Diez apuntes tras un asesinato

El tratamiento político y mediático del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, pone en evidencia la hipocresía que caracteriza ese “sistema” que algunos ven en riesgo permanente (aunque se equivoquen sobre las causas del peligro).

1.- A los pocos minutos de conocerse el crimen, decenas de dirigentes y periodistas relacionaron el mismo con la “crispación” galopante y hasta con los escraches, sin pararse a pensar dos minutos si el caso podía no tener la menor relación con la tensión ambiental.

2.- Medios públicos y privados y eminentes tertulianos se ocuparon de hacer hincapié en un dato para ellos muy significativo: el coche interceptado a las sospechosas estaba aparcado junto a la sede de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

3.- Incluso horas después de la detención de Montserrat González y Montserrat Triana, madre e hija, militantes del PP relacionadas personal, política y laboralmente de forma conflictiva con la asesinada, varios medios de ámbito nacional dedicaron editoriales al caso alertando de que “la deslegitimación de los políticos se ha puesto de moda…” o de que “abucheos, insultos, escraches e intentos de agresión” son “caldo de cultivo…”

4.- Ni siquiera después de hacerse pública la confesión de Montserrat González Fernández de haber matado a Isabel Carrasco por “inquina personal” y por el trato que esta había dado a su hija “desde hace años”, esos medios y analistas rectificaron sus posiciones para reducir el asunto a lo que es: un crimen atroz, a sangre fría, fundado en un rencor íntimo que tiene tanto que ver con la indignación popular contra los políticos como con el cambio climático.

5.- El Gobierno y el Partido Popular han dado al caso un tratamiento de crimen político con la suspensión de la campaña de las europeas, el aplazamiento del debate electoral y la organización de un funeral de carácter institucional. El “aprovechamiento político de una muerte” (descrito por Arturo González) es algo más que una sospecha fundada.

6.- En Twitter, espejo cóncavo de una parte de la realidad, patio virtual de vecinos, brasero de vanidades, barra de bar del siglo XXI y también una magnífica herramienta de discusión y conocimiento, circularon más disparates de los habituales, más insultos y más ejemplos de pésima educación, de cobardía o de estupidez. Quien celebra la muerte de alguien tiene un problema consigo mismo y con el resto del mundo. ¿Acaso esa obviedad justifica que el Gobierno se plantee “tomar medidas para poner coto” a los comentarios injuriosos en las redes sociales? Los delitos de calumnias e injurias están regulados y para su castigo se exige la denuncia del ofendido; no cabe investigación de oficio. Esta reacción del Gobierno aparenta obedecer al mismo esquema argumental que cuando responde a un incidente violento minoritario tras una protesta proponiendo limitar el derecho de manifestación; o cuando reacciona ante la actuación de un piquete sindical amenazando con una ley de huelga restrictiva. Con la excusa de proteger derechos se van recortando derechos.

7.- Si lo que se trata de perseguir es lo que el ministro Fernández Díaz define como “incitación al odio”, se entra en una peligrosísima espiral tanto jurídica como política y social. Hay gente en Twitter (y en televisión, y en los periódicos, y en la política, y en las finanzas…) que incita al odio. Y a la violencia de género; y a la xenofobia. Todos los días. Incluso en los oscuros tiempos de la censura previa (mucho antes de la era digital y de la democracia) se colaban titulares tan asombrosos que convertían un drama en una comedia. (“Asesta 23 puñaladas a la abuela sin causa justificada”, rezaba un titular de los años setenta en ABC. O “Grave accidente en la N-V: mueren dos personas y un portugués”, en un periódico extremeño).

8.- Resulta sospechosa la afición a tirar de la ley o de la porra como solución a problemas complejos. Y el de las barbaridades que circulan por las redes sociales es un asunto muy complejo. ¿No incita al odio de igual manera quien celebra una muerte que quien la relaciona (sin el menor fundamento) con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas? ¿Dónde se traza (y quién vigila) la frontera entre el derecho a la libre opinión y la apología de un crimen?

9.- La lógica y la prudencia llevan a pensar que se trata de un problema que tiene mucho más que ver con la educación, con el respeto al otro y con los valores éticos que con la armadura jurídica de la democracia, que por supuesto tiene lagunas. Miles de imbéciles se escudan en el anonimato para gritar en las redes barbaridades que en la plaza del pueblo les supondrían el calabozo o algo peor. Cualquiera que tenga un perfil mínimamente público lo sabe. Pero cualquier demócrata sabe también que la libertad nunca ha salido gratis. Lo más preocupante no es el majadero que celebra un crimen sino quienes jalean su mensaje. Y a esos es mejor ignorarlos que detenerlos.

10.- Si finalmente el “móvil” de este asesinato es una “inquina personal” cuyo origen tiene que ver no sólo con un despido y un asunto de dinero sino también con una disputa interna en el PP de León, como apuntan fuentes de Interior, entonces más vale buscar (una vez más) a los antisistema dentro del sistema, y no entre quienes proponen honestamente transformarlo.

Mejor no imaginar lo que se estaría hablando y escribiendo si el crimen de León lo hubiera cometido (por la misma "inquina" hacia Carrasco) una militante de otro partido o de un sindicato o de un movimiento antidesahucios.