El Gobierno intenta salvar con la ley de segunda oportunidad el fracaso de sus medidas antidesahucios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció esta semana en el debate del estado de la nación que el Ejecutivo presentaría una ley de segunda oportunidad que, entre otros aspectos, incluirá la dación en pago (que la entrega de la vivienda salde la deuda) pero sólo para colectivos "especialmente vulnerables". A falta de conocer los detalles de esta norma, que se presentará este viernes en el Consejo de Ministros, lo que sí parece este anuncio es un reconocimiento implícito de que las medidas tomadas hasta el momento para paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas y ante la situación de emergencia ocupacional no han generado los resultados esperados. 

La realidad de las cifras así lo demuestra. Desde marzo de 2012 y hasta el primer semestre de 2014, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía, 23.983 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa en virtud del código de buenas prácticas antidesahucios al que se han adherido 45 bancos y cajas. Sin embargo, sólo 2.124 (un 8,9%) consiguieron la dación en pago. Un 27% (6.498 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 36% lograron algún tipo de pacto con su entidad.

La PAH sostiene que estas medidas han sido un "fracaso" porque, a su juicio, los bancos las han utilizado "como excusa para negociar menos y hacerlo sólo en los casos en los que el afectado se encuentra al borde de la exclusión". El balance oficial que publica el Banco de España con datos de todos los bancos parece dar la razón a la plataforma, pues el porcentaje de daciones en pago sobre el número total de desahucios ha ido descendiendo en los últimos años. Según los últimos datos facilitados por este organismo, en 2013 en el 32,5% de los desahucios hubo dación en pago. Esa cifra está por debajo del porcentaje del 35,7% registrado en 2012.

Los requisitos

La realidad es que cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, los activistas antidesahucios ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código. Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda. El colectivo al que se dirige, será por tanto, uno de los aspectos fundamentales de la medida que se anunciará este viernes. 

En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado un "progresivo aumento" de las solicitudes. En el primer año de aplicación, por ejemplo, se recibieron 4.385 solicitudes mientras que solo en el mes de mayo de 2014 estas ascendieron a 2.027. 

Para la PAH, sin embargo, sigue sin ser suficiente. "Hasta ahora el código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción. De esta forma lo que se está haciendo es canalizar los procesos hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a la banca", señalan en la PAH. Pero, ¿cómo se produce esta situación? "Los bancos acceden a algún tipo de rebaja que retrasa el momento en que el afectado deja de pagar y así mejoran sus índices de morosidad. En ese tiempo la deuda crece y lo que ocurre es que las familias acaban debiendo más dinero. Ahora estamos viendo muchos casos de ejecuciones de hipotecas reestructuradas en los primeros años de la crisis", añaden.

La dación en pago con carácter retroactivo, junto a la reclamación de un parque público con viviendas destinadas al alquiler social y una moratoria para los desahucios son los ejes en los que la PAH ha basado su apuesta reivindicativa. De hecho, estas propuestas formaban parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas y que fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular.

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Ocupados sólo el 24,6% de los pisos del fondo social  

Al escaso éxito del código de buenas prácticas se une también el fracaso del fondo de vivienda social, que el Gobierno anunció en noviembre de 2012 abrumado por la presión y la conmoción social provocada por dos suicidios recientes relacionados con desahucios. Con los datos actualizados, tras dos años en funcionamiento, sólo el 24,6% de los 5.891 pisos vacíos que aportaron los bancos están ocupados. 

Ni las entidades financieras –que aportaron al fondo 5.891 pisos vacíos que se quedaron fuera del banco malo– ni los trabajadores de servicios sociales ni los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creen que esté sirviendo para algo. Aunque, claro está, unos y otros critican su utilidad desde diferentes perspectivas. Los bancos creen que desde el Ejecutivo "no hay mucha voluntad" de sentarse a negociar para que funcione mejor y aseguran que llevan tiempo reclamando una nueva convocatoria de la comisión de seguimiento que no acaba de llegar. Los trabajadores sociales y activistas dicen que las características de los pisos y los criterios de acceso a los mismos están dificultando el desarrollo del plan.