Canarias también quiere decidir

Canarias también quiere pronunciarse. En esta ocasión, no es la independencia como Estado lo que está en juego. Tampoco un modelo de gobierno. Se trata de otra cosa: los canarios quieren decidir si Repsol lleva a cabo las prospecciones petrolíferas en su territorio.

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros autorizaba a Repsol las primeras catas para el inicio de estas prospecciones a 60 km de las costas de Canarias y Fuerteventura, siguiendo así una propuesta del ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, que se refirió a este hecho como “una oportunidad a la que Canarias no puede renunciar”.

Desde ese momento, el Gobierno canario mostró su oposición a estas primeras catas, advirtiendo de la falta de competencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy para autorizarlas. No han sido los únicos: PSOE, Izquierda Plural, Grupo Mixto, a escala estatal, y Nueva Canaria y PSOE wen el ámbito regional, también rechazan estas búsquedas de petróleo. Por el momento, solo PP y UPyD se han mostrado favorables a estas prospecciones. El diputado del partido magenta Carlos Martínez Gorriarán se quejaba en el Congreso de que los canarios "sí quieren subvenciones para la energía pero no quieren correr ningún riesgo con un recurso imprescindible".

Incluso dentro del propio Partido Popular ha habido voces discordantes, como la del vicesecretario general del PP Esteban González Pons, que declaró en su cuenta de Twitter que ''ese petróleo que destruiría el mar y el turismo no daría beneficio más que a la multinacional que se lo lleve''.

Pero la negativa a que Repsol lleve a cabo prospecciones petrolíferas no solo ha quedado dentro de los límites parlamentarios. Desde que el Gobierno central anunciara su aprobación no han parado de nacer organizaciones, plataformas y movimientos sociales de protesta en diversos puntos del archipiélago.

El pasado 7 de junio convocaron una movilización en numerosas localidades de Canarias  para mostrar la fuerza de la oposición a las prospecciones bajo el lema “Canarias, una sola voz”, y que, además, tuvo manifestaciones de apoyo en otros lugares, como Madrid, Bilbao, Berlín o Nueva York. La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, mira con orgullo estas movilizaciones y señalan que están preparando nuevas convocatorias para octubre. Además, ya han puesto en marcha medidas de boicot contra Repsol y la Caixa, su principal accionista, con las que se pretende que no se consuman sus productos ni se utilicen sus servicios bancarios.

También recuerda que esta lucha comenzó en 2001, cuando el gobierno de Aznar intentó llevar a cabo las prospecciones, con la oposición de ecologistas y movimientos sociales. Aunque el proyecto se paralizó hace una década, el ministro Soria lleva desde 2012 intentando que Repsol prospecte en Canarias, aunque ahora con una oposición mucho mayor.

La seguridad de las prospecciones

Repsol considera seguras las prospecciones, remitiéndose a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en junio. Además, añaden que en la fase de la investigación en la que se encuentran "se debe determinar si hay o no hidrocarburos", por lo que "supondría una actividad económica complementaria, compatible con otras como el turismo y la pesca". El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Germán Suárez Domínguez, señala que si bien les "preocupan los efectos que provoca cualquier actividad económica", confían en que "el proyecto de sondeo autorizado se ajusta a las normas".

Sobre esa Declaración de Impacto Ambiental, el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, denuncia que se ha hecho "prácticamente dando la razón al estudio de impacto de Repsol, que es muy deficiente, yendo incluso en contra de informes de organismos públicos, como el Cedex". "Hay una connivencia escandalosa entre el Gobierno español y Repsol", acusa.

"Está claramente comprobado que Repsol no es una empresa fiable. Es una de las empresas con más jucios por vertidos y temas ambientales. Y no solo ambientales, también de abusos. Solo miran por su beneficio", dice René Behoteguy, portavoz de la Coordinadora contra las Prospecciones, que asegura que "el simple hecho de prospectar, aunque no se explote petróleo, ya es peligroso, porque incide en que haya un riesgo de derrame y un daño ambiental" . Sostiene que esto sería perjudicial para los cetáceos, que se pueden ver dañados por las prospecciones, así como para el agua de Fuerteventura y Lanzarote, que "es 100% producto de desalar el agua del mar", por lo que "un derrame podría dejar a cientos de miles de personas sin agua potable".

Julio Barea, de Greenpeace, recuerda que "el mayor accidente de la industria petrolera de toda la historia" se produjo durante la fase de prospección. Fue en el año 2010, en el Golfo de México. BP, una industria petrolera con "muchos más recursos que Repsol, utilizó la plataforma más moderna del mundo; no un barco, que es lo que quiere utilizar Repsol" y, aun así, "se produjo un accidente catastrófico con, entre otras terribles consecuencias, once muertes".

¿A quién beneficia todo esto?

Un portavoz de Repsol asegura a infoLibre que este proyecto "ha superado todas las supervisiones y cuenta con todas las garantías", por lo que "solo tiene beneficios". "Beneficios para muchas empresas, empezando por las adjudicatarias de la instalación de la base logística —Hamilton, que es una empresa tinerfeña; y Grosa, que es una compañía grancanaria–, y por las empresas e instituciones que han colaborado en las fases anteriores, como el estudio del fondo marino", añade. Además, la misma fuente apunta que "Repsol lleva más de dos años trabajando para que no se produzca ningún impacto negativo".

Desde el Círculo de Empresarios de Gran Canaria se muestran optimistas sobre los efectos para la economía local que pudieran tener las tareas de Repsol en la zona, recordando que "actividades como las que se pretenden llevar a cabo se desarrollan y se han desarrollado en sitios igualmente turísticos, demostrando que todas las actividades pueden convivir". Añaden que "de los efectos de cualquier actividad económica se benefician "todos. Lo que perjudica a todos es que en una economía no exista inversión y crecimiento."

Por el contrario, la coordinadora considera que "se beneficia principalmente Repsol, que cotizará este petróleo en bolsa, con grandes beneficios, pero también el ministro de Industria, José Manuel Soria, que probablemente acabe siendo consejero delegado de Repsol, dentro de la lógica de las puertas giratorias. Nadie más. Canarias no se beneficia". Su portavoz asegura que "esto no genera puestos de trabajo, más bien los pone en riesgo. No genera impuestos a Canarias, de ningún tipo, por el esquema impositivo del Estado. El precio del la gasolina no va a bajar, porque es una commodity que depende del precio de la bolsa de valores". "Pone en riesgo a Canarias para beneficiar a Repsol: es una lucha entre una multinacional y el pueblo canario que se defiende", añade Behoteguy.

En Greenpeace también creen que Repsol va a ser la principal beneficiaria: "Todo lo que saquen es para Repsol, que no va a ceder el petróleo a España, sino a venderlo en un mercado internacional del que se provee España. No son hermanas de la caridad; quieren hacer negocio".

Un problema de soberanía

“Hace mucho tiempo que los canarios somos un pueblo adulto, que no necesita tutelas. Sólo los canarios debemos decidir cómo gestionamos nuestros recursos, nuestras islas, nuestras aguas”, señala el portal canariassinpetroleo.com, que rechaza las prospecciones no sólo por economía, sino también por soberanía, ya que “autorizar unilateralmente desde el Gobierno de España a Repsol para que realice prospecciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura supone un atropello" al "autogobierno”.

La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones defiende que se trata de una “lucha transversal” y que “además de un tema ecológico y económico, es también un tema de soberanía”.

En febrero de este mismo año el Parlamento canario aprobó, con los votos favorables de CC, PSOE y Grupo Mixto y el rechazo del PP, solicitar al Gobierno central la celebración de una consulta popular. Esta estaría amparada por la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Reglamento del Parlamento, ya que todas estas legislaciones permiten la utilización de este mecanismo de participación ciudadana para asuntos de “especial trascendencia”.

Pese a ello, PP y UPyD se opusieron en el Congreso a la celebración de esta consulta.

Greenpeace señala que se trata de "un caso inédito", pues "es la primera vez en una lucha por una cuestión medioambiental, que todo el mundo en el territorio, incluidos los gobiernos y todos los partidos –menos el PP-, están en contra de que se hagan prospecciones en las islas... Pero estamos luchando contra un poder superior, el Gobierno central". 

A pesar de las trabas puestas desde Madrid, el presidente canario, Paulino Rivero, anunciaba a principios de septiembre que la consulta se celebraría antes del 30 de noviembre. A las preguntas de infoLibre sobre la legalidad de la consulta, el comisionado del Gobierno canario explica que "hay dos cosas que diferenciar: el referéndum, regulado a través de la ley del referéndum y la ley electoral general, y la consulta, que la vamos a hacer de acuerdo con la ley canaria de fomento de la participación ciudadana". 

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Siguen queriendo que se realice antes de que acabe noviembre y defienden la legalidad de la consulta, por lo que "el Estado no va a tener ninguna razón jurídica para impugnarla, recurrirla o impedirla". Además, detalla que sería vinculante y que podrán votar los mayores de 16 años, extranjeros con residencia legal y entidades ciudadanas. 

Tanto Greenpeace como la Coordinadora Contra las Prospecciones apoyan la celebración de la consulta, y coinciden en que respetarían el resultado si fuera favorable a las prospecciones, ya que "lo importante" es que se exteriorice la opinión de los canarios. El Círculo de Empresarios, en cambio, la considera un "acto populista y demagógico de claro tinte político". 

Sobre la postura de Repsol ante la consulta, la petrolera sostiene que "esa es una cuestión política" y, como tal, no va a "entrar a valorarla".