Cerco judicial a la infanta

En esta intrincada partida de ajedrez que es el caso Urdangarin, el juez es el peón que acelera ahora su avance por el tablero. Y Cristina de Borbón, la reina simbólica a la que puede terminar derribando

Los jugadores de ajedrez lo saben. Si, arrostrando todos los peligros, el peón cruza el tablero la reina está perdida. Y, en esta intrincada partida de ajedrez que es el caso Urdangarin, la reina simbólica y señalada como tal en cada bar y cada esquina no es otra que la infanta Cristina de Borbón. Hasta ahora, la hija menor del rey había permanecido blindada por una ausencia total de pruebas tangibles que la vincularan activamente a los oscuros manejos de su marido y su socio de años, Diego Torres: en el sumario, solo un correo de los aportados por Diego Torres retrata a la infanta como protagonista de una gestión a favor de su marido.

Pero los últimos pasos del juez instructor José Castro, un peón de la magistratura que no aspira a escalar y a quien presiones y tentaciones parecen importar un rábano, anuncian por primera vez un cerco de final todavía incierto. El juez no ha tomado todavía ninguna decisión. Y no parece probable que lo haga sin consultar primero con el fiscal del caso, Pedro Horrach, con quien hasta ahora ha formado un dúo sin fisuras.

La Fiscalía y el juez 

La Fiscalía sigue sin observar indicios de delito. Pero, con o sin consulta, si el juez José Castro concluye que la duquesa de Palma debe ser imputada, puede endosarle esa etiqueta sin obstáculos. La pelota del sumario, que ya ha hecho añicos las ventanas de la Casa Real, saldría disparada hacia el techo. Y acabaría en manos del fiscal Horrach, al que tampoco nada parece amilanar pero que se vería forzado a mantener una acusación para la que, según quienes le conocen, no encuentra sustento hoy.

En un dilema endiablado, a Horrach solo le quedarían dos alternativas: o acusar o pedir el levantamiento de la imputación y convertirse así en reo de las peores sospechas en un caso donde lleva empleándose con dureza granítica año y medio y que le ha llevado a investigar las conexiones de Urdangarin con un hacker ligado al CNI.

Que el cerco a la infanta ha comenzado resulta evidente. En solo dos semanas el juez ha mostrado tres signos claros de que Cristina de Borbón no queda fuera del perímetro de sus investigaciones. Primero, le preguntó a Urdangarin durante el interrogatorio del 23 de febrero si el objetivo de incorporar a su mujer como vocal a la junta directiva de Instituto Nóos, la pretendida ONG que recibió seis millones públicos, fue crear un “área de influencias”. Tres días después, enviaba a Hacienda un requerimiento para averiguar si alguno de la larga ristra de implicados o sus empresas se acogió a la amnistía fiscal: y la infanta es la única persona de esa lista que no consta como imputada.

Si lo anterior no bastaba como presagio de un cambio de rumbo, Castro dio el viernes el tercer paso: reclamar las actas de la junta directiva de Instituto Nóos. Según Urdangarin, no se celebró ninguna junta de Nóos. O, al menos, no lo recuerda. Pero el juez Castro, que interroga a los imputados con un estilo llano y por momentos zumbón o letal, hace mucho que puso en cuarentena la amnesia del yerno más célebre de Europa, el mismo que se declara incapaz de poner en pie el motivo por el que recibió un préstamo de 130.000 euros de la empresa que comparte con su mujer, Aizoon, o cuánto exactamente le pagó Telefónica en otoño de 2012 para hacer más llevadera su vuelta a España. “Pues no sé si fueron 200.000 euros”, respondió con lo que, a tenor de la transcripción de sus palabras, suena a desgana. El vídeo permanece bajo llave para evitar su emisión.

Por supuesto, sí que hay actas de Instituto Nóos. Como mínimo, dos están incorporadas a la causa, aunque el juez las quiere todas. Las dos que figuran en el sumario constituyen el alpha y el omega oficial de la relación de los duques de Palma con la ONG: la primera, del 23 de septiembre de 2003, refleja la reunión de la asamblea de Instituto Nóos que eligió nueva directiva, con Urdangarin como presidente y “SAR la infanta Doña Cristina” como vocal. La segunda, fechada el 20 de marzo de 2006, da cuenta del cese de los anteriores y de su sustitución por una nueva junta encabezada por Diego Torres.

De los cinco miembros que entre septiembre de 2003 y marzo 2006 dirigieron oficialmente Instituto Nóos en el cénit de un esplendor económico regado por el dinero público valenciano y balear, la infanta es la única que no está imputada. Su secretario y entonces tesorero de Nóos, Carlos García Revenga, mantiene de momento la condición de imputado. Urdangarin y Torres aparecen, por supuesto, en la primera fila de implicados judicialmente. Y recae otra imputación sobre el exasesor fiscal del duque de Palma y cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro.

La desmemoria de Urdangarin

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La desmemoria del exjugador de balonmano solo se quebró en dos puntos, ambos sustanciales pero solo uno de ellos relevante penalmente: el papel de su suegro, jefe del Estado e inimputable en España, y el papel de su mujer. La Casa Real, recitó Urdangarin, “no opinió, asesoró, autorizó o avaló” sus actividades en Instituto Nóos. La lectura, evocadora en cierta forma de la respuesta de Felipe González a de Iñaki Gabilondo en su histórica entrevista sobre el GAL –“nunca autoricé ni nunca encubrí”- , topa con el muro de los correos electrónicos entregados al juez por el abogado de Diego Torres.

Porque esos correos dibujan al monarca como el suegro que ayuda a su yerno moviendo sus contactos: primero, con Corinna Sayn Wittgenstein, la problemática aristócrata consorte rubia –es ella quien subraya esa característica de su físico como fuente de zancadillas- que intentó colocar a Urdangarin en Fundación Laureus con un “salario base” de 200.000 euros. Y, luego, sobre todo, los correos muestran al rey ayudando a Urdangarin en 2007 para una iniciativa náutico-empresarial –el Proyecto Ayre- auspiciado por la ONG más turbia de la serie Urdangarin: la Fundación DCIS, cuya insólita arquitectura societaria –era propiedad de una empresa- sirvió para sacar de España nada menos que medio millón de euros. ¿Cuándo? En 2007.

Pero si nada de lo anterior posee interés penal dada la inviolabilidad que el ordenamiento jurídico español confiere al rey, las cosas son muy distintas para su hija. Y todo apunta a que el juez quiere despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que Cristina de Borbón hubiese perpetrado un delito. ¿Delito de tráfico de influencias como persona con un puesto equiparable al de un cargo público? ¿Delito fiscal por beneficiarse de los ingresos que Instituto Nóos reportó a la empresa Aizoon y que tanto el fiscal como el juez consideran ilegales de plano? La incógnita está por resolver. Pero, sea cual sea la respuesta, llegará previsiblemente mucho antes de que el rey se reincorpore a su actividad ordinaria tras una baja que acaba de iniciar y cuya duración se calcula de entre dos y seis meses. La causa, una hernia discal. Doble.