El verdadero debate sobre el estado de la nación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se enfrenta el martes y el miércoles próximos a su segundo debate sobre el estado de Nación con la intención de hacer un balance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hasta el momento, así como de las actuaciones previstas en su plan de reformas para los próximos meses.

El mensaje clave no es un secreto. Desde antes el verano, tanto el presidente como sus ministros y el Partido Popular, el partido del Gobierno, se han conjurado para vender recuperación económica con un lema: “Lo peor ya ha pasado”. Ahora, Rajoy solemnizará este anuncio señalando que enfila la segunda mitad de la legislatura con el objetivo de cumplir con su programa electoral, dejar atrás la crisis económica y afianzar el camino de la consolidación y la creación de empleo. La reforma fiscal, que llegará al Congreso de los Diputados en mayo y que empezará a aplicarse en 2015, año electoral, juega un papel clave en esta segunda fase de legislatura.

“Ha llegado el momento de abordar una reforma integral del sistema tributario, con el objetivo de definir un modelo más sencillo, que permita garantizar la suficiencia de recursos al tiempo que contribuir al crecimiento económico”, precisan desde el Ministerio de la Presidencia en la comunicación remitida a la cámara Baja con motivo de este debate. Salvo cambios de última hora, la concreción sobre la futura reforma fiscal no será muy amplia. El Gobierno nombró un grupo de trabajo que aún no ha presentado sus conclusiones y, según fuentes del Ministerio de Hacienda, entrar en detalles con el proceso sin finalizar sería "imprudente", máxime si se tiene en cuenta que de esta iniciativa partirá otra de gran calado, y también polémica, como es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Si nos atenemos a la mencionada comunicación de Presidencia, además de vender recuperación económica, Rajoy pondrá el énfasis en la Ley de Emprendedores, en la reforma de las Administraciones Públicas, en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el paquete de medidas anticorrupción cuyo grueso pasó este viernes por el Consejo de Ministros, en la reforma educativa, en la Ley de Transparencia y en la lucha contra el terrorismo. Pero el año que ha transcurrido desde el anterior debate sobre el estado de la Nación ha dado mucho más de sí. Hay elementos, no prioritarios en el discurso inicial del Gobierno, que han generado mucho debate político y social y sobre los que los que la oposición pondrá el acento a la espera de un pronunciamiento claro del presidente del Gobierno. Sin ellos, el paisaje del estado de la Nación no está completo.

A continuación, se repasan algunos de estos temas:

Reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto ley del abortoes prácticamente el único cumplimiento del programa electoral puesto en marcha por los conservadores. Y, además, un quebradero de cabeza. Ni Rajoy, ni el Gobierno, ni los parlamentarios del PP, ni los dirigentes del partido quieren hablar sobre ello, sobre todo porque no es una iniciativa con la que todos se sienten identificados. Es una cuestión que esquivan. Pero va a ser un tema recurrente en el debate que se celebra la próxima semana en el Congreso de los Diputados y en los próximos meses, sobre todo de cara a la campaña de las elecciones europeas que se celebrarán el 25 de mayo.

Tras varios meses posponiendo la presentación de un texto, el Consejo de Ministros del 20 de diciembre de 2013 dio luz verde al anteproyecto de ley más restrictivo de la democracia. El texto acaba con el sistema de plazos de la ley socialista de 2010 y vuelve a un sistema de supuestos suprimiendo el de la malformación fetal. 

Mientras el Ministerio de Justicia espera los informes de los órganos consultivos solicitados, los partidos de la oposición han intentado ya en varias ocasiones que el Congreso se pronuncie sobre el anteproyecto y oblige a Alberto Ruiz-Gallardón a retirar su iniciativa. Pero todas estas iniciativas topan con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, que se mantiene firme en su defensa de la iniciativa que le llega desde el Gobierno con el argumento de que se trata de una promesa firmada por Rajoy con sus electores en las generales de noviembre de 2011. 

Los socialistas forzaron hace un par de semanas que se votara en secreto la retirada de la ley. Los diputados del PP votaron como una piña. Pero Rajoy sabe que se trata de un espejismo. Barones como José Antonio Monago (Extremadura) o Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, le recuerdan, casi a diario, que tiene un problema con esta reforma.

Ante la rebelión interna dentro de su propio partido y el malestar en un sector del Gobierno, el presidente ha dejado la puerta abierta a modificar el texto para lograr todo el consenso posible. En este caso, Rajoy desempeña el papel de poli bueno frente a un Ruiz-Gallardón que apela al cumplimiento de acuerdos con Naciones Unidas para justificar la supresión del supuesto por malformación.

¿Hasta qué punto compensa dar luz verde a un texto tan restrictivo? ¿Es tan amplio el apoyo que podría lograrse entre los votantes más conservadores del partido?¿Qué mensaje se lanza al electorado? El Gobierno lleva semanas haciéndose estas preguntas. Para responderlas se va a dar algo de tiempo. De momento, hasta pasadas las europeas no se quiere iniciar los trámites parlamentarios.

Las últimas declaraciones del presidente del Gobierno al respecto han sido algo confusas. El pasado miércoles, en la sesión del control tuvo que responder sobre esta reforma. Su salida fue la de sostener que el texto que Ruiz-Gallardón llevó al Consejo de Ministros es mejor que la ley actual puesto que pretende devolver la cuestión al consenso y al espíritu de la ley de 1985. Sobre esto, dos precisiones. Una: los conservadores no votaron a favor de esa ley que tanto alaban ahora. Y dos: en la ley de 1985 sí figuraba el supuesto de malformación que Justicia ha suprimido.

Los 'papeles de Bárcenas'

En una estrategia muy calculada ante la proximidad del debate sobre el estado de la Nación, el Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde al grueso de la legislación en materia anticorrupción. No pasa por alto que este compromiso fue lanzado por el propio Rajoy hace un año, en su primer debate como presidente del Gobierno. Por entonces, no había transcurrido ni siquiera un mes desde que se publicaran los papeles de Bárcenas. Consciente de que los partidos de la oposición le iban a pedir cuentas, fue él mismo el que sacó el tema en su primera intervención anunciando las iniciativas legislativas que este viernes recibieron el visto bueno para ser ya remitidas a la cámara Baja para el posterior debate parlamentario.

Lo mismo se prevé que haga en esta ocasión, anticipándose a las posibles exigencias de responsabilidad por parte de la oposición. El Gobierno ha aprobado ya una serie de normas para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos y la regulación del ejercicio del cargo público y Rajoy quiere sacar pecho de ello. Aunque cada uno de los enunciados de estas leyes parecen encaminados a evitar nuevos casos Bárcenas y Gürtel, el presidente siempre intenta desvincularlo y lo circunscribirá a la corrupción política en general. 

A su favor, cuentan los suyos, está el hecho de que gran partes de los partidos de la oposición tienen algún escándalo en sus filas. A lo largo del último año, la vicepresidenta del Gobierno, por ejemplo, no ha dudado en pasar al ataque en la cámara Baja para poner a los socialistas ante el espejo de los ERE de Andalucía.

En La Moncloa cuentan, no obstante, con que el nombre de Luis Bárcenas sea puesto sobre la mesa por los partidos de la oposición no conformes con las explicaciones que dio el presidente del Gobierno el pasado 1 de agosto en el Senado presionado después de que salieran a la luz una serie de mensajes de texto que había intercambiado con su extesorero, Luis Bárcenas. Estos pusieron de manifiesto que Rajoy había mentido cuando señaló que había roto todo tipo de relaciones con el hombre que durante años manejó la caja de su partido cuando supo que tenía cuentas en Suiza. Y es una mentira que todavía arrastra.

Para cerrar el círculo, el PP el partido del Gobierno, despidió 2013 dejando unas imágenes demoledoras para cualquier formación política: la de un registro policial durante más de diez horas en los departamentos de tesorería y gerencia.

Recortes en libertades públicas: seguridad ciudadana y privada

En los últimos meses, el Gobierno ha puesto en marcha dos textos legales en materia de Interior fuertemente criticados por gran parte de la oposición y diferentes colectivos por lo que suponen en materia de recortes de libertades públicas. Se trata de la ley de seguridad ciudadana y de la ley de seguridad privada. Ambos textos han sido interpretados por la izquierda como el salto de los recortes sociales –en educación y sanidad, mayoritariamente– a los recortes en libertades.

El primero de estos textos pasó por el Consejo de Ministros a principios de diciembre y está ahora en fase de informes por parte del Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y los Ministerios de Justicia y Hacienda. El segundo fue aprobado también en diciembre en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena. PNV y CiU apoyaron a los conservadores en la mencionada comisión. Un hecho del que saca pecho el PP en el ecuador de una legislatura en la que su mayoría absoluta ha actuado como una apisonadora en el Parlamento.

En Interior defienden que la ley de seguridad privada sólo plasma por escrito, es decir, da cobertura legal, cuestiones que ya venían ocurriendo como el hecho de que los vigilantes de seguridad privada puedan retener en la vía pública a personas a las que se las pueda imputar un comportamiento delictivo. Acto seguido, como venía sucediendo, sostienen en el ministerio, los vigilantes deben poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los recelos no vienen sólo de los partidos de izquierda. Diferentes asociaciones de jueces, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han planteado sus reservas al considerar, entre otros asuntos, que dotar de más funciones a los vigilantes de seguridad privada tiene difícil encaje en la Constitución. Y que supone, en cierto sentido, una privatización encubierta de unos servicios que, hasta la fecha, han prestado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Interior rechazan las críticas que apuntan a una privatización encubierta. No obstante, el texto al que la Comisión de Interior del Congreso dio luz verde reconoce que "se hace necesario avanzar en formas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes".

Por su parte, en la ley de Seguridad Ciudadana, el catálogo de acciones a multar es de lo más amplio. En él tienen cabida desde escraches a paralizaciones de desahucios pasando por concentraciones como la que rodearon la sede del PP el 13 de marzo de 2004 para protestar por la gestión que el Gobierno de Aznar estaba haciendo de los atentados del 11 de marzo en Atocha. El régimen sancionador abarca de los 100 a los 600.000 euros.

Por ejemplo, participar en la paralización de un desahucio tendrá una multa de hasta 30.000 euros. Y "las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito" también están castigadas con hasta 30.000 euros.

Portazo a la dación en pago

Definir el estado de la Nación desde el pasado febrero a día de hoy también queda incompleto sin abordar el drama de los desahucios y su tratamiento por parte del Gobierno.

A mediados de abril, la Comisión de Economía del Congreso dio luz verde a la ley de Protección de Deudores Hipotecarios. Sólo con el voto del PP. Y ninguneando las peticiones de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que se demandaba la dación en pago.

El no de los conservadores a esta demanda que apoyaban todos los grupos del arco parlamentario a excepción del mayoritario llegaba tras una fuerte presión popular cuya máxima expresión fueron los escraches a las puertas de los domicilios de cargos del Gobierno de Mariano Rajoy y miembros del Partido Popular.

Sin respuesta al desafío de Mas

La segunda mitad de la legislatura de Mariano Rajoy va a estar dominada por el desafío soberanista de Artur Mas. No es un secreto que se trata de un asunto que incomoda a Mariano Rajoy, que, hasta la fecha, se ha limitado a insistir en que cualquier referéndum de este tipo es ilegal porque no encaja en la Constitución y porque una parte de España no puede decidir. ¿Tiene Rajoy una hoja de ruta para hacer frente a este escenario? Según señalan en La Moncloa, sí. Lo mismo sostiene Rajoy.

A finales de enero, acudió a una entrevista en Antena 3. La periodista Gloria Lomana fue insistente a la hora de reclamar a Rajoy pistas sobre su hoja de ruta para Cataluña. “Dígame que sabe lo que va a hacer”, llegó a pedir. Pero el líder del Ejecutivo permaneció inalterable señalando que su “plan” para Cataluña es velar para que se cumpla la ley y la Constitución y que ahora no cabe adelantar acontecimientos. “El Estado está preparado para cualquier escenario que se pueda producir, pero no voy a adelantar acontecimientos”, repitió.

Con esta estrategia, Rajoy evitó responder sobre si entre sus planes figura la suspensión de la autonomía, la cesión de competencias o la impugnación de un eventual referéndum. “Hay que dar tranquilidad a los ciudadanos”, justificó su nula concreción. 

Los partidos nacionalistas catalanes intentarán un pronunciamiento más claro de Mariano Rajoy en el Congreso, cámara en la que aguarda el turno la proposición de Artur Mas demandando al Estado competencia para celebrar una consulta.

Un equipo muy quemado

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En más de una ocasión el presidente del Gobierno ha manifestado que, si por él fuera, acabaría la legislatura con el mismo equipo que la comenzó. Una declaración que cierra la puerta a una amplia remodelación del Ejecutivo. En un primer momento, desde el PP, se especulaba con la posibilidad de que Rajoy aprovechara el debate sobre el estado de la Nación para imprimir un nuevo ritmo a su equipo con algunos cambios de caras. A medida que se ha ido acercando la cita, la posibilidad de este cambio se ha diluido. Y la mayor parte de las fuentes coinciden en que, de producirse algún movimiento, este vendría provocado por la candidatura a las elecciones europeas en el supuesto de que el elegido fuese el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Precisamente Cañete, con una amplia experiencia en Europa a sus espaldas, es el ministro más valorado de un equipo en el que la mayoría están muy quemados. 

Los más desgastados son Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia) a cuenta de la reforma de la Ley del Aborto y de las tasas judiciales; José Ignacio Wert (Educación) por su polémica reforma educativa, su política de reducción de becas y su plantón al cine en la gala de los Goya con excusas poco sólidas y Jorge Fernández Díaz (Interior). La tragedia de Ceuta ha dado la puntilla a un ministro que ya venía quemado tras las polémicas leyes de seguridad ciudadana, seguridad privada y los episodios con las concertinas de la valla de Melilla.