Penúltima barrera

Un Tribunal Constitucional puede anular de un plumazo las medidas injustas que la oposición parlamentaria y millones de voces en las calles no consiguen parar. El TC portugués ha obligado al Gobierno de Passos Coelho a recuperar en el Presupuesto de este año la paga extra que había quitado a funcionarios y pensionistas, además de frenar algunos otros recortes en prestaciones por enfermedad o desempleo o en contratos para docencia e investigación. En España, el Tribunal Constitucional tiene que decidir también sobre recursos planteados contra la reforma laboral, la amnistía fiscal, la privatización de servicios públicos, la ley de tasas judiciales o el recorte de las pensiones.

   El argumento del TC portugués para tumbar algunas de las recetas dictadas por la troika y asumidas por el Gobierno como condición para el rescate de la economía lusa es el mismo que guía algunos de los recursos presentados en España por distintos partidos de la oposición ante el alto tribunal: los recortes aplicados quiebran el principio de igualdad a la hora de afrontar los sacrificios exigidos para (supuestamente) salir de la crisis económica. Distintos preceptos constitucionales establecen la igualdad, la proporcionalidad y la progresividad en el ámbito social, económico o tributario. Sin embargo, los efectos de la doctrina de la austeridad están siendo especialmente perniciosos en las clases medias y bajas y en los sectores más débiles de la sociedad. Los esfuerzos o sacrificios, por otra parte inútiles hasta la fecha como motor de recuperación, no son proporcionales a la capacidad económica de cada cual, como pregona la Constitución española.

El fallo del TC portugués tiene un efecto económico inmediato, al obligar al Gobierno a buscar otras fórmulas para ahorrar esos más de mil millones de euros que suponen las disposiciones anuladas. Pero sobre todo tiene un enorme calado político, y no sólo en Portugal. Confirma que los tribunales pueden servir de muro de contención ante lo que el filósofo germano Ulrich Beck denomina “Una Europa alemana”. Ya que no es posible convencer a Ángela Merkel (seguramente tampoco a sus votantes) de la necesidad de europeizar Alemania, al menos deben funcionar todos aquellos mecanismos capaces de servir como penúltima barrera frente a la germanización de Europa.

Los tribunales constitucionales actúan también como una especie de refugio de la soberanía nacional. Del mismo modo que el TC alemán pone límites a la aportación que los contribuyentes germanos pueden hacer a los fondos de rescate europeos, también el TC español debe decidir si una medida de recorte impuesta desde Berlín, Francfort o Bruselas viola algún precepto constitucional. Si el Gobierno no ha querido o no ha podido enfrentarse a la imposición de unas medidas injustas cuya única prioridad es salvar los intereses del sistema financiero, puede que los tribunales tengan la capacidad de limitar sus consecuencias para la ciudadanía. Cuando no lo hacen, la última barrera es la propia ciudadanía, como se está demostrando en la batalla contra los desahucios.