Los cinco hachazos de la ‘ley Wert’ a la escuela pública

La presión de la comunidad educativa ha empujado al Gobierno a no incluir en el orden del día del Consejo de Ministros de este viernes el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tal y como estaba previsto. La versión oficial es que "hay pendientes unos flecos de la memoria económica" que hacen imposible que la llamada 'ley Wert' sea aprobada este viernes.

Sin embargo, este aplazamiento llega después de la primera jornada de huelga de toda la historia secundada por docentes, alumnos y familias en todos los niveles educativos. Aunque la evalución del seguimiento del paro arrojó resultados muy diferentes dependiendo de quién se encargara de hacer el recuento, sí hubo manifestaciones multitudinarias en más de una treintena de ciudades. Las más numerosas tuvieron lugar en Madrid y Barcelona. 

Según los sindicatos no acudió a clase más del 72% de los profesores de la pública y el 25% en la concertada. El Ministerio de Educación rebajó la cifra a menos del 20%. 

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública –integrada por Sindicato de Estudiantes, CGT, UGT, FETE-UGT, CCOO, STEs, CEAPA y mRp– y convocante de esta jornada de movilizaciones cree que el respaldo fue "muy mayoritario" y supone, por tanto, la expresión de un rechazo "absoluto" a los recortes que viene sufriendo el sector desde 2009 y una "enmienda a la totalidad" de un borrador que ya fue cuestionado en un informe hecho público a finales del pasado abril por el Consejo de Estado. Entre otros asuntos, este órgano reclamó el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y censuró que las autonomías con lengua cooficial tengan que pagar un centro privado en el caso de que un alumno demande clases en castellano como prevé el borrador.

Estos son los puntos más polémicos incluidos en el anteproyecto de la norma educativa: 

pruebas externas 

El anteproyecto incluye la implantación de "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Es decir, si se aprueba en los términos en los que está redactado en la actualidad, los alumnos realizarán su primera prueba cuando acaben sexto de Primaria. Aunque esta no tendrá carácter eliminatorio sí constará en el expediente. La segunda prueba, que tendrá lugar en cuarto de ESO, sí tiene crácter excluyente y contará un 30% frente al 70% del total de la Secundaria. Si el alumno no aprueba, no podrá obtener el Graduado Escolar. Se eliminará la actual Selectividad, el criterio de acceso a cada universidad será definido por cada centro y para obtener el título de Bachiller también será necesaria la superación de una nueva "reválida". 

Los sindicatos consideran que este sistema de evaluación es una "carrera de obstáculos" y que será exclusivamente utilizado para "seleccionar a los mejores estudiantes" y no como instrumento de superación de las dificultades. Además, expertos críticos alertan de que provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones. 

Itinerarios segregadores

Uno de los aspectos más criticados de la reforma es su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. En cuarto de ESO los alumnos tendrán que elegir entre una vía académica y otra profesional. Es lo que el anteproyecto define como "flexibilación de la trayectorias". Sindicatos y organizaciones en defensa de la educación pública como Soy Pública consideran, sin embargo, que esta medida tiene como objetivo "segregar a los alumnos" y "no aspira al éxito de todo el alumnado". 

Escuela concertada

Aunque el borrador prevé que en las escuelas no habrá discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sí asegura mantener los conciertos a los colegios que segregan por sexo –un total de ocho centros situados en la Comunidad de Madrid– al señalar que lo dispuesto anteriormente "no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos". 

De hecho, el borrador de la LOMCE sí recoge alguna de las reclamaciones tradicionales de la escuela concertada. Entre ellas, prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la pública o abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. No es ningún secreto que la privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los alumnos, recurre a barreras económicas (complementos de formación, seguros médicos, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico...) para, de alguna forma, cribar a los alumnos a través de la capacidad adquisitiva de sus familias. De hecho, según un informe de la OCU, el 91% de los colegios concertados obliga al pago de cuotas a pesar de que la educación en estos centros debe ser totalmente gratuita porque reciben fondos públicos.

Cambios en el currículo

El borrador también establece el "refuerzo en todas las etapas" del "aprendizaje de materias instrumentales" como lengua o matemáticas. Asociaciones como Soy Pública denuncian que, con esta medida, lo que se pretende es "eliminar asignaturas más creativas" como música y artes plásticas. Además, el Gobierno central fijará el 100% de los temas de asignaturas como Matemáticas, Lengua y Literatura castellanas o Ciencias Sociales y Naturales. En la ESO, además, esa normativa afecta a la materia Geografía e Historia, con lo que la Historia propia de cada autonomía quedaría fuera de la obligatoriedad. Si el borrador se aprueba finalmente en los términos que se conocen, el Gobierno fijará el currículo básico del 55% del horario escolar en las comunidades con lengua cooficial y un 65% en las que no la tienen.

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Además, se recupera una asignatura alternativa a la Religión que se tendrá el nombre de Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria y se suprime completamente Educación para la Ciudadanía tal y como exigían los obispos. 

Más poder para los directores

El refuerzo a la autonomía de los centros está basado, según los críticos, en la competencia entre ellos. De hecho, la "rendición de cuentas" es un concepto que se repite en el texto en varios ocasiones. Los críticos con la LOMCE critican que da un poder "desmedido" al director para elegir al profesorado y "suprime" las competencias del Consejo Escolar al considerarlo sólo un órgano consultivo.