El error son ellos

Hacienda tenía fama hasta el pasado viernes de ser el único organismo que funcionaba con precisión en España. Ya no. Los daños colaterales del caso Urdangarin-Borbón se llevarán por delante parte del prestigio de la Agencia Tributaria. La pregunta que se hace cualquier contribuyente es muy sencilla: si Hacienda le atribuye la venta de 13 fincas que nunca vendió a la infanta Cristina, ¿qué podrán hacer con los datos de un ciudadano anónimo?Hacienda le atribuye la venta de 13 fincas que nunca vendió a la infanta Cristina

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería ofrecer una explicación convincente hoy mismo. Pero siguiendo la política de transparencia del Gobierno, lo primero que ha hecho el ministro es desentenderse del tema. “No le puedo aportar ninguna información porque no conozco el informe que fue al juzgado", declaró Montoro. Hombre, ministro, eso es insultar la inteligencia de la gente. Si Hacienda envía un informe con datos falsos al juez que está investigando una serie de presuntos delitos, ¿tiene que dar explicaciones el ministro de Hacienda o el secretario de Estado para la Cultura? Pues eso.

Pero no basta con dar una explicación. Alguien debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido. ¿Y qué es lo ocurrido? En este momento aún es un misterio. Hacienda obtiene sus datos de la Agencia Notarial de la Certificación (Ancert), un índice único donde las notarías incluyen los datos de cualquier compraventa de una finca que se produzca en España. En principio sólo hay dos posibilidades de que el error estuviese en la base de datos de Ancert: o un error humano, o una manipulación informática. El error humano parece ciertamente improbable: el personal de cuatro notarías de Barcelona, Alicante y Ciudad Real tendría que haberse equivocado 13 veces y atribuir el papel de vendedor a un nombre tan común como Cristina de Borbón y Grecia y a un DNI tan poco reconocible como el 00.000.014-Z. La segunda posibilidad es la manipulación informática del índice único de Ancert, supuesto que abre la imaginación a todo tipo de conspiraciones, y no precisamente de las montadas con una cinta de la orquesta Mondragón olvidada en una furgoneta Kangoo.

Así que el funcionamiento del sistema notarial español hace bastante improbable que Hacienda pueda tener éxito en su intento de cargar a los notarios el muerto de las no-fincas de la infanta. Pero lo que ya entra en la categoría del esperpento es que la única venta que Cristina realizó con toda seguridad, el 25% de un piso en Barcelona, no figura en el informe que Hacienda envió al juez. ¿También tienen culpa de eso los notarios?

La Agencia Tributaria confesó este lunes que había enviado el informe sobre las no-fincas de la infanta sin corroborar los datos. Muy profesional. Pero, sobre todo, ¿quién es el idiota que puede creer esa versión? O sea que lleva Hacienda meses empeñada en exculpar a la infanta del delito de fraude fiscal, ofreciendo conclusiones sobre indicios penales que nadie le ha pedido, y resulta que se encuentran con 13 propiedades de Cristina que nadie conocía y le dan al botón de enviar sin hacer la más mínima comprobación. Por no comprobar, ¿no comprobaron ni siquiera si la infanta había declarado en su día la transmisión de todos esos bienes que le encontraron y pagado los correspondientes impuestos?

La posición de la presidenta de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, es insostenible. Si el organismo que dirige funciona con esos estándares de calidad, no puede seguir al frente ni un día más. Dimisión inmediata y, si hay dignidad, devolución del sueldo público cobrado por un trabajo tan mal hecho.

¿Y todo este lío a quién beneficia? A simple vista, parece que a Cristina. La pobre infanta ha pasado a ser una villana que se benefició del dinero público afanado por su marido a una víctima de una confabulación que le atribuye bienes que no tiene. Y pronto se escucharán las voces de los cortesanos que intentan desacreditar la investigación judicial. Pero hay otra lectura: quien ha actuado de forma chapucera es el organismo que más se ha empeñado en defender a la infanta. Es Hacienda y su forma de trabajar en este caso quien queda desacreditada.

Queda confiar, una vez más, en la sensatez de la instrucción del juez José Castro, que ya ha pedido a Hacienda que le certifique la verdad de las informaciones que le remite. Quizá se pueda averiguar la verdad de esta farsa. Pero es muy difícil tomarse en serio un país donde el partido del Gobierno dice que anota por error a un conocido banquero los pagos que realiza a proveedores de media España y donde Hacienda atribuye por error a una infanta la venta de 13 pisos y fincas. El error son ellos.