Pedraz encuentra el modo de mantener abierta la causa por el genocidio en Guatemala

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a mostrar sus intenciones de no claudicar ante la reforma de la jurisdicción universal aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero. El magistrado, que ya se negó a archivar el caso Couso – que investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso durante la guerra de Irak–, ha vuelto a mostrar su negativa a cerrar una causa judicial. 

En este caso se trata de la que investiga el genocidio de la población maya perpetrado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, y el asalto a la Embajada de España en el país, que causó 36 muertos. Mediante un auto dictado este martes, Pedraz advierte que la Audiencia Nacional tiene "jurisdicción" para investigar estos hechos.

La investigación persigue delitos de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, detenciones ilegales y terrorismo. "Si se atiende a los requisitos que exige el nuevo artículo –explica en el auto el magistrado–, la jurisdicción española no sería competente para conocer de los delitos citados, salvo para los delitos de terrorismo".

Basándose en este hecho, el juez asegura que "de esta forma, no cabe duda que la presente causa puede continuar por los delitos de terrorismo". Y no solo eso, además entiende que "debe extenderse" al resto de delitos para que no se rompa la continencia de la causa, es decir, que no se puedan juzgar por separado.

En este sentido, Pedraz contempla todos los delitos antes citados como "anexos" al de terrorismo. De este modo, la Audiencia Nacional sí tendría competencia en la causa guatemalteca y la continuación del proceso sería "factible por todos los delitos".

Disposición a actuar en Guatemala

Como nueva diligencia, además, acuerda librar una comisión rogatoria a Guatemala para saber si han existido procedimientos judiciales "con las debidas garantías" y de acuerdo con el derecho internacional sobre estos hechos. Cuando reciba la contestación de Guatemala, el juez decidirá si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo compruebe, tal y como establece la reforma judicial.

"Aun cuando consta en la causa que en Guatemala se han seguido procedimientos por hechos relacionados con los que aquí se instruyen, lo cierto es que los mismos presuntamente no han llegado a buen fin, sin que además se sepa el alcance de cada uno", señala el magistrado.

Inconstitucionalidad de la reforma

Algunas de las partes personadas en la causa presentaron la cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la jurisdicción universal. Pedraz cree que, aunque "es cierto que la misma podría estar viciada de inconstitucionalidad", no cabe plantear esta cuestión al ser "factible" la continuación de la causa.