Rafael Blasco y el hundimiento de su archipiélago corrupto

Varado en los lodos de su propia biografía. Así quedo este miércoles Rafael Blasco (70 años), el eterno conseller, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años y medio de prisión por desviar 1,6 millones de las partidas de Cooperación para los hambrientos de Nicaragua a pisos en Valencia y cuentas bancarias de amigos. A su destino solo llegaron 43.000 euros. Se trata de la primera condena por corrupción y la tercera, tras la de Carlos Fabra (ex presidente de la diputación de Castellón) y Pedro Ángel Hernández Mateo (ex alcalde Torrevieja), que enviará a la cárcel a un dirigente del Partido Popular valenciano. Su ingreso –al ser la pena superior a cuatro años– tendrá lugar a partir del próximo lunes, en la cárcel que él mismo decida.

Es el último capítulo de quien llegó a dominar todo un archipiélago corrupto. Siete islotes que son las siete consejerías que dirigió para PSOE y PP entre 1983 y 2011. Un poder que se fraguó en su ciudad natal, Alzira (45.000 habitantes), “La Isla” en árabe. Desde allí surcó y bordeo todas las orillas del poder con una destreza de patrón apasionado de sí mismo. Quienes le conocen lo describen como un personaje tan abstemio e insomne como voraz en el apetito de poder. Antes que político con presupuesto fue militante en el PCE (Marxista-Leninista) y después en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). De allí golpeó el timón hacia los horizontes de un posibilismo que le llevó al PSPV-PSOE para ocupar Presidencia y Obras Públicas, donde saltó el primer escándalo por la venta de una parcela pública en Paterna que le supuso la expulsión del partido a fines de 1989. En 1991 fue juzgado y absuelto.

Tras cuatro años a la deriva, Blasco recaló en 1995 en la flota torpedera del PP local. Eduardo Zaplana le contrató como subsecretario e ideólogo y le situó las manos sobre el timón. El isleño subió la escalinata y levó anclas. A bordo, una tripulación de largas fidelidades y complicidades empezando por las de su esposa, Consuelo Ciscar, que reprodujo en la dirección del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) un mismo rumbo en los usos y abusos de poder. Y como timonel de cámara, un empresario de su Alzira isleña, Augusto César Tauroni, en prisión desde 2012.

El comerciante con apellido de escualo (tauró en valenciano significa tiburón) ha acompañado a su patrón en todas las singladuras y en el reparto de los botines. Primero en Bienestar Social, en el 2002, cuando Tauroni recibió a dedo el teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. Más tarde, con Blasco en Territorio, también obtuvo la adjudicación de otros contratos menores. Un preludio de la gran dentellada de 2006, con el político en Sanidad y con 6 millones frescos para que Dinamiz-e, una de las firmas del timonel, gestionara por 6 millones cinco millones de expedientes médicos volcados en el programa informático Abucassis. Una licitación que se troceó para burlar la ley de contratos y por la que Blasco y Tauroni están también imputados desde noviembre de 2014 tras una denuncia de Izquierda Unida que se extiende a Sergio Blasco, sobrino del navegante incombustible y ex director del Hospital General de Valencia, investigado por una presunta malversación de fondos públicos con negocios privados en Perú.

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Pero Blasco también cuenta con hazañas en solitario. Las indagaciones en la rama aborigen de la Gürtel le sitúan como un pionero, ya que en 2006, siendo consejero de Territorio, fue el primero en contratar a Orange Market, franquicia valenciana de la red Correa, por 63.000€ un vídeo divulgativo sobre contenedores de reciclaje que jamás se editó. Y tampoco podía no figurar en esa especie de taberna del Almirante Benbow en “La Isla del Tesoro”, de Robert Louis Stevenson, que son las grabaciones del caso Diputación. En una cinta registrada en febrero de 2006, Marcos Benavent le comenta a Alfons Rus la necesidad “de tener algún detalle con Rafa” porque “nos ha atendido de puta madre”.

Cabe decir que la estancia de Blasco en prisión promete ser larga por acumulación de penas. Además de las pesquisas por su etapa en Sanidad, la jueza Nieves Molina (la misma que ha archivado repetidamente la causa del accidente del metro de 2006) instruye dos piezas más relativas al pillaje durante la época en la cartera de Solidaridad. La primera, la número tres en el proceso, se refiere a la fallida construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Un plan valorado en 4 millones y que se asignó unilateralmente a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien se embolsó 175.000 euros por unas obras que no llegaron a realizarse. Y la última pieza desgaja la lluvia de 3,5 millones que impregnó entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades bajo el paraguas de Hemisferio.

Se trata de unas instrucciones que, tras un parón superior a un año, se han reactivado a finales de mayo de 2015. Una fatalidad más para una vida hecha astillas contra las rocas de su propia ambición.