Canal 9, una herencia envenenada para Ximo Puig

Es una herida altamente infectada, casi tóxica. Y quien la toca se envenena. ¿Qué hacer con Radio Televisión Valenciana (RTVV)? El Partido Popular la cerró abruptamente en noviembre de 2013 tras la sentencia que tumbó el expediente de regulación de empleo que dejó en la calle a un millar de trabajadores. El entonces líder socialista en la oposición y ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, subió a la tribuna y proclamó que en 2015 “reabriría la tele”. Y al poco puso fecha a la promesa: el 9 de octubre, día nacional de los valencianos. Puig se rodeó de ex empleados en sus mítines. Todo eran fotos, abrazos y buenos augurios. Pero ahora la situación ha cambiado.

Puig sigue hablando del 9 de octubre, pero con severas matizaciones. “No será fácil reabrir”, declaró abiertamente el pasado 23 de julio. “La crisis financiera es grave y la situación en la que nos ha dejado el Partido Popular es compleja”, explicó en relación a la liquidación de los dos entes que convivieron durante la época de Alberto Fabra: la matriz RTVV y la descendiente RTVV SAU. Un problemón de unos 800 millones de deuda, con una antigua plantilla sobredimensionada de 1.608 trabajadores convertida en trituradora de la ética periodística más elemental y nido de variadas corruptelas. De hecho existen tres causas abiertas en los juzgados: el multimillonario agujero; los supuestos abusos sexuales perpetrados por Vicente Sanz, ex secretario general de RTVV, a tres trabajadoras y por los que la Fiscalía le pide 20 años de cárcel; y la pieza 5 de la Gürtel, relativa a los 7,4 millones para sonorizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006, adjudicados a Teconsa, empresa pantalla de la red corrupta.

En el plano puramente laboral se dan otros procesos que obstruyen la reapertura. El PSOE interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley 5/2013 de 7 de noviembre que alteró el Estatuto de RTVV para despejar el camino legal a la suspensión de las emisiones. Y el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una demanda contra el ERE de extinción que la Audiencia Nacional trasladó al Constitucional. Y en el plano legislativo, la ley de liquidación aprobada por les Corts el 27 de noviembre de 2013 impide a la Generalitat prestar servicios de radio y televisión. Una normativa imposible de derogar por decreto y que el bipartito deberá contrarrestar consensuando una nueva ley en el Parlamento.

Nuevas amenazas de demanda

Para desatascar este embrollo el Consell creó el pasado 22 de julio el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación. Al frente está José María Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, ex jefe del Servicio Jurídico de RTVV en la época socialista y hombre de máxima confianza de Ximo Puig. Su labor consiste en buscar una alternativa jurídica y laboral de consenso entre los agentes del sector audiovisual valenciano, en particular con el antiguo comité de empresa de RTVV (la plantilla se finiquitó definitivamente este 30 de junio), la voz más exigente.

Según fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, Vidal propone una televisión asequible que empiece a funcionar el 9 de octubre con pocos trabajadores, mucha emisión enlatada (películas y documentales de los fondos del ente) y la colaboración puntual de productoras privadas. Al mismo tiempo se apretaría el acelerador para, en el máximo de un año, proponer una nueva RTVV y modelo audiovisual.

“Es un parche inaceptable”, asegura a infoLibre Josep Lluís Fitó, del antiguo comité de empresa, cuya propuesta consiste en la paralización del ERE de extinción, el regreso de los 1.608 empleados y la puesta en marcha de un tercer ERE para redimensionar la nueva empresa. “Muchos compañeros no volverán porque han rehecho su vida profesional”, explica, aunque “no sabría decir ni quiénes ni cuántos”. Cifras escasas según desveló Levante-EMV, ya que solo el 49% de la plantilla se inscribió en el plan de reinserción laboral de Equipo Humano, empresa contratada por la Generalitat y denunciada a la Fiscalía por dudas en la adjudicación. Solo 186 encontraron empleo. La proporción contrasta con la media de adhesión –entre el 75% y 80%– de otras empresas públicas con ERE. “El menor porcentaje tiene que ver con las altas expectativas de los ex trabajadores ante la reapertura de RTVV, idea incentivada por los partidos de izquierda antes de las elecciones”, señalan fuentes de la negociación.

El ex comité de empresa plantea que los trabajadores readmitidos retornen las indemnizaciones y, a cambio, perciban el salario de tramitación de los meses sin empleo. Y que recuperen la antigüedad y la plaza aquellos que opositaron en 1989, 1999 o 2003. Cerca de 800 de los 1.608. “Es algo jurídicamente y económicamente imposible”, recalcan fuentes de la negociación, y señalan que hace un año era viable que las indemnizaciones (unos 93 millones) fueran superiores a los salarios de tramitación (entre 3,5 y 4 millones por mes), pero ahora ya no. Fitó, sin embargo, sostiene lo contrario, aunque no concreta cifra alguna. “¿Con qué dinero pagaríamos los salarios del mes siguiente? ¿Y las indemnizaciones de los trabajadores despedidos en un tercer ERE?”, cuestionan desde la negociación.

“Nosotros no hemos puesto fecha alguna”, justifica Fitó y arremete contra la propuesta de Vidal: “Si se crea esa televisión de mínimos aconsejaré poner una demanda”. La base sería la cláusula sexta del ERE de extinción, que impide reabrir en dos años (hasta el 30 de junio de 2017) sin dar prioridad a la contratación de los ex trabajadores. Un requisito que arrancó el comité de empresa al PP para impedir que recuperara Canal 9 y colocara afines y que ahora le sirve para presionar a Puig con la idea de rescatar la totalidad de la antigua plantilla. Una complicación para el Consell por dos razones.

La primera es que resultaría impopular no cumplir con la fecha del 9 de octubre tantas veces repetida. Y la otra es que, si no existe antes de 2016 una nueva televisión, se perdería medio millón de euros por los derechos de emisión de un centenar de películas y más de 100 horas de teleseries. Por este motivo, la Abogacía de la Generalitat está buscando alternativas que permitan superar la sucesión empresarial a través de un ente no solo de radio y televisión, sino que dé servicios de documentación y agencia de noticias. Eso o esperar hasta verano de 2017, algo que nadie considera.

Manipuladores confesos

“Nos sentimos defraudados y utilizados”, denuncia Josep Lluís Fitó. El comité de empresa, desde el cierre de Canal 9, tejió una tupida red de influencia sobre la sociedad valenciana: desde la Mesav –mesa sectorial del audiovisual valenciano– hasta los partidos políticos. Uno de sus mayores coaligados es Enric Morera, presidente de les Corts, pero con escasa influencia en el Gobierno. Al menos hasta que, a finales de septiembre, no se cree la comisión parlamentaria de radiotelevisión, que presidirá Antonio Montiel, portavoz de Podemos y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sumó 90.000 firmas para una nueva RTVV. Otro aliado es Esquerra Unida, cuyo acto central de campaña estuvo presentado por extrabajadores. Pero su salida de les Corts les ha dejado sin ningún peso político.

En el lado contrario está Mònica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell, quien siempre se ha mostrado reticente al retorno de los 1.608, buena parte de ellos enchufados por el PP y manipuladores confesos. De hecho, Oltra jamás ha hablado de fechas de reapertura. Y, pese a ello, fue la única que este 24 de julio se acercó a la concentración que cada viernes reúne a los extrabajadores junto al Palau de la Generalitat. “Si hay que hablar cinco veces se habla cinco veces, pero no podemos poner en marcha proyectos que después tumbe la justicia o sean inviables”, explicó megáfono en mano tras pedir “calma y diálogo”. “Si no es en parte por nosotros este Consell no estaría aquí”, lamentaron algunas voces. “Si hace falta, volveremos a la calle”, advirtieron otras.

El PP amenaza con ir a los tribunales si Puig reabre Canal 9

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Una pérdida de influencia también relacionada con el informe de la Unió de Periodistes Valencians –con cerca de 1.000 afiliados– alternativo a la tesis del ex comité de empresa, la única hasta la presentación en mayo de este documento. “Hemos consultado con numerosos expertos en derecho laboral, mercantil, civil y administrativo. Una nueva empresa pública, desde cero, es totalmente viable sin tener que readmitir toda la antigua plantilla”, señala a infoLibre Sergi Pitarch, presidente de la Unió. Y respecto a la cláusula sexta del ERE de extinción, el informe analiza que la prioridad exigida para los extrabajadores podría sustanciarse dándoles más puntos y priorizando su experiencia profesional, pero la valoración “debe aplicarse sin que impida al resto de ciudadanos el libre acceso a unas pruebas de selección”.

El texto aboga por una Ley Audiovisual que incluya mecanismos de control para evitar que televisión y radio “sean utilizadas como herramientas de propaganda política”. “Se trata de pensar primero en el modelo y luego en la plantilla”, puntualiza Pitarch y enumera filtros como el Consejo Valenciano de la Comunicación y el Consejo Asesor de Contenidos, donde convivirían representantes políticos, universitarios y de la sociedad civil.

“Va en contra de nuestros derechos”, resume Fitó el sentir de los extrabajadores respecto a la propuesta de la Unió. Y acto seguido niega la posibilidad de hablar del modelo antes de resolver el conflicto laboral. Por su parte, Ximo Puig no se ha pronunciado sobre el informe de la Unió, aunque José María Vidal, según fuentes de la negociación, lo considera serio y solvente. “Es muy profesional y proviene de una asociación muy respetable”, sostiene también Mònica Oltra, quien este viernes definió gráficamente un conflicto que no cesa: “es como una madeja que se ha de desenredar hilo a hilo”. Una madeja con hilos de alambre. De alambres con púas.