El juez insiste, tras recabar nuevas pruebas, en que el patrimonio de Rato se investigue dentro del 'caso Bankia'

El juez que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de particulares y delito fiscal, Antonio Serrano-Arnal, elevó este viernes al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que el alto tribunal dirima ahora qué órgano es el competente en este asunto. El juez quiere que Rato siga siendo investigado por la Audiencia Nacional.

La decisión se produce después de que el juez Fernando Andreu, ante quien se había inhibido el titular del juzgado ordinario, rechazara instruir este asunto por conexión con el caso Bankia, en el que también está imputado Rato. Andreu también rechazó tramitar el recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra su decisión de rechazar el caso.

Mientras se producía este intercambio el juez del 31 de Madrid ha seguido instruyendo este asunto, y de hecho este mismo viernes ha dejado en libertad a la secretaria del exministro, Teresa Arellano, y al supuesto testaferro del exministro, Miguel Ángel Montero, a los que mantiene imputados por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de particulares y delito fiscal. 

Serrano-Arnal acusa al exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar de defraudar al fisco por ingresos que obtuvo al asistir a diversos congresos y conferencias. Este dinero habría acabado en una sociedad, Bagerpleta GMBH, parte de cuyo accionariado el exministro comparte, a través de otras empresas interpuestas, con su exmujer Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores.

Los detenidos habían sido trasladados a primera hora desde la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) hasta el juzgado para declarar en relación con una supuesta trama de pagos al exmandatario, según fuentes de la investigación. Ambos fueron llamados a declarar el miércoles, antes de que el jueves por la tarde se interrogara a Rato, también ante la Comandancia en Tres Cantos, tras atribuírseles un presunto delito de corrupción entre particulares.

Este delito que se imputa ahora a Rato es el mismo por el que su presunto testaferro Alberto Portuondo permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de agosto por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con el cobro de comisiones de las empresas proveedoras de publicidad para Bankia, Zenith y Publicis.

Hasta el momento, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, atribuía a Rato delitos contra la Hacienda Pública y también presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, por lo que la imputación al exmandatario de esta conducta, de corrupción entre particulares, sería novedosa.

Rato fue detenido el pasado mes de abril aunque sólo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.

La causa recayó en el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, que ha intentado, desde entonces, inhibirse en dos ocasiones a favor de la Audiencia Nacional sin éxito, ya que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, rechaza asumir esta investigación.

El juez Serrano-Artal citó a declarar a Rato el pasado 22 de julio pero el exvicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Por su parte, el juez Andreu le investiga por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas black utilizadas por los directivos de dicha entidad.