Una solución no convencional

Tras dos elecciones y dos investiduras fallidas, muchas personas se preguntan, con razón, si caminamos a unas terceras elecciones y, después de ellas, a una nueva investidura fallida. En realidad nadie puede asegurar que a continuación de unas terceras, no vendrán unas cuartas y unas quintas elecciones generales. Lo cierto es que desde diciembre nuestra democracia es incapaz de resolver el bloqueo para elegir gobierno. No lo hemos hecho los representantes, y no lo han hecho los electores cuando se les ha devuelto la decisión.

En una democracia representativa, como la nuestra, los diputados no reciben un mandato imperativo. Constatado el bloqueo al que llegan cumpliendo el mandato de sus electores, los representantes pueden, legítimamente, intentar otras soluciones que no llevaban en sus programas. Sin embargo, no son buenos tiempos para la autonomía de los representantes. Vivimos una crisis de confianza en la representación, y la perspectiva de unas próximas elecciones hace que nadie se atreva a hacer nada que no tenga el previo visto bueno de su electorado. Aunque, precisamente en un tiempo en el que nadie confía, quizá convendría que los elegidos confiaran en la comprensión de sus electores y aventuraran algunas posibles soluciones al bloqueo, antes de devolverles de nuevo la pelota en forma de otras elecciones generales.

Unas semanas antes de las elecciones del 26J, y unos días después de las mismas, expuse en estas páginas mi opinión, como diputado y militante socialista, sobre lo que deberíamos hacer. Que muy sumariamente consistía en lo que hemos hecho, es decir, votar 'no' a la investidura del señor Rajoy. Sin duda en los próximos días se abrirá un intenso debate sobre lo que ha de hacer ahora el PSOE, un debate que, como es lógico, cerrarán de manera democrática los órganos de dirección política del Partido Socialista. Entre tanto, y ya que los extraños, y hasta los adversarios más ásperos, no se privarán de dar su opinión, entiendo que nadie se tomará a mal que también demos nuestra opinión los propios socialistas. Como se ha visto estos días, los socialistas somos más sensibles a la razón que a la presión, por eso, un partido con la tradición democrática del PSOE no sólo no impide el debate a sus afiliados, sino que lo amplía, e invita, sin temor y con generosidad, a participar en él a una sociedad que está lógicamente concernida por nuestras decisiones.

Empezaré por recordar que, frente a lo que le hemos oído al PP y a sus apoyos, el liderazgo, en una democracia parlamentaria, es de quien se lo gana en el Parlamento. De modo que si nos atenemos a esa lógica, al menos formalmente, los socialistas no hemos sido puestos en la oposición por los ciudadanos, como tampoco el PP ha sido puesto en el Gobierno, ni Podemos o Ciudadanos en posiciones subalternas a partidos más grandes, pero incluso si aceptamos que, como se ha dicho, los ciudadanos nos han colocado en la oposición, también desde la oposición los socialistas debemos contribuir al desbloqueo de la situación política con nuestras propuestas. Lo que no haremos es dimitir de nuestra responsabilidad, como hicieron los señores Rajoy e Iglesias en la pasada legislatura, y dejar correr el tiempo hasta la disolución automática de las Cortes y convocatoria de unas nuevas elecciones de las que no tenemos ninguna garantía de que fueran la solución del bloqueo.

Por supuesto, el resto de las fuerzas políticas que se han opuesto a la investidura del señor Rajoy tampoco deberían sentarse a esperar pasivamente, sino que deberán, cada una, arriesgar sus propuestas de solución. A nadie de los que excluyen a una parte de los diputados del juego político se les ocurriría excluir a los electores de esos diputados del pago de impuestos. El establishment de nuestro país ha decidido que los 71 diputados de Unidos Podemos, que representan a cinco millones de ciudadanos y ciudadanas, están exentos de cualquier responsabilidad respecto al desbloqueo de la situación política, nada se espera de ellos, nada se les reprocha, nada se les exige. En tanto que los 85 diputados del PSOE, que representan a cinco millones cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas, deben echarse sobre sus solas espaldas la solución del problema. Me parece tan absurdo como injusto, tanto, por defecto, para con Unidos Podemos como, por exceso, para con el PSOE. La idea, y la práctica, de excluir cada vez a más españoles y españolas de la comunidad política a la que legítimamente pertenecen está también en el origen del bloqueo político que sufrimos.

En ninguna parte de nuestro ordenamiento constitucional se establece un número mínimo de diputados para liderar una alternativa de gobierno. En la pasada legislatura el PSOE trató de formar gobierno con 33 diputados menos que el PP, que ni siquiera lo intentó. En esta legislatura Unidos Podemos tiene sólo 14 diputados menos que el PSOE, y si cree que tiene una alternativa, nada le impide presentarla. Es obvio que la única manera que tienen PSOE y Podemos de sumar los 176 escaños de una mayoría de gobierno es contando con el centro derecha. En ese sentido, la diferencia entre Podemos y PSOE sería que, mientras el PSOE apuesta por sumar al centro derecha no independentista, es decir, a Ciudadanos, Podemos prefiere intentarlo con el centro derecha independentista. De modo que si los líderes de Unidos Podemos creen que es posible un gobierno de España que incluya al centro derecha independentista tienen el deber de intentarlo ellos mismos, y cuando tengan un proyecto de gobierno coherente, del que estén dispuestos a responsabilizarse ante la sociedad española, pedirnos el apoyo a los socialistas. Lo que no tiene sentido es que Podemos nos exija a los socialistas montar la coalición de gobierno que a ellos les gustaría, y que además seamos nosotros los que nos responsabilicemos de sus consecuencias ante la sociedad. De las consecuencias, por ejemplo, de hacer depender la gobernabilidad de nuestro país de socios que antepondrían, por encima de cualquier otra consideración, la independencia de Cataluña a la existencia de un gobierno de izquierdas en España.

No se trata, en ningún modo, de que crea que el PSOE deba aceptar los vetos que, de manera hipócrita, impone el PP a los demás, pero se salta para sí mismo cada vez que le conviene. Se trata de respetar las preferencias del electorado socialista, sobre todo en aquello que obviamente está en manos del PSOE, como es la decisión de con qué socios gobierna y a qué precio. Pues para algo sirve ser un partido con experiencia de gobierno y saber en qué condiciones se puede gobernar cuando se está en minoría.

Como otra posible salida al bloqueo, el PP y sus valedores nos proponen a los socialistas una negociación sobre políticas, a la manera en que lo ha hecho Ciudadanos. Sin embargo, no son sólo las políticas sectoriales, que lo son y mucho, sino la forma de entender la política del señor Rajoy lo que nos resulta más inaceptable. Llevar la convocatoria de unas próximas elecciones al 25 de diciembre es el último ejemplo, y quizá el más llamativo, pero es sólo uno. Proponer como presidente de las Cortes, en esta situación de desconfianza ciudadana hacia nuestras instituciones, a un ministro cuyas prácticas están siendo cuestionadas por poco democráticas, en un área tan sensible como Interior, puede resultar menos llamativo, pero no es una muestra menos importante de la escasa sensibilidad democrática del líder del PP. Es con esa falta de sensibilidad con la que el señor Rajoy ha deteriorado algo mucho más importante que cualquier política sectorial: la política con mayúsculas. Con Rajoy, al frente de una mayoría absoluta y por primera vez en nuestra democracia, una parte muy importante de la ciudadanía se ha rebelado no ya contra un partido, sino contra el Congreso, no contra el gobierno, sino contra todo el sistema político.

No es verdad que el bloqueo que padecemos sea puramente aritmético, un bloqueo aritmético es relativamente fácil de resolver, el problema es el bloqueo político que da lugar a la imposibilidad de producir una suma que permita no ya la gobernabilidad del país, sino tan siquiera la investidura. Que, a estas alturas, nuestra ambición tenga que ser tener un gobierno, y luego ya veremos, es la expresión del daño que ha sufrido nuestro sistema político. La derrota de Rajoy en su investidura es, sobre todo, el triunfo de una moción de censura contra su actuación como presidente del Gobierno. Su imposibilidad de encontrar aliados es, más que la expresión de su fracaso como candidato, la expresión de su fracaso como presidente. Es el propio Rajoy quien ha producido una importante coalición en su contra, una coalición que ha roto Ciudadanos, después de acudir a las elecciones afirmando que sólo apoyaría al PP si presentaban a alguien distinto a Rajoy a la presidencia. Y, después de lo visto en la investidura, es bastante probable que Ciudadanos se sienta liberado de su compromiso con Rajoy y recupere su compromiso inicial con sus electores.

Se nos dice que le demos la presidencia a Rajoy, como sea, y luego le hagamos una oposición dura. Se nos ha llegado a decir que poner el gobierno de España en manos de alguien que no lo merece es un acto de responsabilidad, pero eso es algo más que un error, es una señal de hasta qué punto se ha degradado nuestra situación política. La salida de Rajoy de la presidencia es una condición de recuperación de la política. No es una condición suficiente, pero es completamente necesaria. Después de dos elecciones, y de dos periodos de investidura, es obvio que la mayoría de los españoles no quieren a Rajoy como presidente. En lo demás puede haber muchos y profundos desacuerdos entre las fuerzas que han votado en contra de la investidura de Rajoy, pero en eso no.

A partir de ahí tiene sentido discutir de políticas y el lugar para ello es el Congreso. Sobre todo porque ningún grupo tiene mayoría absoluta. Que en unos pocos días de negociación previa a una investidura acordemos reformar la Constitución o derogar la Reforma Laboral o la LOMCE, es desconocer cómo se hacen las leyes y la dinámica del Parlamento. Es obligarnos a acordar como “gran coalición” leyes y políticas que los socialistas podemos acordar, por ejemplo, con Ciudadanos y Unidos Podemos. No hay confianza, ni coincidencia ideológica, para firmar con el PP un manifiesto de buenas intenciones. La derogación y reforma de sus leyes deberá hacerse en las Cortes con los tiempos y los procedimientos que garantizan la calidad democrática de las leyes. El acuerdo, implícito y no coordinado, de las fuerzas políticas que impiden la investidura de Rajoy, no puede extenderse a las políticas sectoriales. Una vez roto el bloqueo, viene la política, con toda su pluralidad representada en las Cortes en esta legislatura.

Hay algo inquietante en la obstinada insistencia, que raya en la obcecación, del señor Rajoy en mantener su liderazgo en un país en el que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no está dispuesta a dárselo. Después de lo ocurrido ayer en el Congreso, una persona con el sentido común que el señor Rajoy tanto invoca debería comprender que no puede forzar unas terceras elecciones para ver si los ciudadanos le dan lo que, a través de sus representantes, le han negado ya dos veces. Esas terceras elecciones, con las que nos amenaza, podrían volverse dramáticamente contra un presidente que empezó su mandato recibiendo “mucha” o “bastante” confianza del 36% de los entrevistados del CIS y lo acabó con una confianza del 16%, y una desconfianza del 82% de la población. Lo que incluye a una buena parte de sus propios votantes.

Forzar unas nuevas elecciones, bajo la forma de un plebiscito sobre su persona, no es la mejor forma en que el señor Rajoy puede agradecer la lealtad de sus compañeros, y el apoyo de sus aliados. Que el PP no esté dispuesto a dejar caer al señor Rajoy dice mucho del PP, que importantes personalidades del mundo de la prensa y los negocios nos presionen a los socialistas más allá del mínimo decoro para no dejarlo caer, dice también mucho de esas personas, pero nada de eso impide que el señor Rajoy los libere de su compromiso y sea él mismo el que, en un acto de responsabilidad con su partido, y de generosidad con quienes le han apoyado, permita a otra persona de su partido intentar lo que él no ha logrado, si ninguna otra fuerza es capaz de formar una coalición más amplia de la que fue derrotada ayer.

Nuestro sistema constitucional establece, en su artículo 99, un mecanismo de elección del presidente del Gobierno muy exigente, que garantiza la estabilidad del gobierno hasta el punto de que nunca nadie ha ganado una moción de censura. El problema es que tampoco hasta ahora había ocurrido que, de manera sistemática, la mayoría parlamentaria de bloqueo fuera más grande que cualquier mayoría de gobierno propuesta en el Congreso. De modo que hemos de encontrar una fórmula que rebaje las exigencias del artículo 99. Y como es materialmente imposible modificar la Constitución en este momento, lo único posible es llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas que, incapaces de constituirse en mayoría de gobierno, actúan como mayoría de bloqueo.

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Obviamente, la única forma de desbloqueo de esta situación es producir mediante un artificio el resultado que exige el artículo 99 de la Constitución, ya que resulta imposible obtenerlo mediante un acuerdo de apoyo político al nuevo gobierno. Esto supondría, ceteris paribus, que en la segunda votación se abstuvieran once diputados. La abstención para evitar unas terceras elecciones sería, en estas condiciones, un ejercicio de responsabilidad que no debería ser usado por ninguna otra fuerza de oposición como arma política contra quien lo hiciera. La única forma de que esto no ocurra es que esos once diputados pertenecieran, en proporción a su representación, a todas las fuerzas políticas que votaran 'no' a la investidura.

Hay otro tipo de soluciones técnicas, las hay en el sistema de elección del presidente en algunas Autonomías, esta solo pretende ser una más. En todo caso, para este caso concreto o para una circunstancia similar en el futuro, mientras no cambiemos el artículo 99 de la Constitución, conviene no despreciar cualquier solución, esta u otra, porque sea un artificio técnico. ¿Qué otra cosa es la votación sino un artificio para tomar una decisión, cuando la deliberación se prolonga sin que la asamblea democrática llegue al acuerdo unánime? Insistiré, sin embargo, en que la solución al bloqueo aritmético, sin un desbloqueo de la política, en su sentido más noble y elevado, tiene un horizonte muy corto. ¿Y el día después de esta u otra solución técnica, qué hacemos? ¿Cómo, salvada la investidura, garantizamos la gobernabilidad? ¿Cómo empezamos a ocuparnos de las cosas? Me temo que para eso no hay una solución técnica, sino una larga tarea política para la que es necesario poner en marcha la legislatura.

Ponernos a hablar con el detenimiento necesario de leyes, enmiendas y transacciones, en el breve plazo que hoy empieza a correr hasta la disolución de las Cortes, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en una solución de emergencia es una meta quizá excesiva. No tiene sentido que cada fuerza política negocie por separado su abstención, porque no se trata de una negociación política para que haya un gobierno. Se trata de un procedimiento no convencional para evitar unas terceras, o unas cuartas o quintas elecciones. Si algo ha quedado claro en la investidura de esta semana es que la oposición a Rajoy es lo único que nos suma a todos, de modo que la renuncia de Rajoy parece el único esfuerzo que todos podemos pedir al PP a cambio de nuestro propio esfuerzo. Sin duda esta es una solución no convencional para una situación no convencional. Podemos ponerla en marcha ahora, o quizá lo tengamos que hacer después de las terceras elecciones, si no encontramos otro modo de salir del bloqueo. Si ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en una solución tan elemental, que reparta los esfuerzos entre todos, y si tememos que nuestros electores no la entiendan, entonces ningunas elecciones van a resolver nada. Este u otro acuerdo debería ser el primer paso para reconciliar a los ciudadanos con la política y las instituciones, y no deberíamos tardar mucho en darlo, si es que queremos andar el camino que nuestra sociedad tiene por delante.