El conflicto en seis claves

1.134 trabajadores del servicio municipal de limpieza de Madrid tiene su puesto de trabajo en peligro. ¿Por qué tres de las cuatro empresas contratadas por el ayuntamiento han iniciado ERES? ¿Va a enviar Ana Botella a la empresa públicia Tragsa, o incluso al Ejército, a barrer las calles? ¿Sabía la alcaldesa que este conflicto era inevitable tras una rebaja salvaje de las contratas? Son algunas de las cuestiones para entender la huelga que ha convertido Madrid, tras diez días de conflicto laboral, en la capital europea de la basura.

¿En qué consiste el megacontrato de la limpieza de Madrid?

El actual contrato de limpieza unifica los 39 acuerdos de años anteriores. El documento, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, está dividido en seis lotes que corresponden a diferentes zonas de Madrid. La ciudad queda distribuida de la siguiente manera: el lote 1 abarca la zona Centro, Chamberí, Tetuán, el barrio de Argëlles, y el bulevar de la Castellana; el lote 2 cuenta con Arganzuela, Retiro, Salamanza y Chamartín; el lote 3 reuine la zona de Fuencarral, El Pardo, Moncloa, Aravaca y Latina; el lote 4 incluye Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal, San Blas y Canillejas; el número 5 aúna  Moratalaz, Puente, Villa de Vallecas y Vicálvaro; el lote 6 reúne Usera, Villaverde y Carabanchel.

Se trata de un contrado de 8 años prorrogable dos años mas. Por lo tanto, el actual acuerdo podría extenderse hasta 2021. 

El presupuesto destinado a la limpieza de calles y zonas infantiles ronda en estos momentos los 200 millones de euros anuales. Diego Sanjuanbenito, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del PP, anunció el 1 de agosto que "gracias al nuevo contrato" de limpieza en espacios públicos el Ayuntamiento de Madrid ahorraría 600 millones de euros hasta el año 2021. 

El municipio redujo para este un 10% respecto al año anterior el presupuesto destinado a la gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes. Al salir a subasta pública, las empresas participantes en el concurso redujeron el presupuesto un 30% más. Por lo tanto, el presupuesto actual es un 40% inferior al del año 2012.

Las empresas que participaron en el concurso han asegurado en un comunicado emitido este jueves que "no contemplaban la realización de Expedientes de Regulación de Empleo" cuando licitaron a la baja para conseguir los contratos. Sin embargo, tres de las cuatro empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza –OHL, FCC, Sacyr y Cespa– han presentado finalmente ERES que afectan a 1.134 trabajadores. 

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que "no conocía la aplicación de este tipo de medidas laborales" a la hora de adjudicar los contratos. UPyD ha señalado que el equipo de Ana Botella era consciente de que "una rebaja tan brutal del presupuesto iba a tener consecuencias", "sabían que esto iba a pasar", ha aseverado. 

¿Se Exige en las cláusulas del contrato un número mínimo de trabajadores?

Las bases del concurso mediante el que se adjudica la gestión de los servicios públicos de limpieza no exigen un número determinado de personal como requisito para la concesión del contrato. El pliego de condiciones de años anteriores para la misma concesión si establecía un número mínimo de empleados a las empresas participantes en la licitación. La adjudicación actual de los contratos responde al principio de "calidad de los servicios", según reza eufimísticamente el pliego de cláusulas administrativas del contrato.

 "La nueva contratación no está dirigida a que haya menos puestos de trabajo ni tiene esa implicación práctica –aseguró el delegado de Medio Ambiente, Sanjuanbenito, durante el pleno del Ayuntamiento de Madrid el 1 de julio–  No se están sustituyendo servicios ni se están eliminando, se están agrupando". En este sentido el delegado aseveró que "un ahorro de costes" no supone "una pérdida de puestos de trabajo" en referencia al nuevo sistema de concesión de contratos.

¿el Ayuntamiento garantizó que no habría despidos?

PSOE, IU y UPyD denunciaron en su momento que el nuevo sistema de adjucación ponía en riesgo cientos de empleos. El Ayuntamiento de Madrid aseguró entonces que mediante el nuevo contrato "los empleados serían subrogados" a las adjudicatarias en función de la zona en la que operase la empresa. Pero nada más. Dado que la concesión de los servicios de limpieza está repartida entre cuatro empresas diferentes –OHL, Cespa, Sacyr y FCC– "los empleados podrían pasar de una empresa a otra". En realidad se trataba del único compromiso público del Ayuntamiento con los empleados de las contratas.

¿Puede limpiar las calles una empresa pública en plena huelga?

Si el Ayuntamiento de Madrid encarga, tal y como parece inevitable, que la empresa pública Tragsa cubra los servicios mínimos de la huelga –el equipo de Ana Botella sostiene que los sindicatos los incumplen–, esta no puede negarse a intervenir. Se trata de una empresa 100% pública y por lo tanto su actuación depende únicamente de las decisiones tomadas por parte de la Administración. Los sindicatos, que insisten en que esos servicios se están cumpliendo, han denunciado que la intervención de Tragsa sólo debería darse si se declarara una emergencia sanitaria por parte de la Consejería de Sanidad. Pero no existe ninguna disposición legal que establezca este requisito, según el Ayuntamiento, que insisite en que es responsabilidad de la Administración asegurar unos servicios mínimos de limpieza. "Si estos mínimos no se cumplen, entonces es responsabilidad del Ayuntamiento tomar ciertas medidas", explican a infoLibre.

Ana Botella, alcaldesa de Madrid, aseguró el pasado miércoles que si en 48 horas las empresas concesionarias de la limpieza no conseguían llegar a un acuerdo, encargaría a Tragsa la recogida de basuras hasta la resolución del conflicto. Desde el Ayuntamiento han explicado que el proceso es el siguiente: la Administración oportuna, en este caso el municipio, debe denunciar que no se cumplen los servicios minimos; acto seguido, el Ayuntamiento interviene mediante la contratación de otra empresa para que se haga cargo del incumplimiento de los servicios mínimos que no ha garantizado la adjudicataria. Este coste se le repercutirá a la empresa concesionaria por no haber cumplido con esos servicios mínimos, según insisten desde el departamento dirigido por Ana Botella.

Jaime Lissavetzky, portavoz del grupo municipal socialista, ha señalado que “para justificar la intervención de la empresa Tragsa, Botella tendría que facilitar datos exactos” que demuestren que no se están cumpliendo los servicios mínimos de limpieza.

¿Rompe la intervención de Tragsa el derecho a huelga?

Los expertos difieren sobre si es legal suplir servicios mínimos en una huelga. Mientras algunas fuentes señalan que la intervención de una empresa pública debería estar precedida por un verdadero riesgo para la salud, otras aseguran que el derecho de los huelguistas se reduce al ámbito de su propia empresa y no deben trascender a un servicio público. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que en ningún caso la intervención de una empresa pública para cubrir los servicios mínimos de limpieza vulnera el derecho a huelga. Si la intevención de Tragsa se limita a cubrir los servicios mínimos de limpieza, sin superar el 40% de los servicios de limpieza y el 25% del mantenimiento de zonas infantiles, la medida respeta el derecho a huelga, y por lo tanto es legal, han señalado. 

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Desde Izquierda Unida han destacado que cualquier intervención por parte de la Administración "viola el derecho de los trabajadores y rompe la huelga". Por su parte, UPyD comparte el argumento del Ayuntamiento de Madrid: "Mientras la intervención de Tragsa no supere los servicios mínimos no podemos hablar de una violación de la huelga".

¿Existen antecedentes?

Según el Ayuntamiento de Madrid, la intervención de empresas públicas durante las huelgas de basuras en Jeréz de la Frontera en noviembre de 2012 y en Sevilla en febrero de este año, son dos precedentes. En ambas huelgas la Administración recurrió a Tragsa para cumplir los servicios mínimos de limpieza. El equipo de Ana Botella "no se ha planteado en ningún momento la intervención del Ejército", tal y como se había sugerido desde algunos sectores del PP, según fuentes municipales.