Rajoy niega al Parlamento el control del Gobierno y lo traslada a los tribunales

"Jamás ha comparecido en funciones un Gobierno". Quien habla de forma tan tajante es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Lo hacía este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los periodistas querían saber por qué el presidente del Ejecutivo no comparece en la Cámara para exponer el preacuerdo de la Unión Europea con Turquía que podría permitir la devolución masiva de refugiados a ese país. Para sustentar ese "jamás", enseñó un papel que contenía un informe del Parlamento de Andalucía de mayo de 2015 que, según dijo, recogía que "carece de sentido" este tipo de controles. También recordó que en Cataluña, hasta la investidura de Carles Puigdemont, no se había ejercido esa función sobre el Gobierno saliente.

Sí es posible, no obstante, según recuerdan estos días desde el Gobierno y el Partido Popular, el control jurisdiccional. Es decir, que las decisiones del Ejecutivo (muy limitadas por la Constitución) no pueden ser sometidas al control de la Cámara, pero sí al de los tribunales.

Estas palabras llegaban un día después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, compareciera en el Congreso para trasladar el mensaje de que ni Rajoy ni su equipo se someterán al control de la Cámara. "Ni puede ni debe", insistió. ¿Por qué? Según argumentó, sería contradictorio que el Ejecutivo compareciese para someterse al control de un Congreso que no le ha otorgado su confianza.

Las palabras de Ayllón aludían a un caso concreto:

la petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para rendir cuentas de la reunión de la OTAN del pasado febrero. Pero ya avisaba de que el escrito que iban a presentar en el Congreso negando esta posibilidad iba a ser igual para todos los asuntos similares. En el texto se subrayaba que en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno existen "las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo".

Cogiendo el guante a los conservadores, este mismo viernes, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, vio "insólito" que Rajoy quiera acabar su vida política en los tribunales por esquivar al Congreso. 

En el Ejecutivo mantienen que su postura está reforzada por un informe de sus servicios jurídicos. Y recuerdan que "algo similar" figuraba en un estudio de los letrados del Congreso de los Diputados encargado por su presidente, Patxi López, poco después de asumir el cargo.

¿Estamos ante asuntos ordinarios?

La Ley del Gobierno limita las acciones de éste "al despacho ordinario de los asuntos públicos" salvo excepciones. Ateniéndonos a la literalidad de la ley, si el Ejecutivo no toma ninguna decisión importante es entendible que no haya que tirar del control parlamentario. ¿Pero estamos, con el tema de los refugiados, ante un asunto ordinario? Los constitucionalistas consultados por infoLibre lo niegan tajantemente.

"En una situación de normalidad manda la prudencia. Pero nuestra pertenencia a la Unión Europea nos sitúa en un escenario que no podemos ignorar", mantiene uno de estos expertos, que recuerda que la UE "no está en funciones" y su funcionamiento no puede estar pendiente de que un país solucione su gobernabilidad. 

"Apoyar o no el nuevo estatus de Gran Bretaña en el seno de la UE o cuestiones como esta de los refugiados merecen, como mínimo, haber sido objeto de discusión en el Congreso de los Diputados", añade otro jurista consultado.

Para respaldar estas tesis, los expertos coinciden en que estamos ante decisiones, estas en concreto, que van a tener consecuencias para el futuro. Y que, por tanto, no puede hurtarse al Parlamento su debate.

En un sentido muy similar, Rosario García Mahamut, catedrática de Constitucional de la Universitat Jaume I, sostuvo en declaraciones a la cadena Ser que, a su juicio, el control parlamentario de un Gobierno en funciones sí debe existir cuando "compromete acciones muy concretas". Esto no obstaculiza, de todos modos, la vía jurisdiccional.

Para algunas fuentes, la forma en la que el Gobierno esgrime la vía jurisdiccional como solución es una especie de trampa, una forma de escurrir el bulto. Sostienen que el control jurisdiccional no es político, sino de sometimiento a la ley de lo que el Ejecutivo hace o no hace. En definitiva, que el control jurisdiccional suele ser excepcional porque se presume que cuando un Gobierno actúa lo hace en base a la ley.

A última hora de la tarde, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, redoblaba la presión sobre los conservadores remitiendo una carta [consúltala aquí, en PDF] a Rajoy en la que le insta a comparecer en el Congreso para fijar la posición de España sobre los refugiados. En la misiva considera "insoslayable" que el presidente acuda a la Cámara y que "no cabe argumentar" que el Ejecutivo está en funciones puesto que esta situación "alcanza casi los tres meses".

El PP no quiere más desgaste

Tras la reacción del PP hay mucho de estrategia. Cargos conservadores, que comparten que no cabe control al Gobierno, admiten, no obstante, que esto puede ejercer como elemento de presión para que se desbloqueen las negociaciones para una nueva investidura. Además, sostienen que si Rajoy comparece sentaría "precedente" y se abriría la posibilidad de que tras él fuesen convocados otros ministros. Y bajo ningún concepto quiere el Gobierno someterse a ese desgaste.

En este escenario, salvo cambios de última hora, el Ejecutivo pretende que sea el secretario de Estado de Relaciones con la UE el que comparezca la semana que viene en el Congreso antes de que Rajoy acuda al Consejo Europeo. Esto será el miércoles 16. La idea, subrayó Santamaría, es buscar el "consenso". Pero la situación está muy complicada. En Moncloa aseguran que si no se obtiene el respaldo, el jefe del Ejecutivo señalará en la reunión de Bruselas que no cuenta con el apoyo de la Cámara al estar en funciones.

El PP confía en que el PSOE reconsidere su posición si existe algún tipo de mandato del PSOE europeo al respecto.

¿Qué puede hacer un Gobierno en funciones?

Es la Ley del Gobierno la que en su artículo 21 fija "las limitaciones" del Gobierno en funciones. Establece como obligación el que facilite "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo". Además, debe limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Se trata, pues, de no dar ningún paso que pueda comprometer la acción o las políticas del Gobierno entrante.

La ley también tiene un apartado específico que afecta al presidente del Gobierno en funciones. Concreta las "facultades" que no podrá ejercer. Son las siguientes: "Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza y proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo".

Recurso al decreto-ley

Otra de las herramientas que también tendría en su poder un Ejecutivo en funciones sería la del decreto-ley, regulado por el artículo 86 de la Constitución. Su aprobación sería posible gracias a que este tipo de iniciativas están concebidas para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Eso sí, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Constitución], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general".

Pero el decreto-ley requiere de un paso que compromete a la Cámara baja. Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.

Las decisiones más polémicas del Gobierno en funciones

A finales de enero, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó a Ence-Energía y Celulosa la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra. Según los datos del departamento de Isabel García Tejerina, la prórroga se concedió por 60 años, "con un plazo adicional por encima de los 50 años, dado el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros". El anuncio provocó cierto revuelo teniendo en cuenta que el Gobierno estaba en funciones desde que se celebraron elecciones generales. 

Fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por infoLibre subrayaron por aquellas fechas que la citada concesión caducaba en 2018 y que esta prórroga había sido tramitada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. "Ha emitido informe preceptivo la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo regulado en el Reglamento General de Costas. Además, se reconoció la condición de interesado al Ayuntamiento de Pontevedra y ha sido informada por el servicio jurídico del ministerio". Además, aseguraron que este tipo de prórrogas no se elevan al Consejo de Ministros y al ser consideradas una gestión "ordinaria de las competencias de la dirección general". "Por lo que cabe dentro de un gobierno en funciones", subrayan.

No obstante, lo que quedaba claro dado que la fecha de caducidad de la concesión era 2018, es que el Gobierno quería dejar este asunto cerrado. Los constitucionalistas consultados por este diario coinciden en que no esta el tipo de decisiones que encajan en lo que se entienden como competencias de un Gobierno en funciones.

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Otra de las medidas controvertidas afecta a Defensa. Según denunció la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el departamento que dirige Pedro Morenés ha aprobado normas de calado mientras está en funciones.

Se trata, según la misma fuente, de normas que afectan a la organización del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada.

Esta asociación considera incluso que estas decisiones podrían incluso implicar que el Gobierno en funciones rindiese cuentas en el Parlamento. Algo que, por ahora, parece difícil si nos atenemos a las palabras del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y la vicepresidenta.