La alternativa ya existe, está en los ayuntamientos

Hace dos semanas se consumó finalmente la investidura de Rajoy con el apoyo directo de Ciudadanos y el apoyo indirecto de buena parte del Partido Socialista. Nace un gobierno débil y muy poco parecido a la España de hoy: es un gobierno hecho a espaldas de los jóvenes, de las nacionalidades históricas y de las grandes ciudades. Es desde estas últimas, ganadas para el cambio el año pasado, que se está construyendo la verdadera alternativa a la Gran Coalición.

Uno de los aciertos de la Transición fue construir la democracia española con y desde sus ayuntamientos, apostar por el municipalismo dotando a los municipios de competencias y margen de maniobra para atender los servicios públicos más capilares. Un municipalismo que adoleció, sin embargo, de financiación, participación y garantías suficientes y que se truncó definitivamente con la modificación de la Ley General del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Fue la norma desde la que se generó la burbuja inmobiliaria, futura metástasis letal de la economía española y del bienestar social. Los municipios recurrieron a un endeudamiento feroz con tal de financiar proyectos urbanísticos megalómanos y satisfacer egos malogrados y bolsillos insaciables de especuladores profesionales que se hacían pasar por alcaldes, concejales o empresarios de la construcción.

La insostenibilidad de esta dinámica fue la coartada del renovado ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aprobar en 2013 su asfixiante Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Pocas normas generaron tanto consenso invertido en su tramitación: 3.000 ayuntamientos se pronunciaron en contra y hasta el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir dos veces para anular extralimitaciones gubernamentales del texto. La Ley Montoro es hoy sinónimo de secuestro financiero y político de los ayuntamientos. Significa servicios públicos que no se prestan o que se prestan en condiciones de calidad degradada. Y todo a costa de precarizar el empleo público y privado y de abandonar el cuidado de nuestras ciudades.

Ha llegado el momento de producir una transformación en la institucionalidad de nuestro país, de convertir la autonomía local en uno de los pilares centrales de la reconstrucción democrática. Es hora de levantar un nuevo municipalismo moderno, con derechos, cercano, transparente, sostenible, tecnológico, libre de corrupción, donde prime la calidad del servicio y donde la ciudadanía participe más y de manera vinculante en la toma de decisiones. De romper con el yugo financiero impuesto sobre las haciendas locales, tanto más por cuanto que los ayuntamientos llevan ya años presentando superávit en sus cuentas. De desatar el corsé legal que se les ha impuesto para señalar las prioridades de su ciudadanía. No se trata de volver a la barra libre de la época de los pelotazos, sino de responder mejor a las demandas de la gente para ser más eficaces y seguir ahorrando.

Estas alternativas no son ensoñaciones: cada día lo están demostrando municipios como Madrid, Cádiz, Barcelona, Zaragoza o A Coruña, que han aumentado la prestación de servicios a la ciudadanía al mismo tiempo que reducen la deuda pública; no es casual que al frente de ellos estén personas curtidas en el municipalismo social del 15-M o la PAH que ha luchado por los derechos, que ha sabido crear espacios comunes de cooperación y afectos, y está siendo tan capaz de federar proyectos orientados al equilibrio y la justicia. Hitos que nos señalan el camino para la reconstrucción territorial del país en clave plurinacional.

Desde el pasado 26J, en nuestro grupo parlamentario confederal hemos trabajado de la mano de los Ayuntamientos del Cambio en la iniciativa Ciudades con derechos, propuesta de derogación de la Ley Montoro en cuya elaboración y presentación participaron representantes de 8 ayuntamientos que agrupan a más de 5 millones de habitantes. Se equivocará quien desprecie la enorme capacidad de oposición de este frente municipal contra el nuevo gobierno.

Aunque todavía es capaz de producir un consenso entre sus élites para prolongar un gobierno débil, el modelo de país basado en el ladrillazo, la privatización y el deterioro de lo público da sus últimos coletazos. La alternativa ya está en marcha en las principales ciudades del país. Si una institución ha encarnado ese sentido práctico y ese compañerismo que toda democracia necesita para retroalimentarse, esa es el ayuntamiento, y por eso muchos y muchas estamos ya trabajando por recuperar los derechos de las ciudades y de las personas que las habitan.

___________________Iñigo Errejón Galván es portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y secretario político de Podemos.Auxiliadora Honorato Chulián es diputada por Sevilla, miembro de la Comisión de Hacienda y Adminsitraciones Públicas del Congreso y Secretaria de Acción Institucional de Podemos.