Los daños colaterales del 'Charlie Hebdo': el temor a un recorte en los derechos civiles

"Los atentados no pueden ser utilizados como una excusa para recortar las libertades civiles". Así lo alerta Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional (AI). Y es que los colectivos y expertos consultados por infoLibre temen que los atentados perpetrados en París la semana pasada, que acabaron con la vida de 20 personas, sirvan como pretexto para emprender un recorte de las libertades civiles en aras de la seguridad.

"Es la hora de la acción. Debemos actuar convencidos de la fuerza de nuestros argumentos, respetando por supuesto el adecuado equilibrio entre la búsqueda de la seguridad y la defensa de la libertad", aseguraba el pasado domingo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la reunión urgente que mantuvo con sus homólogos europeos y el fiscal general estadounidense, Eric Holder. El dirigente español planteó, entre otras iniciativas, "redoblar" la vigilancia fronteriza –incluso reformando el Tratado de Schengen– o introducir en el Código Penal el delito de "adiestramiento pasivo", el hecho de recibir una formación que pueda utilizarse para realizar atentados.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha planteado este lunes la necesidad de que el Estado mejore sus "sistemas de información" para combatir el terrorismo. Por ello, Catalá y Fernández Díaz se reunirán el martes con el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, quien ya adelantó que su grupo defenderá que "cualquier recorte de libertades tiene que estar suficientemente justificado y ser proporcional y limitado en el tiempo". Mucho más tajantes se han mostrado formaciones como Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, afirmó que "el fanatismo no se combate con recortes a las libertades”.

Pero es eso precisamente lo que temen las asociaciones y expertos consultados por este diario: que los atentados de París supongan el pistoletazo de salida para el establecimiento de restricciones en los derechos civiles. "Los Estados tienen derecho a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero esto no puede ser excusa para recortar las libertades", defiende Virginia Álvarez. No es la única: la abogada y directora adjunta de Rights International Spain (RIS), Patricia Goicoechea, asegura que "la tendencia habitual" tras este tipo de atentados es la restricción de derechos, y critica que en el caso de España este fenómeno puede verse agravado porque, a su juicio, "las libertades civilies ya están siendo sistemáticamente restringidas por el Gobierno del PP".

Aumentan los delitos considerados terrorismo

Y es que algunas de estas medidas contra el terrorismo ya habían comenzado a plantearse incluso antes de que se produjeran los atentados, tal y como destaca Álvarez, que hace hincapié en que las enmiendas que ha propuesto el PP a la reforma del Código Penal que ahora mismo está tramitándose en el Congreso plantean "ampliar muchísimo el concepto de terrorismo". Y es que, según denuncia la responsable de Política Interior de AI, los conservadores "quieren limitar derechos sin haber pasado los trámites normales de consulta", ya que al tratarse de enmiendas al texto ya revisado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no serán analizadas por ninguna otra institución.

Álvarez explica que, si finalmente se incluyen las enmiendas propuestas por el PP, la "ambigüedad" con la que están redactadas podrían provocar que se considerasen terrorismo conductas como el adiestramiento pasivo –defendido públicamente por Fernández Díaz– o, simplemente, el hecho de acceder a una página web con contenidos yihadistas, aunque el visitante no tenga fines violentos. "Podría darse el caso de que un periodista que entre en contacto con grupos terroristas para conseguir información pueda ser acusado de colaboración", denuncia la responsable de AI.

A esta reforma se suman otras nuevas normas, como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto plantea que el ministro del Interior y su número dos puedan intervenir las comunicaciones de un sospechoso sin autorización judicial; o la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que se encuentra en la recta final para su aprobación. Las restricciones, no obstante, también se plantean a nivel europeo: desde la reforma del Tratado de Schengen hasta la creación de un fichero para recoger los datos de los ciudadanos que vuelen dentro de la UE.

Un macrofichero para registrar a quienes viajen en avión

Fernández Díaz también reclamó el domingo "impulsar definitivamente" la creación este archivo, conocido como Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) y que ya funciona entre la UE y países como EEUU, Canadá o Australia. "La idea ahora sería que los 28 Estados miembros tuvieran un mismo marco normativo, mediante una directiva, a la hora de recolectar datos de pasajeros que provengan de terceros Estados", explica Ana Peyro, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En este tipo de macroficheros, explica Peyro, los Estados no sólo recogen los datos personales de los viajeros, sino que almacenan una gran cantidad de información sobre ellos. "No sólo se registran nombre y apellidos del viajero, sino también su destino, su teléfono, su tarjeta de crédito...", relata la experta, que apunta que, en el PNR que existe entre la UE y EEUU, fue muy polémica la inclusión en el registro del tipo de alimentos que los viajeros tomaban a bordo del avión. "Hay pasajeros que piden comida halal [musulmana] o kosher [judía], y al quedar registrado los Estados ya saben cuál es su religión".

"La gran discusión cuando se negoció el tratado con EEUU [que entró en vigor en 2012] se produjo para llegar a un acuerdo sobre qué datos se transmitían entre unos países y otros, con qué garantías, dónde recurrir para que los datos de una persona fueran eliminados, cuánto tiempo los almacenan los Estados...", explica la profesora de Derecho Internacional, que es muy clara en su resumen: "En el fondo, se trata de aceptar que los datos que nos piden las compañías acaben en manos de las autoridades, y que los Estados trabajen con esos datos, establezcan perfiles y almacenen datos durante un tiempo por determinar".

De igual manera, la reforma del Espacio Schengen –la supresión de las fronteras internas de la UE– también necesitaría un pacto unánime de los 28 para ser aprobado, algo que Peyro ve "difícil de conseguir". No obstante, Virginia Álvarez alerta de que una eventual reforma para reestablecer inspecciones en las fronteras con la intención de combatir el terrorismo "nos podría situar ante la realidad de controles de corte racista, motivados por cuestiones étnicas, por el aspecto físico, y eso tiene un difícil encaje dentro de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema de valores".