Los 'olvidos' de los partidos en la campaña andaluza

Donde dije digo, digo Diego. Ahora no toca. Hay que seguir debatiendo. No nos conviene. A cada partido político se puede aplicar alguna de estas expresiones sobre las medidas que defienden y luego no cumplen, o modifican, o envían a dormir el sueño de los justos a un cajón. En los programas electorales y los discursos de los principales partidos que aspiran a gobernar la Junta de Andalucía se reflejan las ausencias de algunas promesas o asuntos de los que los políticos han hecho bandera. Como el tan cacareado pleno empleo, del que por supuesto ya nadie se atreve a hablar. Estos son algunos ejemplos de compromisos estrella que se desvanecen en campaña.

La renta básica desaparece de Podemos

“Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica”. Una de las medidas estrella de Podemos incluidas en su programa para la europeas ha sido eliminada por completo del programa para las elecciones andaluzas. La defensa de este tipo de ingreso, calificado como un derecho y defendido hasta la saciedad por Pablo Iglesias, se ha ido diluyendo en apenas unos meses básicamente por su principal talón de Aquiles, el modo de financiación. “La renta básica se financia ajustando la presión fiscal a las grandes fortunas y con persecución del fraude fiscal”, repetía el líder de Podemos.

El pasado noviembre, el documento económico elaborado por Juan Torres y Vicenç Navarro ya moderaba, sin embargo, esta medida: proponía establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo. El partido alega ahora que el debate sobre la renta básica está abierto y, por tanto, no se ha incluido en Andalucía porque les ha pillado sin ninguna conclusión al respecto. “Hay gente que está a favor y gente que propone otras alternativas. La propia responsable del programa, Isabel Franco, es la portavoz por la Renta Básica de Sevilla, pero el debate desde las europeas hasta ahora nos ha demostrado que la medida tiene mucha más complejidad y se está analizando en el área de economía del Consejo Ciudadano estatal”, explican a infoLibre desde Podemos. Mientras tanto, la fórmula elegida para Andalucía consiste en potenciar el sistema público: “Optamos por que las necesidades básicas de los ciudadanos sean resueltas por los servicios públicos, como la sanidad, la vivienda, la energía, el agua…”, concluyen.

El resto de partidos, salvo Ciudadanos y UPyD, sí hacen referencia a la renta básica en mayor o menor medida. El PSOE propone la elaboración de una Ley de Renta Básica Social en aplicación del Estatuto de autonomía: “Integrará la prestación económica que la comunidad autónoma viene concediendo bajo distintas fórmulas desde 1991, junto con elementos adicionales para garantizar unas condiciones de vida digna a las familias beneficiarias, en el marco de un proceso de integración social y laboral”. Aludiendo al mismo derecho estatutario, el PP se compromete a aprobar una Ley de Inclusión Social que recoja una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas para los andaluces en situación de necesidad. Izquierda Unida garantiza la aplicación de una renta básica a toda la población en general a partir de los 16 años, dependiendo siempre del nivel de renta de la unidad familiar. Y el Partido Andalucista es el que más extensamente aborda la medida: de la página 55 a la 58 de su programa. Propone una renta periódica en metálico de cuantía suficiente para atender el mínimo vital sobre una base individual, sin que sea reservada a personas que hayan cotizado, destinada a los más pobres, sin distinción de ciudadanía, y condicionada, cuando forme parte de la población potencialmente activa, a un esfuerzo de inserción y a una disposición de trabajar y al cumplimiento, en su caso, de las responsabilidades sociales para con los hijos. “¿De qué sirven los demás derechos sociales si no se garantiza el derecho a la supervivencia?”, se preguntan los andalucistas, sin representación parlamentaria.

IU olvida la mezquita en su programa

Noviembre de 2014. Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. El entonces líder de IU, Cayo Lara, emplazaba a los diputados del PSOE a apoyar un recurso de inconstitucionalidad para acabar con la apropiación de bienes por la Iglesia. Unos meses antes, en abril, IU elevó al Pleno del Senado la polémica sobre la titularidad del monumento en una pregunta dirigida al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El senador de IU por Andalucía, José Manuel Mariscal, interpeló al ministro sobre si se planteaba revisar la legislación hipotecaria para suprimir el privilegio que se otorga a los obispos, que se hicieron con la mezquita por unos 30 euros. Este mismo febrero, el candidato de IU a la Junta, Antonio Maíllo, se comprometió a defender su titularidad pública. En el programa electoral, sin embargo, no hay rastro de esta indignación ni de ninguna promesa al respecto. Sólo se hace referencia a la Iglesia católica en el apartado de derechos LGTBI por su “constante misoginia y LGTBIfobia” y en una propuesta sobre subvenciones de cooperación: “La mayor parte de los fondos actuales se reparten entre organizaciones cercanas al PSOE, al PP y a la Iglesia católica”. El discurso permanente de IU de querer sacar la religión de la escuela tampoco se ve reflejado en su programa. Y sólo se menciona una vez la laicidad, como propuesta necesaria para la construcción de una Andalucía con valores republicanos. Desde el partido alegan que no necesitan incluir estas cuestiones en su programa porque la laicidad forma parte de su ADN, explican a infoLibre. Organizaciones como Andalucía Laica le reprochan, sin embargo, que no hayan presionado más estando en el Gobierno andaluz.

Ni PSOE –que también ha hecho gala de laicismo– ni PP hablan de la Iglesia en sus programas. Sólo Podemos, Ciudadanos, UPyD y el Partido Andalucista se acuerdan de la religión. El partido de Teresa Rodríguez se centra en las inmatriculaciones, la medida que IU deja escapar. El punto 16 del programa dice lo siguiente: “Reforzar el carácter público y común de los bienes patrimoniales de propiedad pública y privada, recuperando como bienes públicos las inmatriculaciones de patrimonio realizadas por la Iglesia católica como la Mezquita de Córdoba o la Giralda, así como auditar las donaciones y usufructos a entidades privadas durante los últimos años, valorar su utilidad o perjuicio público e iniciar procesos de restitución”. Ciudadanos apuesta por una escuela pública laica “desde el respeto y garantía del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones recogido en la Constitución”.

Además, propone la creación de una asignatura específica sobre la Historia de las religiones que atienda desde el laicismo los distintos aspectos históricos y culturales de la religión. UPyD se compromete a incorporar los valores democráticos en el curriculum escolar defendiendo la laicidad de la educación pública desde el punto de vista ideológico, identitario y religioso. “Se velará por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos, con el fin de evitar cualquier interferencia en los objetivos educativos de convicciones particulares religiosas, filosóficas o ideológicas”, dice la propuesta 89. Y el Partido Andalucista realiza una defensa de los valores que a lo largo de la historia contemporánea han aportado, según indican, legitimidad y profundización a la democracia: transparencia, laicismo, sentido ético de la vida pública, participación ciudadana y separación Iglesia-Estado.

El PP da marcha atrás en el aborto

El debate no está en si el aborto es un derecho de las mujeres. El debate en el PP ahora es si las menores de 16 y 17 años tienen que informar a sus padres. Con la retirada de la reforma defendida por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, el PP da por buena la ley de plazos aprobada por los socialistas, aunque mantiene el paradójico recurso en el Tribunal Constitucional. “Había un amplio consenso con el modelo del año 86. El Tribunal Constitucional está trabajando en una sentencia y por tanto esperemos que vea la luz pronto. Estoy en contra de que menores de edad puedan abortar sin el consentimiento paterno”, respondió hace sólo unos días el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una charla digital en El Mundo. Moreno Bonilla nunca se ha manifestado a favor de la primera reforma emprendida por el Gobierno de Rajoy y siempre ha esquivado pronunciarse sobre este asunto, a diferencia de otros dirigentes, como su número dos por Málaga, Esperanza Oña, que sí ha realizado esta legislatura una feroz defensa del derecho a la vida en el Parlamento andaluz. En privado, muchos dirigentes del PP andaluz admiten que la retirada de la reforma supone un alivio y un problema menos para el partido, sobre todo en este momento, cuando Moreno Bonilla se quiere presentar no como un político de derechas, sino como un político de centro.

En el PSOE, desde que el Gobierno del PP rebajara la reforma al caso de las menores, la candidata, Susana Díaz, no ha vuelto a hacer referencias al aborto en sus intervenciones, previamente llenas de indignación por el retroceso que suponía para las mujeres. Podemos sí se fija en el aborto en su programa, al garantizar “una educación afectivo-sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Para Izquierda Unida sigue siendo una prioridad “la reivindicación del movimiento feminista de aborto libre, gratuito y a cargo de la seguridad social”. Y destaca su apuesta para que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan en el marco de la sanidad pública.

El PSOE sigue sin derribar el Algarrobico

La primera dirigente socialista que declaró la guerra al Algarrobico fue Cristina Narbona. Era ministra de Medio Ambiente del primer Gobierno de Zapatero. A Narbona, cuya posición no gustó mucho en algunos sectores del PSOE, la relevó Elena Espinosa, que ocupó el ministerio hasta 2010. Después llegó Rosa Aguilar, tras su marcha de Izquierda Unida. Es 2015 y el hotel, considerado un atentado contra el medio ambiente por los ecologistas, continúa erguido frente a la costa almeriense. En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha realizado actuaciones para recuperar los terrenos donde se asienta, pero el hotel no aparece en los mítines, ni en las intervenciones, ni en el programa electoral del PSOE andaluz. Tampoco entre las propuestas del resto de partidos, que sí dedican espacio a otras preocupaciones medioambientales como Doñana, el dragado del Guadalquivir o el fracking. La maraña judicial siempre ha sido la razón más alegada por los socialistas para no derribar el mamotreto. También ahora, según insisten.

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Todos olvidan la memoria de Blas Infante

Todos los partidos se quieren apropiar de su figura cada vez que se acerca el aniversario de su fusilamiento, la noche del 10 al 11 de agosto de 1936; todos se llenan la boca reivindicando su nombre; algunos, como el PP, se indignan cuando la Junta tarda en pagar subvenciones a su Fundación; otros, como Izquierda Unida, han pedido incluso la personación del Gobierno andaluz en la querella argentina. La misma Susana Díaz intervino en el último homenaje haciendo oídos sordos al PP, que le reprochaba que quien tenían que participar no era la presidenta sino los grupos parlamentarios. El propio Moreno Bonilla, hasta recién llegado, acudió a homenajearlo este 28F al lugar donde fue asesinado. Pero ninguno, ni PSOE, ni IU, ni mucho menos el PP –alérgico a cualquier actuación relacionada con la memoria histórica– lleva entre sus propuestas electorales medida alguna que repare efectivamente a Blas Infante, nombrado Padre de la Patria Andaluza por el Parlamento andaluz en 1983.

La nueva ley de memoria democrática que preparaba la Junta de Andalucía, interrumpida por la ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE e IU, hacía referencia al símbolo, pero no incluía la única manera con posibilidades reales en este momento de resarcir su nombre: la personación como acusación particular en la querella. Una propuesta presentada por IU en el Parlamento en ese sentido fue rechazada por PSOE y PP. La diputada socialista Micaela Navarro defendió la postura de su partido alegando que se se estaba tramitando la ley de memoria, que, impulsada por una consejería gobernada por IU, tampoco lo incluyó. La única referencia que se hace en esa norma, aún proyecto de ley, deja la pelota en el tejado del Gobierno central, al que se insta a que adopte las medidas necesarias para declarar nulos todos los juicios y sentencias. Algo que difícilmente va a ocurrir. El Partido Andalucista es el único que cita a Blas Infante en su programa electoral, en el que se compromete, sin especificar, a una actuación de los equipos jurídicos de la Junta en defensa del Padre de la Patria Andaluza y a publicar en formato digital sus manuscritos inéditos y editar sus obras inéditas.