TVE nos avergüenza en Europa

El hecho de que el Consejo de Informativos de TVE acuda este martes ante el Parlamento Europeo en "defensa de la radiotelevisión pública independiente, plural y al servicio de la ciudadanía", evidenciará ante las instituciones europeas un patente déficit democrático en nuestra legislación. Que décadas después de la aprobación de la Constitución de 1978, España no haya sido capaz de dotarse de una televisión pública al servicio de los ciudadanos, sino que sea utilizada de manera partidista por los Gobiernos, nos retrotrae a un pasado autoritario muy lejos de las realidades que, en este terreno, imperan en todo el continente, y más en concreto en países cercanos y similares como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido.

La denuncia es relevante por quién la presenta, por qué lo hace, por las carencias normativas que desvela, por la instancia internacional a la que se dirige y, ante todo, porque demuestra como un bien público, consagrado por ley al servicio de los ciudadanos, es expoliado por instancias políticas.

Quien la presenta está avalado por el carácter de "órgano institucional de representación", que ostenta un Consejo elegido democráticamente por los trabajadores y refrendado en su composición hace pocos meses. Entre sus funciones figura "proponer mejoras en la organización del trabajo informativo y recomendar a la dirección la adopción de medidas para el respeto y cumplimiento de los principios deontológicos recogidos en el Estatuto", así como "informar de las posibles manipulaciones y malas prácticas informativas". El prestigio adquirido por su tarea en los últimos años hace que sea un organismo anhelado por los trabajadores de los medios públicos de ámbito regional.

Por qué lo hace en este momento y en esa instancia tiene fácil respuesta: porque ha agotado las acciones que podía realizar en España. Primero, las internas: uno de los objetivos confesos del Consejo ha sido y es preservar el prestigio y la credibilidad de los informativos de TVE. Por ello ha buscado el encuentro con la dirección y el consejo de administración de manera permanente. Aún cuando no ha obtenido satisfacción a las demandas, ha optado por el contacto directo con los trabajadores, ha pedido su opinión y apoyo antes de realizar cualquier comunicado a la opinión pública. Y cuando se ha producido esta última circunstancia ha sido para la defensa de la normativa legal frente a casos de malas prácticas. Han recogido firmas, han protagonizado ruedas de prensa y, por último, han acudido a los representantes de la voluntad popular en el Congreso y el Senado para explicar sus argumentos. Pero la connivencia entre la dirección y la mayoría parlamentaria que la sustenta ha impedido avance alguno. De hecho, en la visita a los miembros de la Comisión parlamentaria de Control, el grupo del PP ni siquiera quiso escucharles. "Ya sabemos lo que nos quieren contar", explicó su portavoz.

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Las carencias normativas son desoladoras. Anulados los nombramientos por consenso político de la etapa Zapatero, el partido que goza de la mayoría impone la composición del organismo de control parlamentario y designa la del consejo de administración y, por tanto, la dirección. No existe siquiera (como en Andalucía) un Consejo Audiovisual con alguna dosis de independencia. Soñar con auténticos órganos de control ciudadano, a imitación de los existentes en Alemania o Reino Unido, es en la España del PP utópico.

En consecuencia, el paso dado ahora por el Consejo de Informativos se antoja inevitable. Y lo es porque la ciudadanía tiene hoy conciencia del expolio político sobre los medios públicos de comunicación. Hace tan solo dos años, cuando infoLibre daba sus primeros pasos, algunos lectores exponían opiniones partidarias de cerrar o privatizar radios y televisiones públicas. Estaba aún reciente el despido de centenares de trabajadores de Telemadrid, y era habitual leer comentarios peyorativos sobre "lo costoso de medios que no ve nadie", de "lo superfluos que resultaban en plena crisis económica", de que "siempre han estado con el poder", y un largo etcétera de reproches. Y entonces llegó el cierre de la radiotelevisión valenciana, justificada por el presidente regional con el siguiente argumento: "Con lo que cuesta puedo hacer hospitales y escuelas". Pero no se hicieron. Y lo que se descubrió es que, en Valencia y en Madrid, eran medios utilizados para todo tipo de trapisondas económicas y propagandas partidarias. Y los trabajadores de las empresas públicas salieron a la calle y denunciaron las malas prácticas en los medios estatales y regionales. La opinión ciudadana se fue haciendo consciente de que las radios y televisiones les pertenecían, como la sanidad o la educación, y que la solución no estaba en el cierre, o la privatización, sino en la gestión honrada y la rendición de cuentas a los legítimos propietarios, que no eran otros que ellos mismos, la sociedad en su conjunto.

Este martes el Consejo de Informativos expondrá ante Europa esta realidad. Hablarán con los grupos políticos, con la llamativa excepción del Partido Popular, expondrán la situación ante el del Comité de Peticiones y ante la propia Presidencia del Comité por las Libertades. El Parlamento Europeo será consciente de que en ese territorio España es diferente. Tomarán conciencia de que, décadas después de aprobar la Constitución, tenemos un gran déficit democrático. Es una vergüenza a la que nos ha obligado un Gobierno, un partido y una dirección de RTVE decididos a utilizar un bien público en su exclusivo beneficio.