Los estudiantes necesitarán más dinero para completar su formación universitaria

Con la implantación del nuevo marco europeo de educación superior –el llamado Plan Bolonia– todavía acabándose de asentar, el Gobierno confirmó este viernes su intención de dar un nuevo vuelco al sistema universitario. El Consejo de Ministros dio luz verde al decreto de ordenación académica que da a los campus la posibilidad, a partir del próximo curso, de ofrecer de forma opcional grados de tres años a complementar después con másteres de dos años. Para adaptarse a Bolonia las universidades españolas asumieron mayoritariamente el esquema de grados de cuatro años y másteres de uno. 

Es cierto que este modelo de 3+2 nos aproxima al modelo dominante en Europa donde se considera que los tres años del grado proporcionan un conocimiento genérico que debe ser completado con la especialización del master. De hecho, sólo Grecia, Ucrania, Bulgaria o Chipre siguen manteniendo un sistema similar el español, según un informe de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Sin embargo, su aprobación ha generado la repulsa de colectivos de estudiantes, sindicatos, partidos de la oposición y parte de los rectores, que coinciden en resaltar su coste social e insisten en ubicar la reforma en un contexto de recortes que ha dejado tocado el sistema de becas. 

Expertos consultados por infoLibre también concuerdan en señalar que esta reforma acarreará una devaluación de los grados y que los posgrados, con precios más altos, se harán "más necesarios" pero, claro, para quien los pueda pagar. "Es importante situar este decreto en un escenario de aumento de las tasas y en el que el precio de los créditos de los másteres, de media, duplica el de los grados. Ahí se va a generar una cuestión económica en dos sentidos: los posgrados van a ser más caros [la docencia pasará a ser de dos años] y el grado como título en el mercado de trabajo se va a devaluar. No olvidemos que un año supone el 25% de la formación", señala sociólogo José Saturnino Martínez, experto en economía de la educación.

Juan Hernández Armenteros, profesor de la Universidad de Jaén experto en financiación universitaria, cree que hay un claro trasfondo económico en esta modificación. "El estudiante que quiera tener el título más competitivo tendrá que acceder a alargar su periodo de formación y, por tanto, desembolsar más dinero porque el Estado sí establece diferencias para financiar grados y másteres. Lo que está claro es que el 3+2 le sale más barato a la Administración que el 4+1, pues requiere de menos recursos", señala. 

Aunque no hay datos oficiales al respecto, se calcula que un estudiante paga de media el 20% del coste real de sus estudios de grado en la universidad pública, aunque este porcentaje es superior en el caso de los másteres. De hecho, según datos del Ministerio de Educación en el curso 2013-2014 el precio medio del crédito de grado fue de 18,42 euros y el de máster de 40,11 euros. Si se acortan los años de carrera –señala Armenteros– hay un ahorro para las arcas públicas "evidente" que él atribuye al compromiso del Gobierno de  reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015.

Según cifras de los rectores, la universidad pública ha perdido 1.240 millones de euros de presupuesto desde 2008. Además, en los últimos cinco años, según datos del Boletín Estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han destruido al menos 13.200 puestos de trabajo en los centros universitarios. Es casi el 9% de una plantilla de 149.000 empleados, entre fijos y temporales. Las perspectivas no son mucho mejores, pues las restricciones que ha puesto el Gobierno a las tasas de reposición hacen que sólo se puedan cubrir 10 de cada 100 bajas de docentes.

¿Ahorro para las familias?

Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta reforma se notará en el bolsillo de las familias. Su gabinete cuantifica en 150 euros el ahorro que puede suponer esta modificación para las economías domésticas. Eso, claro está, en el caso de que todas las universidades cambiaran de sistema (hacerlo es opcional) y de que se mantuviera el porcentaje actual de universitarios que tras completar sus estudios de grado optan por hacer un máster y que el propio Wert cifró en el 20% de los graduados.

El ministro aseguró que esta reforma es "neutra desde el punto de vista del coste de las Administraciones Públicas", si bien admitió a continuación que su influencia en la parte del coste que financian las comunidades autónomas "tendrá que ver con cómo las universidades adapten el decreto". Es decir, las que opten por implantar el nuevo modelo saldrán beneficiadas porque las respectivas administraciones autonómicas que las sostienen tendrá que desembolsar menos dinero para financiar los estudios de sus universitarios. 

Esta reforma permite también a los campus explotar la vía de negocio de los estudios de posgrado, que están ganando protagonismo en los últimos años ante la falta de perspectivas laborales. Los datos oficiales corroboran esta tendencia. Los alumnos de másteres de los centros públicos aumentaron un 192% entre 2007 y 2014. Pasaron de 29.743 a 86.753. Pero es todavía más espectacular el aumento del número de estudiantes que optaron por hacer estudios de posgrado en centros privados, que pasaron de 4.952 en 2007 a 33.302 en 2014. El aumento es del 572%. 

La subida de casi un 70% de media en las tasas de los másteres en el curso 2012-2013 dio un respiro a las privadas porque el coste de estos estudios de posgrado se ha acercado a los que se imparten en instituciones públicas. No es de extrañar, por tanto, el hecho de que las privadas mantengan en alrededor de 33.302 sus estudiantes de máster, al tiempo que las públicas perdieron más de 1.800 respecto a 2011, algo que nunca había ocurrido. En términos relativos, según datos de Educación, las privadas ofertan el 15% de másteres mientras que captan el 21% del estudiantado de este tipo de formaciones.

Estudiantes y sindicatos denuncian que la implantación de los grados de tres años, al no ir acompañada de un refuerzo del sistema de ayudas, supondrá "un daño irreparable en la equidad de los estudiantes universitarios en el acceso y permanencia en la educación superior". El número de becados universitarios aumentó un 10% el curso pasado, aunque aún no es posible concluir si ha sido por el cambio de requisitos o por el empobrecimiento de las familias. Los becados recibirán una media de 300 euros menos, según las estimaciones facilitadas la semana pasada por el ministerio.

La apuesta por la internacionalización 

El Gobierno defiende esta reforma con el argumento de que la fórmula elegida por España cuando hubo que adaptarse al marco europeo de educación superior "supone un freno considerable para la internacionalización de las universidades". Y los datos parecen darle la razón. En el curso 2012-2013 sólo el 1,1% de los nuevos estudiantes de grado procedían de sistemas extranjeros. España sí es un país atractivo para los erasmus –con este programa fueron recibidos 39.300 estudiantes en el curso 2011-2012–, pero todavía son muy pocos los que apuestan por realizar la totalidad de sus estudios en universidades españolas. El número de estudiantes extranjeros de máster también se ha reducido en el último curso. Y sólo en el último y más elevado escalón de la enseñanza universitaria, en los estudios de doctorado, se observan datos alentadores. En 2012, el 25% de las 10.531 tesis fueron leídas por estudiantes extranjeros. De ellos, el 60,6% eran de América Latina y Caribe.

El Gobierno dice estar dispuesto a poner remedio a esta situación. Y una de sus medidas estrella es la implantación del sistema 3+2. Pero a esta reforma de la ordenación académica le precedió la eliminación de la selectividad a la que ya no tuvieron que enfrentarse los alumnos extranjeros que quisieron iniciar sus estudios universitarios en España este curso. Hasta entonces existía la obligatoriedad de aprobar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), muy enfocada a estudiantes del sistema español. El exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez considera que para conseguir "más movilidad y universalidad" hay más tareas pendientes. Entre ellas cita también la apuesta por las enseñanzas en inglés, la escasa apuesta por la captación en el exterior, las trabas administrativas o las dificultades en el reconocimiento de estudios.

"Es verdad que tener un sistema diferente pesa a la hora de convalidar estudios o llegar a convenios con universidades de otros países, pero cuando se tomó la decisión de poner el 4+1 fue porque se argumentó que el 3+2 hacía que el grado fuera escasamente formativo y se recomendaba un 4+1 porque daba al grado más entidad. Considero que a veces nos dejamos llevar demasiado por todo lo que se hace fuera, independientemente de que lo que se haga fuera esté bien o mal", asevera José Saturnino Martínez. No tiene la misma opinión el profesor Armenteros, que asegura que en efectos de empleabilidad y homologación, lo importante es la acreditación, no el contenido de la acreditación. "Lo importante es que un se acredite que una persona es graduado o máster, no si para conseguir este título ha tardado tres, cuatro o cinco años", ilustra. 

De hecho, la implantación del Proceso Bolonia trajo consigo la implantación de un Suplemento Europeo al Título (SET) que –previo pago de alrededor de 150 euros– otorga a los alumnos un documento con información detallada sobre los estudios cursados, los resultados, las habilidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el marco de cualificaciones.

Falta de evaluación 

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Pero parte de la comunidad educativa cuestiona también que se incorpore un nuevo sistema sin haber evaluado el anterior. "El seguimiento de la implantación de Bolonia ha sido muy deficiente. La carencia de informes independientes que hagan una evaluación seria de su implementación nos aleja sobremanera de los objetivos de excelencia que se pretendían con la implantación", asevera Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas.

"No se ha hecho ningún tipo de evaluación de la estructura del plan Bolonia. La ANECA [la agencia de evaluación que dependen de Educación] no ha evaluado los títulos de 4+1 para ninguna Universidad. No sabemos si la implantación ha resultado buena, mala o regular", se queja Armenteros. A su juicio, se están dejando de lado cuestiones más importantes como ver qué contenidos académicos son adecuados para cada tipo de estudio. "Probablemente no todos los títulos requieran la misma extensión e intensificación del comportamiento académico. Habrá títulos que con tres años es suficiente, otros que lo será con cuatro. Es un error tener un comportamiento lineal", señala.

"Lo más ridículo de todo esto es que nosotros ya teníamos el 3+2 con las diplomaturas. Pusimos el 4+1 sin evaluar si ese 3+2 se sostenía, además con la ventaja que tenía previamente de que los dos años de licenciatura costaban lo mismo que los años de diplomatura, pues no había diferencia de precio en el paso del primer al segundo ciclo. Ahora, de nuevo sin hacer evaluación ninguna, lo volvemos a cambiar", dice Martínez, quien considera que esta reforma puede generar también desequilibrios dentro del propio sistema. "Lo que se está potenciando es que las universidades más fuertes tengan más presencia en el medio y largo plazo en detrimento de las pequeñas, que al tener más dificultad para poder ofrecer másteres atractivos, es posible que acaben perdiendo estudiantes", subraya.