Periodista muerto, democracia herida

Ser periodista en México es peligroso, como lo es ser estudiante, sindicalista, opositor, defensor de los derechos humanos, activista social, mujer o persona decente. Rubén Espinosa es el decimotercer periodista asesinado desde 2011 a causa de informaciones relacionadas con el Estado de Veracruz. La fecha coincide con la llegada a la gobernaduría del Estado de Javier Duarte Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.

Veracruz se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el derecho a la información en América Latina.

Las redes sociales señalan a Duarte como inductor y responsable, y exigen que sea investigado. También culpan a Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública de Veracruz y mano derecha del gobernador.

Portada del semanario mexicano 'Proceso'

Al fotoperiodista Rubén Espinosa lo mataron en el Distrito Federal, donde se había refugiado hace dos meses en un intento por salvar la vida tras las amenazas recibidas. Lo mataron de un disparo en la cabeza después de torturarle. Corrieron la misma suerte las cuatro mujeres que lo acompañaban. Una de ellas es Nadia Vera, activista social y defensora de los derechos humanos. Vera había responsabilizado al gobernador de Veracruz de cualquier desgracia que le pudiera pasar. Hoy está muerta.

La policía que investiga el múltiple crimen ocurrido en el apartamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte del Distrito Federal, informa de que las cámaras de seguridad del edificio estaban averiadas. No habría imágenes directas de los asesinos, sólo las recogidas por otras cámaras algo más alejadas, como muestra este vídeo, en el que se ve a tres sospechosos arrastrando bultos frente al lugar de los hechos.

El 90% de los delitos de sangre que se cometen en México quedan impunes. Las fuerzas encargadas de resolver los delitos son, a menudo, las responsables de contaminar la escena del crimen y dificultar su resolución. No sólo son casos de negligencia, que los hay, sino de cohabitación activa con el crimen organizado.

Según un estudio del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, México tiene una media de cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 17, y los países que obtienen la mejor nota llegan a 40 por cada 100.000 habitantes. A esto hay que añadir que los jueces se hallan completamente expuestos, sin capacidad policial ni voluntad política para protegerlos.

Hace tres semanas titulé un texto sobre la sorprendente fuga del narcotraficante Chapo Guzmán: "Peña Nieto, presidente fallido". Esta vez no sé cómo titular porque lo que falla es el sistema al completo. El narcotráfico lo corrompe todo. En México gobierna la narcopolítica en amplias zonas del país, tanto en los Estados más afectados, como Veracruz, Guerrero, Michoacán y los del Norte, como en las instituciones. Esta grave situación coincide con un presidente manifiestamente incapaz: Enrique Peña Nieto.

Les recomiendo este texto de Lina Lakhani publicado en The Guardian. Cita a Félix Márquez, un compañero de profesión de Rubén, quien asegura que es la primera vez que matan a alguien refugiado en DF. "Es un mensaje para todos los periodistas".

Y este otro de Alfredo Corchado en The Dallas Morning News.

Esta es la cuenta en Instagram de Rubén Espinosa. Muere la persona, muere su talento, queda su trabajo y ejemplo.

El asesinato de Rubén Espinosa ha desatado una ola de indignación entre los periodistas. Ocurrió algo similar tras la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se sucedieron las marchas, las protestas, los escraches. Se va a cumplir un año y seguimos sin noticias, sin un relato de lo que sucedió. El poder resiste, espera a que se cansen los que exigen justicia y mantiene su camino hasta el siguiente escándalo.

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Los estudiantes siguen desaparecidos, probablemente muertos: en México los desparecidos forzosos no regresan a la vida. Todos saben que se trató de un crimen de Estado, más allá del gobernador detenido, que es del opositor Partido Democrático de la Revolución, tan contaminado y tan poco revolucionario como el PRI. En aquel crimen debieron participar los narcos locales y las fuerzas de seguridad, cuando no el Ejército, la única institución que, de momento, se salva, que conserva un cierto prestigio.

En aquella ocasión, la Procaduría General de la Republica tuvo una actuación lamentable, más próxima a proteger a los posibles asesinos que a detener a los autores. ¿Es esa la pauta o se trató de una excepción? Tal fue su descaro en el montaje de las pruebas que trató de desprestigiar el informe de los antropólogos forenses argentinos, autoridades mundiales en esta materia que desmontaban las patrañas del suyo.

El problema de México es que el Estado cruzó la raya, se pasó al lado del crimen y se quedó sin la credibilidad necesaria.