fuera de la “nueva” constitución.

Por otra parte si, pese al dedazo de Cavaco, Passos Coelho no logra la confianza parlamentaria, la posición del propio Cavaco se habrá vuelto insostenible. A él personalmente poco le importará, porque le quedan tres meses de mandato, pero las consecuencias serán graves para el país, a corto, medio y largo plazo ¿Hay alguna duda de que la prolongación de la situación de interregno entre el gobierno saliente y la elección de uno entrante podría tener un serio impacto sobre la evolución de la economía portuguesa? En cuyo caso ¿puede legítimamente Cavaco tomar una decisión que no es improbable desencadene la furia especulativa de los mercados y ponga al futuro gobierno contra la pared?

Pero lo que es realmente grave es que, aunque Cavaco afirma que su decisión es fundamental para evitar una “alteración radical de nuestro régimen democrático”, es Cavaco quien altera radicalmente la ley fundamental lusa con su decisión. Ni la Constitución de Portugal ni el conjunto de normas que Cavaco quiere convertir en el nuevo derecho constitucional de los portugueses le habilitan para erigirse en guardián de la pureza constitucional del Partido Comunista y del Bloque de Izquierdas, que han concurrido de forma perfectamente lícita a las elecciones.

Permítasenos por un momento ejercer de juristas: ¿En qué artículo de la Constitución Portuguesa puede fundamentarse Cavaco para hacer lo que ha hecho en su discurso del jueves? ¿Dónde se dice en la ley fundamental lusa que el presidente sea no sólo el custodio de la constitución, sino que en tales funciones pueda suplantar al Tribunal Constitucional y excluir a su libre albedrío partidos del acceso al gobierno? Si el Partido Socialista persiste en querer gobernar en coalición ¿Habrá de excluirse también al Partido Socialista de la lista de partidos que pueden gobernar? El presidente luso se ha confundido de tiempo, de lugar y de constitución. Pretende aplicar categorías propias del más rancio constitucionalismo (el del Carl Schmitt de la República de Weimar, o el constitucionalismo militante de la guerra fría) a un Estado que se define como Social y Democrático de Derecho.

Hay un grave riesgo, sin embargo, de que muchos líderes políticos y opiniones públicas europeas vean lo hecho por Cavaco como algo no sólo normal, sino saludable. Y es que la decisión de Cavaco es perfectamente coherente con la evolución del derecho constitucional de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros en estos últimos ochos años. Martin Sandbu, que no es columnista de L'Humanité, o Il Manifesto, sino del Financial Times, acaba de publicar un libro (Europe's Orphan) en el que reconstruye en detalle el modo en el que tanto el Banco Central Europeo como el dúo Eurogrupo/Cumbre del Euro han hecho uso del enorme poder monetario y fiscal de la Eurozona para forzar tanto cambios de gobierno como cambios de política en los estados de la periferia de la Eurozona.

Fue el Banco Central Europeo, y no los gobiernos irlandés, portugués o griego, quien forzó que los citados países se vieran obligados a solicitar asistencia financiera de la Eurozona. La amenaza de ejercer el brutal poder que Frankfurt tiene al ser el prestamista en última instancia de todo sistema financiero en dificultades forzó literalmente la mano de gobiernos democráticamente elegidos. Fue el Eurogrupo/Cumbre del Euro quien forzó cambios de gobierno en Hungría (2008) Rumanía (2010), Italia (2011) y trató de forzarlo en Grecia este último verano, cuando estos países se situaron al borde del precipicio fiscal, valiéndose del poder explosivo que tiene al decidir si presta o no asistencia financiera (y en el interín, en función de las declaraciones varias, de desatar la furia especulativa de los mercados financieros: ¿se acuerdan del famoso spread?).

Y ha sido la presión conjunta de Banco Central Europeo y Eurogrupo/Cumbre del Euro la que condujo a escribir en las constituciones de tres Estados al borde del precipicio fiscal (España, Italia y Eslovenia) la mal llamada “regla de oro”, en realidad una regla que limita el déficit público y que, como demuestra lo sucedido en estos países, no ha contribuido a reducir la deuda pública, pero si a facilitar la aprobación de medidas de recorte del gasto público y privatizaciones alocadas y poco razonables. A diferencia del Presidente Cavaco, las decisiones de Banco Central, Eurogrupo y Cumbre del Euro se pretendieron justificaron en razones estrictamente económicas. Sin embargo, la argumentación de Cavaco se ajusta como anillo al dedo a lo que las mismas implicaron desde una perspectiva constitucional: convertir la condición de Estado miembro de la Eurozona en el primer y fundamental principio constitucional al que se subordinan todos los restantes.

Debería resultar obvio, pero desgraciadamente aún no lo es, que hacer de la pertenencia al euro el pilar último del Estado implica estar dispuestos a renunciar al modelo socio-económico, político y cultural del Estado Social y Democrático de Derecho. Como fue el caso en Portugal, pero también en España y en Italia, “salvar este euro” ha implicado repudiar elementos centrales del orden constitucional. Seguir en este euro ha exigido proceder a una devaluación interna, que es fundamentalmente una devaluación del trabajo y de los trabajadores, que exige que el Estado redistribuya recursos de los más pobres a los más ricos. Algo no sólo normativamente deplorable y socialmente explosivo, sino manifiestamente contrario al artículo 3.2 de la Constitución Italiana y 9.2 de la española. Seguir en este euro impone respetar estrictamente la “credibilidad” de las políticas públicas en relación con los tenedores de capital, a costa de renunciar a la “credibilidad” frente a los enfermos, los pensionistas y los trabajadores, tanto privados como públicos.

Victoria de la derecha en Portugal sin mayoría absoluta

Ver más

La grave y profunda mutación constitucional que está sacudiendo la Unión Europea y sus Estados miembros desde hace ocho años es el contexto en el que hay que situar la decisión de Cavaco. Si nos resulta especialmente difícil de aceptar no es porque sea radicalmente novedosa, sino porque con ella se hace trágicamente explícito lo que estaba implícito en los cambios y transformaciones previos: Que salvar el euro exige renunciar (o limitar drásticamente) la democracia. Si sólo hay una posible política económica, la democracia pierde toda sustancia. De ello ha levantado acta Cavaco. Su papel de notario triste no disminuye un ápice la gravedad de su decisión.

Massimo La Torre es catedrático de filosofía del derecho de la Università Magna Grecia di Catanzaro (Italia).

Agustín José Menéndez es profesor de filosofía del derecho de la Universidad de León.