Activistas y vecinos logran parar el desalojo de tres familias en Madrid

La concentración de unas cincuenta personas entre vecinos, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las propias familias afectadas ha conseguido paralizar provisionalmente el desalojo de los propietarios de las casas situadas en la calle Ofelia Nieto número 29 de Madrid. Estas familias iban a ser expulsadas para derribar sus viviendas, que según el Ayuntamiento impiden la ampliación de una calle. No obstante, los afectados denuncian que tan solo 6 metros cuadrados de su propiedad interfieren en este proyecto de ampliación.

Las familias afectadas, junto a miembros de la PAH, han esperado a la Policía encerrados dentro de su vivienda, recubierta de pancartas que denunciaban que el derribo de su casa está previsto "por especulación". Los vecinos, por su parte, se han situado enfrente de la vivienda para protestar por la medida, mientras otros les apoyaban desde sus balcones haciendo sonar ruido de cacerolas. La máquina de demolición, que esperaba al final de la calle junto a una ambulancia del Samur, no se ha acercado finalmente a la vivienda y, a las 9.10 –el desalojo estaba programado para las 9– tanto una como otra se han marchado. Los coches de policía, por su parte, han comenzado a hacerlo unos cinco minutos más tarde.

Sin embargo, esta paralización no es definitiva, ya que el Ayuntamiento cuenta con 30 días hábiles para desalojar la vivienda al tratarse de un derribo y no de un desahucio, por lo que las familias han decidido mantener la casa permanentemente ocupada durante este periodo. Asimismo, un activista de la PAH ha avanzado que protestarán "en Cibeles", donde se encuentra la sede del consistorio.

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Los propietarios de estas viviendas llevan diez años luchando para evitar su desahucio, según afirma la PAH de Madrid. Este desalojo está motivado porque una mínima parte de la construcción –apenas seis metros cuadrados– interfiere en la ampliación de una calle, contemplada en el Plan de Urbanismo de 2004. Para más inri, según afirma la Plataforma, las familias han ofrecido derribar esta pequeña parte de sus viviendas sin haber sido escuchadas por el Ayuntamiento.

La PAH de Madrid afirmaba en un comunicado hecho público en su página web el pasado día 7 que por esta calle se puede "transitar a la perfección" actualmente, y aseguraba que el desahucio obedece a razones especulativas, al señalar que "los beneficios resultantes de derribar la casa y construir un nuevo bloque serán exclusivamente privados". Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha rechazado las acusaciones de "prevaricación" vertidas por la PAH de Madrid, que afirma que no ha existido una disposición judicial que ordene el desalojo. En declaraciones a infoLibre,una portavoz del consistorio ha declaradoque la autorización para entrar en el domicilio proviene "de una instancia judicial". Fuentes jurídicas de la PAH, por su parte, han confirmado que el Ayuntamiento tiene 30 días para ejecutar el desalojo, ya que se trata de un derribo, y que la nota interna tan solo informa de cuándo está planeado.

Asimismo, el Ayuntamiento resalta que "ha depositado en las correspondientes Cajas de Depósitos 399.123 euros que hacen frente al coste de la expropiación de la finca, cantidad fijada por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa", así como que "dicha cantidad fue recurrida por los titulares de la casa, que pedían 1.800.000 euros, un recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia".