¿Aplicación de la ley o caza de brujas?

Los mensajes sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han reabierto el debate sobre los límites en las redes sociales. Y la orden dada por el Ministerio del Interior a la Policía para investigar posibles delitos ha avivado la polémica. Fuentes del departamento de Jorge Fernández Díaz insisten en que las posibles detenciones –no se descartan en los próximos días–, deben ser "ejemplarizantes" para evitar que Internet se convierta en un territorio abonado a la impunidad.

No es la primera ocasión en la que el planteamiento se repite desde el Ministerio. Hace poco más de dos semanas, el 28 de abril, ese mismo departamento informaba de 21 arrestos en el transcurso de la conocida como Operación Araña, un dispositivo de la Guardia Civil dirigido contra presuntos delitos de enaltecimiento de las acciones de la banda terrorista ETA cometidos a través de plataformas como Facebook y Twitter.

Para Antonio Trevín, diputado y portavoz de Interior del PSOE, es necesario distinguir entre aquellos mensajes que son "de mal gusto" y aquellos que "incitan a la violencia". Los primeros, señala a infoLibre, deberían quedar enmarcados en el ámbito de la ética, mientras que con los segundos convendría "extremar el celo para identificar a los autores". Trevín admite que "no es fácil" establecer límites y aboga por cuidar en todo momento el "equilibrio con el derecho a la libertad de expresión".

En cualquier caso, el diputado socialista insiste en que hay ejemplos "evidentes" y "palmarios" en los que se traspasan los límites: "Y en esos casos –apunta–, no me parece mal que se persiga a los autores que inciten a la violencia". Para perseguirlos, considera que la legislación actual es "suficiente" y que no hace falta una nueva reforma. Además, se muestra partidario de que sea siempre el sistema judicial el que determine las responsabilidades.

Finalmente, dice que es lógica una "especial sensibilidad" en España para con aquellos contenidos que incitan a la violencia, habida cuenta de los antecedentes de violencia terrorista, y señala que "en los próximos tiempos, las sentencias sobre estos casos irán creando jurisprudencia y complementando la legislación vigente", lo que permitirá tener "una mayor claridad en las actuaciones".

Caza de brujas

Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, diputado y portavoz de Justicia del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, califica de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, y estima que responde a una estretegia emprendida desde Interior para politizar "desesperadamente" el asesinato de Carrasco, pese a que es "cada vez más claro" que se trata de un crimen "común" y no político.

"Hay que saber deslindar, y si un comentario entra en el límite de la calumnia o la injuria que se denuncie y se investigue para atribuir responsabilidades desde el punto de vista personal, pero en absoluto se puede abrir una caza de brujas a la búsqueda de un autor intelectual que no ha existido", ha agregado este miércoles Llamazares, que reclama que "si se tiene que investigar lo que ha pasado en Internet, que se haga de todo, no sólo de una parte".

Tolerancia cero con la violencia

Por su parte, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha expresado en declaraciones a este diario que la formación magenta no es partidaria de un endurecimiento de las leyes actuales, pero sí de que "puedan aplicarse con eficacia". Para ello, y para que las redes sociales no se conviertan en un espacio de "impunidad", considera necesario dialogar con empresas como Facebook y Twitter para que se "responsabilicen de los contenidos" que en sus redes se publican.

En esa misma línea, agrega que "con tutela judicial" estas plataformas deberían estar obligadas a proporcionar datos sobre la autoría de determinados mensajes, y reclama una normativa europea sobre esta materia. Además, dice que UPyD tiene "tolerancia cero" ante la violencia, por lo que se muestra conforme con posibles detenciones tras la muerte de Carrasco si un juez así lo ordena. "Eso sí, esto hay que hacerlo siempre y no sólo cuando afecta al propio partido", ha zanjado.

Ambigüedad de Interior

Tras la orden de Interior de investigar los mensajes, el diputado nacionalista y vocal del PNV en la subcomisión de estudio sobre redes sociales del Congreso de los Diputados, Joseba Agirretxea, ha afirmado tener la impresión de que "el Gobierno actúa a bote pronto y de forma reactiva", puesto que "anuncia medidas sobre delitos ya tipificados en el Código Penal sin concretar qué tipo de medidas se trata". Agirretxea aboga además por un debate en esa subcomisión de la Cámara baja: "El lugar en el que corresponde debatir posibles medidas".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló por su parte este martes que el vigente Código Penal ya permite perseguir insultos o amenazas vertidos en redes sociales como Twitter por lo que tachó de innecesaria una nueva regulación de estos asuntos: "Ya existen instrumentos para perseguir este tipo de comentarios. El Código Penal da mucho de sí", dijo. Durán agregó además que es "complicado" regular asuntos en los que colisionan el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor de las personas.

Buscar enemigos

BNG y ERC son las formaciones que se muestran más críticas con la reacción de Interior. La diputada del Bloque Rosana Pérez considera que se trata de un movimiento para "coaccionar" a los ciudadanos y evitar movilizaciones sociales: "Lo que se publica en la red puede resultar desagradable y hay algunas opiniones con las que no concordamos, pero detener o investigar con el fin de limitar la libertad de expresión es un exceso más propio de otro régimen", asegura. Pérez acusa además al ministro Fernández Díaz de "llevar a la ciudadanía hacia la Ley de Seguridad Ciudadana" con anuncios como este que, concluye, "no sorprenden" en él.

Desde las filas de ERC se añade que lo adecuado sería "perseguir los delitos hasta donde marca el Código Penal", pero advierten que "cualquier opinión es libertad de expresión". "No vale todo", añaden, pero el ámbito de las redes sociales no necesita "ninguna regulación específica". Esquerra también acusa a Interior de buscar "extraños enemigos en las redes sociales", algo que tachan de "nueva salida de tono". "Parece que como en Twitter se opina se quiere convertir Twitter en el enemigo", zanjan.