Las listas de espera de la pública, un negocio para la sanidad privada

El aumento de las listas de espera para operarse en la sanidad pública, consideradas un buen termómetro para medir cómo los recortes en plantillas y presupuestos afectan a la calidad asistencial, preocupa a los gobiernos autonómicos. La demora para entrar en quirófano conlleva indudables perjuicios para los pacientes y plantea problemas de imagen para los gobernantes. Ante esta situación, es habitual recurrir a iniciativas de carácter coyuntural o puntual como son los planes de choque que incluyen, entre otras medidas, derivaciones masivas a clínicas privadas en las que suelen realizarse cirugías sencillas para aligerar las listas de espera, como cataratas, juanetes, hernias, liberación del túnel carpiano o varices. Al menos cuatro autonomías –Castilla-La Mancha, la Comunidatd Valenciana, Aragón y Castilla y León– han puesto en marcha iniciativas de este tipo en los últimos meses.

Es cierto que son prácticas habituales desde mediados de los noventa en administraciones de uno u otro color político, aunque los sindicatos denuncian que se vuelva a abrir el grifo de los conciertos con entidades privadas precisamente ahora, cuando más se está recortando en la sanidad pública. Creen que son operaciones de desatasco que no contribuyen a estabilizar el empleo de calidad. "Estamos absolutamente en contra de estas derivaciones que se corresponden a una estrategia política e ideológica de desmantelamiento de la sanidad pública", señala Pilar Navarro, secretaria del sector de Salud de UGT. Según cifras de su organización, la sanidad pública ha perdido 22.000 empleos desde abril de 2012, cuando el Gobierno aprobó el real decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Ana Ruiz, secretaria de Comunicación de la Federación de Sanidad de CCOO, explica que la apuesta de su sindicato es reclamar modelos que apuesten por reducir las listas de espera optimizando la utilización de los recursos propios y las políticas de contratación que generen empleo.

"Llevamos tiempo alertando de que este decreto iba a reducir el número de empleados públicos y que eso iba a mermar la calidad y, por tanto, iba a tener consecuencias para los ciudadanos", añade Navarro. Como consecuencia de las restricciones presupuestarias –desde 2010 la sanidad pública ha perdido más de 6.800 millones de euros de presupuesto–, las autonomías cortaron el grifo de los traslados a la privada. Según una encuesta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas los conciertos se habían reducido un 15% en 2012. Esta medida ha contribuido al repunte de la demora quirúrgica, unida al hecho de que en la mayoría de las comunidades no se cubran los periodos de vacaciones o las bajas de los profesionales, a que las plazas de jubilaciones son amortizadas, a la no renovación de contratos de interinos y eventuales o a la eliminación de operaciones en horas extra. Y ahora, para reducir esas listas, algunas autonomías optan por recurrir a las derivaciones en lugar de utilizar esos fondos de forma íntegra en reforzar los recursos de la sanidad pública. El argumento utilizado para justificar esta práctica es que es más barato concertar un volumen determinado de intervenciones con clínicas privadas que pagar horas extra para hacerlas en la pública. 

Acuerdos con clínicas privadas

Castilla-La Mancha, y su peculiar forma de reducir la lista de espera, ha estado en el foco mediático en los últimos días. Especialmente después de que infoLibre desvelara que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) había llegado a acuerdos con clínicas privadas de Madrid y la Comunidad Valenciana para llevar a cabo operaciones quirúrgicas de pacientes castellano-manchegos y reducir así una lista de espera sanitaria que acumulaba el pasado diciembre 37.656 pacientes más de los que había cuando María Dolores de Cospedal llegó al poder.

La explicación que dio la Consejería de Sanidad es que los precios ofertados por los hospitales privados de ambas comunidades eran más ventajosos para las arcas públicas, a pesar del indudable perjuicio que supone para los pacientes tener que desplazarse hasta 250 kilómetros para ser intervenidos de patologías en primera instancia como cataratas, vesícula, juanetes, hernias o varices. A pesar de haber sido reclamados por este diario, el Sescam no ha facilitado los contratos suscritos con estos centros sanitarios, así como el coste económico de esas derivaciones. El PSOE ha pedido una comisión de investigación por este asunto en Las Cortes.

Castilla-La Mancha es, por tanto, un ejemplo de Administración que renuncia a combatir la lista de espera con sus propios profesionales. El citado plan de choque –puesto en marcha en septiembre de 2013– estaba dotado con 15 millones de euros. Y aunque preveía la contratación de personal de algunas especialidades para reforzar plantillas en los hospitales, según fuentes de la Consejería de Sanidad el número de contrataciones fue de 15.

Aragón es otra de las autonomías que ha tirado de sanidad privada para apresurar la reducción de su lista de espera. Este enero, la Consejería de Sanidad anunció un nuevo plan de choque dotado con 1,8 millones de euros, con los que pretende financiar 1.500 procesos quirúrgicos en clínicas privadas de la Comunidad. Entre ellas destacan habituales en conciertos anteriores como las clínicas Quirón, Montpellier, Montecanal, El Pilar o la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ). En 2013, el Servicio Aragonés de Salud (Salud) llevó a cabo una iniciativa similar, por la que pagó 2,4 millones de euros a hospitales privados para que realizaran 2.975 intervenciones, según informó Heraldo de Aragón. El Salud decidió volver a concertar después de que la lista de espera quirúrgica alcanzara niveles récord en los últimos meses.

Asimismo, en el último trimestre de 2013, el Gobierno de Aragón destinó 2,6 millones de euros provenientes del Plan Impulso para la realización de más sesiones quirúrgicas en jornada de tarde mediante la contratación de profesionales específicamente para este fin. Según datos del Salud, hubo 170 personas contratadas durante esos meses. Es imposible saber qué incidencia tuvo este plan porque el Gobierno de Aragón lleva desde junio de 2013 sin publicar datos de demora quirúrgica. 

El pasado septiembre, la Conselleria de Sanitat valenciana reanudó un plan de choque dotado con nueve millones de euros destinados íntegramente a concertar intervenciones con clínicas privadas “en aquellas patologías con mayor demora”, tal y como anunció en su momento el conseller de Sanitat, Manuel Llombart. A la vez, según explicó, se mantendría el Plan de Autoconcierto en la red pública sanitaria, dotado con dos millones de euros. A finales del pasado enero, según informan desde la Conselleria, 4.254 pacientes en lista de espera habían aceptado el traslado a centros privados para ser intervenidos. Estas intervenciones tuvieron un coste de cinco millones de euros y está previsto que se lleven a cabo al menos 2.700 más hasta alcanzar los nueve millones presupuestados. En esta comunidad, las listas de espera habían aumentado de forma considerable –un 20% entre junio y diciembre de 2012– después de que la Generalitat optara en el verano de ese año por detener de forma radical la derivación de pacientes a la privada que se venía realizando desde 1997 y decidiera aumentar las intervenciones en horas extra. 

No obstante, según cálculos de CCOO, si la inversión económica destinada hasta finales de 2013 al nuevo plan de choque se hubiera destinado al autoconcierto, los resultados en cuanto al número de intervenciones con posibilidad de llevarse a cabo habrían triplicado las intervenciones previstas por Sanitat. Su explicación es que si en el plan estival de 2013 se destinaron al autoconcierto público cerca de 2 millones y se realizaron 4.770 intervenciones, con los 9 millones destinados al plan de derivaciones el total de intervenciones a realizar alcanzaría las 21.465. Una cifra que triplica las 7.000 intervenciones anunciadas por la conselleria. 

En marzo de 2013, Castilla y León también puso en marcha un plan de choque para reducir su lista de espera, dotado con 15 millones de euros que contenía varias iniciativas, entre ellas los conciertos con clínicas privadas. De hecho, en ese periodo, mientras la actividad quirúrgica con medios propios con respecto al mismo periodo de 2012 se incrementó en un 12% –pasaron de 73.226 a 82.325–, las operaciones en la privada aumentaron más de un 77%. Pasaron de 1.378 en 2012 a 6.116 en 2013. Durante el periodo en el que estuvo en marcha el plan, la Gerencia Regional de Salud contrató para este periodo y con destino a los distintos hospitales nuevos equipos quirúrgicos con un total de 128 profesionales, para lo que se destinó un presupuesto de 2.489.915 euros. La Junta ya ha autorizado la renovación o contratación de 150 profesionales durante los primeros seis meses de 2014. Estas iniciativas lograron reducir la demora quirúrgica un 28%. Así, mientras en marzo de 2013 la lista era de 39.384 pacientes, a fecha de 31 de diciembre de 2013 se situaba en 28.306. 

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Una práctica instaurada en los noventa

La entrada de empresas privadas en el negocio de las listas de espera de la sanidad pública comenzó a mediados de los noventa. Según fuentes del sector, fue precisamente la antigua Capio –ahora IDC Salud–, empresa que gestiona tres hospitales de gestión privatizada en Madrid, la primera compañía que avistó el negocio. Construyó una red de clínicas bajo el nombre de Recoletas dedicada a la atención a pacientes en lista de espera. Su idea era hacer beneficio vía conciertos, reduciendo la demora quirúrgica. 

Según explican los doctores Agustín Cañizares Ruiz y Álvaro Santos Gómez en el estudio Gestión de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, publicado por la Fundación Alternativas, esta “derivación” de pacientes se realiza por volumen para conseguir la reducción del número total de pacientes en lista de espera y también, mediante un adecuado mix de pacientes en tramos diferentes, de los tiempos de demora media. "Habitualmente, el método utilizado es el procedimiento negociado con diferentes proveedores privados, adjudicándose el paquete al que cumple los criterios, generalmente el de menor precio, o aquellos proveedores implantados en la región", explican. "En ocasiones, este proceso de derivación se da sin conocimiento de los profesionales implicados y, por tanto, sin asumir responsabilidad alguna en su utilización y resultados", sentencian.