La Ley de Transparencia se topa con dos escollos: la Iglesia y la Casa del Rey

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado este jueves un gran paso hacia la tramitación parlamentaria de uno de los proyectos estrella de su ejecutivo: el de la Ley de Transparencia. La vicepresidenta del Gobierno se ha enfrentado en el Congreso a seis enmiendas a la totalidad al proyecto inicial. Pero, por el contrario, ha salvado dos a última hora, las de CiU y PNV y ha conseguido que el PSOE le otorgue un voto de confianza. 

En gran parte, la retirada de estas enmiendas ha tenido mucho que ver con la garantía por parte del Ejecutivo a CiU y PNV de que la nueva norma no va a invadir competencias. Así, ambas formaciones han arrancado a Vicepresidencia el compromiso de retocar el capítulo de buen gobierno, al que los nacionalistas ponían peros al entender que invadían competencias locales y autonómicas al facultar al ministro de Hacienda a sancionar a alcaldes y concejales y cargos autonómicos.

De paso, con este compromiso, el Gobierno consigue un mayor acercamiento del PSOE que no compartía en absoluto la parte dedicada a buen gobierno dentro de la ley. Ligado a esto, el Ejecutivo ha cambiado sobre la marcha el organismo controlador, algo que también convence más a estos tres partidos: se cambia la agencia de transparencia por un consejo "más independiente" y desligado del control del Gobierno. El PP tendrá ahora qué explicar de qué forma se garantiza la pretendida independencia. Es decir, quién controla al controlador.

En el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría se muestran contentos con estos primeros pasos dados. Pero saben que la tregua se acaba en una semana: cuando los grupos comiencen a registrar las enmiendas parciales. Es en este momento en el que se empezará hilar fino, a detallar la letra pequeña del texto y cuando deje de ser un misterio el alcance real de la norma para instituciones como la Corona o para la iglesia. 

"Las migajas del rey"

En estas ideas hicieron hincapié el resto de grupos, que lamentaron que el Gobierno les pida un voto de confianza, a ciegas, cuando el texto de la ley es todavía muy impreciso. En este sentido, en representación de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su ponente, Joan Josep Nuet, consideró que lo que hasta ahora conocen de la norma se les queda corto. Y que, por ejemplo, en lo relativo a la Casa Real se debe ser más concreto para que se conozca la agenda de sus miembros, sus negocios y su patrimonio y no se dé a los ciudadanos sólo "las migajas". La intención del Gobierno, según quedó patente tras escucharse a la vicepresidenta, y según se ha insistido en las últimas semanas desde el PP, es la de que se someta a Zarzuela a un control similar a que se someterá a Congreso y Senado. Al igual que ocurrirá con el Banco de España.

Estado de opacidad

Ver más

¿Podrán pues saber los ciudadanos qué uso da la Casa del Rey a aquellos edificios de Patrimonio Nacional que escapan al control del Gobierno, como ocurre por ejemplo conla finca La Angorrilla, donde se alojó la princesa Corinna, "amiga íntima" del monarca? Todo apunta a que no.

En un sentido similiar, Nuet exige que, en el caso de la Iglesia, los ciudadanos puedan saber " en qué invierte esta entidad privada el enorme caudal público con el que se la mantiene". Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido imprecisa y contradictoria. La Iglesia niega contactos para ser incorporada a esta ley. Y Moncloa sostiene que sí, que irá incluida. Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo este jueves que el Ejecutivo pedirá la inclusión "de las entidades privadas que reciban financiación pública relevente". Pero que antes habrá que "fijar porcentajes o cuantías minimas de esos porcentajes". Por ahora todo queda, pues, muy abierto.

Esta fue precisamente una de las principales quejas de UPyD, que pretende que todas las entidades privadas que reciban fondos públicos, "todas", rindan cuenta de ellos.