Unicaja, Ausbanc y el poder de las no-decisiones

La actuación judicial contra las cúpulas de Ausbanc y Manos Limpias plantea una serie de interrogantes sobre la salud de nuestras instituciones. Según los autos del juez Santiago Pedraz, ambas organizaciones, bajo la dirección de Luis Pineda, se lucraron ilícitamente con prácticas de extorsión y la falsa apariencia de defender los derechos de los consumidores y el interés general. La maquinaria judicial estaría funcionando como se espera en un Estado de Derecho.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo la trama logró operar durante tantos años con total impunidad. Ausbanc fue expulsada hasta en dos ocasiones del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y existían notorias sospechas sobre los hechos. Resulta difícil rebatir la percepción generalizada de que las instituciones no reaccionaron hasta que la trama involucró a la infanta Cristina. A la luz de las informaciones periodísticas, no es descabellado pensar que Ausbanc y Manos Limpias fueron, en cierto modo, instrumentos útiles de las élites político-económicas para componer complejos equilibrios de poder y armonizar intereses.

La relación de Ausbanc con Unicaja es ciertamente esclarecedora. La organización criminal habría obtenido un millón de euros, blanqueados en contratos publicitarios simulados, a cambio de desimputar a Braulio Medel en el caso de los ERE. Más aún, Ausbanc habría negociado la suerte de un proceso colectivo de cláusula suelo contra Caja España (Grupo Unicaja).Y aquí hemos leído sobre una demanda secreta de la asociación pantalla Causa Común contra las cláusulas suelo de Unicaja, presentada cinco años después de que Ausbanc actuara contra otras entidades como BBVA.

Mientras proliferaban los abusos bancarios, los derechos de los consumidores eran objeto de mercadeo sin que pasara absolutamente nada. ¿Cómo es posible que no actuasen antes las instituciones?

La crisis económica ha añadido más certezas sobre el funcionamiento del poder que décadas de investigaciones en ciencias sociales. Cada día más filtraciones revelan que la corrupción es sistémica: una minoría se organiza para maximizar sus beneficios y el quebranto de la legalidad y la vulneración de los derechos de la mayoría social son, en el mejor de los casos, meros daños colaterales. No obstante, siempre hay aportaciones rescatables en la literatura académica. La trama Ausbanc evoca el concepto de “no-decisiones” que proponían los politólogos Bachrach y Baratz en los años sesenta. De acuerdo con su teoría, el poder no sólo está en las decisiones que adoptan las autoridades, sino también en todo aquello que no es objeto de decisión.

La desregulación neoliberal que tanto gusta al establishment es una decisión política que aboga por una política sistemática de la no-decisión. Las no-decisiones no sólo se proyectan en las leyes y en las políticas públicas: su medio preferido es el terreno de la ejecución, esto es, el de las Administraciones públicas y el de la Fiscalía.

No actuar contra Ausbanc y Manos Limpias era una no-decisión muy rentable para bancos como Unicaja, que a día de hoy siguen aplicando las cláusulas suelo. Que el Gobierno y el Banco de España se posicionen del lado de las entidades financieras en las cláusulas abusivas es una decisión, y que las Administraciones autonómicas no sancionen a los bancos es una no-decisión: por activa o por pasiva, la banca siempre gana. La no-decisión también permitía exprimir mediáticamente las querellas que Manos Limpias presentaba contra activistas y organizaciones democráticas.

No sólo los actores públicos adoptan no-decisiones: también los privados. Ausbanc tomó una no-decisión rentable para Unicaja al tolerar que este banco aplicara el Método 365/360 en todos sus préstamos hipotecarios, una práctica abusiva consistente en manipular la duración del año para que todos los clientes paguen más de lo debido. Un fraude multimillonario obviado también por la Administración: por eso ha sido necesario activar la olvidada figura legal del Grupo de Afectados para llevar a Unicaja a los tribunales.

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La corrupción sistémica tiene múltiples variantes: el lobbismo legislativo, la inactividad de la Administración o la actuación selectiva de los actores públicos y privados son sólo algunas de ellas. Para que las instituciones defiendan el interés general es necesario un renovado impulso democrático. La relación Ausbanc-Unicaja es un ejemplo paradigmático de que las instituciones han sido secuestradas. Sólo nuestras decisiones podrán liberarlas.

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Miguel Ángel Llamas es politólogo y abogado del Grupo de Afectados por las Hipotecas de Unicaja