Las exigencias de Rivera: hechos, datos y situación actual

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó este martes sus seis condiciones para entablar una negociación con el PP de cara a la investidura. El líder del partido naranja aseguró que sólo se plantea iniciar esas conversaciones si los conservadores aceptan cumplir esas medidas previamente y, además, reclamó que Mariano Rajoy ponga fecha cuanto antes al debate de investidura.

Rivera hizo públicas sus exigencias a pocas horas de reunirse con el candidato del PP en el Congreso de los Diputados, en lo que será su segunda reunión desde que Rajoy fuera designado por el jefe del Estado para someterse a la investidura. Entre las condiciones figuran una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas, la reforma de la ley electoral y la eliminación del aforamiento.

Ciudadanos también reclama, para iniciar los contactos que podrían llevarle a cambiar la abstención en la investidura de Rajoy por un voto afirmativo, que el PP acepte apartar a los imputados por corrupción de los cargos públicos, que los presidentes del Gobierno no permanezcan más de ocho años o dos mandatos en el cargo y prohibir indultos a condenados por delitos de corrupción política.

infoLibre analiza cómo afectan estas condiciones a los conservadores y qué dijo en el pasado el partido de Rajoy sobre estas medidas:

Sin imputados en cargos públicos

La primera de las condiciones planteada por Rivera fue la separación inmediata de cualquier imputado por corrupción de su cargo público, "No se sentarán ni en los gobiernos ni en los escaños", proclamó el dirigente. La exigencia al PP es más elevada que la acordada por C's con el PSOE en la legislatura pasada, cuando ambos partidos pactaron apartar a altos cargos, concejales y parlamentarios cuando se les abriera juicio oral.

Tras escuchar sus palabras, entre la mente de los conservadores apareció con claridad un nombre: el de la exalcaldesa de Valencia y ahora senadora Rita Barberá, contra quien hace apenas diez días la Fiscalía solicitó al Tribnal Supremo que abra causa en su contra por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP valenciano que se investigaen el marco de la operación Taula derivada del caso Imelsa.

En esta causa, donde hay 47 personas físicas imputadas y donde también está imputado el propio PP como persona jurídica, se investigan las donaciones que, por importe de 1.000 euros, efectuaron al partido concejales y asesores. Presuntamente, el partido les devolvía posteriormente esas cantidades en billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

En total, según consta en la investigación de esta pieza separada del caso Imelsa, el PP municipal llegó a recaudar con este procedimiento hasta 50.000 euros. Barberá admitió en su alegación por escrito al juzgado la existencia de esas donaciones, pero negó el reintegro de las cantidades. Añadió que nada sabía del funcionamiento del grupo municipal ni del comité electoral. 

También a consecuencia de la operación Taula están imputados nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Estos ediles están provisionalmente suspendidos de militancia y forman parte del grupo municipal conservador, aunque desde hace meses constan formalmente como independientes. El partido acordó que, si se les abría juicio oral, serían suspendidos de forma definitiva.

Eliminar los aforamientos

El número de aforados en España no deriva de una única ley. En agosto de 2014, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón aseguró en una entrevista en El País que había 17.621 aforados, si bien la mayoría de ellos no pertenecen al mundo de la política, sino al judicial. En síntesis, los aforados gozan del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al de primera instancia, el que corresponde a los ciudadanos no aforados.

En el caso de los políticos, disfrutan esa condición el presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes autonómicos y sus consejeros, los presidentes del Congreso y el Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus miembros. También son aforados los miembros de la Familia Real, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, los miembros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

En el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial y sus vocales, el presidente del Tribunal Supremo, el del Constitucional, así como todos los jueces, magistrados y fiscales. También tienen una condición especial de aforamiento los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque sólo afecta a los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El programa de Ciudadanos recogía el compromiso de suprimir el aforamiento de diputados, senadores y el resto de cargos electos. Fuentes del partido naranja señalan que, ahora, se establece como condición para hablar con el PP que se elimine esta condición únicamente para el caso de los parlamentarios de las Cortes Generales, ya que eliminar el aforamiento de otros cargos depende, por ejemplo, de las cámaras autonómicas.

En la citada entrevista concedida en 2014, Gallardón propuso reducir a 22 el número de aforados en toda España, al margen de los que afectan a la Familia Real, de modo que sólo mantuvieran esa condición el presidente del Gobierno, el del Congreso, el del Senado, el del Tribunal Constitucional, el del Supremo y los 17 presidentes de los ejecutivos autonómicos. Gallardón justificó la idea en que la sociedad percibe como un "privilegio" el aforamiento.

Apenas unas semanas antes, en junio de 2014, Mariano Rajoy anunció a la plana mayor de su partido la voluntad de abrir un debate en la segunda parte de la X legislatura (2011-2015) sobre regeneración, ejemplaridad y lucha contra la corrupción. Cospedal agregó en esa fecha que los conservadores estaban, también, "dispuestos a hablar" sobre la reducción del número de aforados, idea que no se llevó a la práctica.

El aforamiento de los presidentes del Congreso y el Senado y de los diputados y senadores está recogido en el artículo 71 de la Constitución española. El del presidente del Gobierno y sus ministros, en el artículo 102 del texto constitucional. La eliminación del aforamiento que plantea Ciudadanos, por tanto, conllevaría necesariamente la modificación de la Carta Magna.

Una nueva ley electoral

La reforma de la ley electoral ha sido planteada en anteriores ocasiones por Ciudadanos y por Albert Rivera, que mencionó esta propuesta ya en la misma noche electoral del 26J y que la recuperó este martes como una de las seis condiciones previas para negociar con el PP. Rivera dijo que la reforma, "como mínimo", debería incluir tres elementos: desbloquear las listas, "que los votos valgan igual o haya mayor proporcionalidad" y acabar con el voto rogado.

El partido naranja, en su programa para las elecciones de junio, planteaba actuaciones en esta misma línea. En concreto, incluyó entre sus propuestas aprobar "una nueva ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo" e impulsar "una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio una persona un voto". Como fórmula, propuso la "doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional".

Ese planteamiento concuerda con lo que ya propuso Ciudadanos en diciembre, cuando concretó más aún la reforma y señaló que se traduciría en que cada ciudadano tendría dos votos: uno para escoger a 175 diputados que representarían cada uno a una circunscripción de ámbito territorial inferior a la provincia, y otro para elegir a los 175 diputados restantes a través de un sistema de candidaturas similar al actual pero con listas desbloqueadas y circunscripción de ámbito nacional.

El PP, según las fuentes consultadas por infoLibre, rechaza una reforma de ese tipo si no cuenta con el consenso del PSOE. Las anteriores propuestas de los conservadores para modificar la ley electoral siempre han tenido entre sus objetivos favorecer a la lista más votada o reforzar el bipartidismo, por lo que un rediseño que consagre una mayor proporcionalidad, como propone Rivera, choca con sus intereses.

De hecho, en el documento que el partido de Rajoy remitió al resto de formaciones como base para una posible negociación figuran, en el ámbito de la reforma electoral, las siguientes medidas: que en los ayuntamientos siempre gobierne la lista más votada –una propuesta que también aireó el partido en el verano de 2014, en la antesala de los comicios autonómicos y locales de 2015, pero que terminó por abandonar– y que a nivel nacional sólo tenga opción de formar Gobierno la lista más votada.

En cuanto al voto rogado, esta modificación en la ley electoral –que afecta a los españoles que quieren ejercer su derecho a voto y residen de forma permanente en el extranjero– se introdujo pocos meses antes de las elecciones generales de noviembre de 2011 con los votos a favor en el Congreso de PP, PSOE, CiU y PNV, si bien los socialistas han manifestado de forma más reciente su deseo de revertir la reforma.

Desde su aprobación, la participación de los españoles residentes en el extranjero ha caído en picado. Mientras que hasta la introducción del voto rogado la participación en las elecciones generales de este colectivo había venido situándose en el entorno del 30%, tras su aprobación se redujo de forma muy notable. El dato concreto fue del 4,95% en 2011, el 4,7% en 2015 y del 6,3% el pasado 26 de junio.

Sin indultos a los condenados por corrupción

"No se puede anular la justicia con el compadreo entre amigos políticos. Hemos visto decenas de indultos por corrupción política", dijo este martes Albert Rivera para justificar la cuarta de sus exigencias al PP: acabar con los indultos por corrupción política.

Entre los políticos que se han librado de la cárcel gracias a un indulto figuran el exalcalde de Marbella Jesús Gil –condenado por estafa en 1992 e indultado en 1994–, el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea –condenado en 1994 a seis años de cárcel por malversación y prevaricación e indultado en 1995–, y el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera –condenados en 1998 a 10 años de prisión en el caso Segundo Marey y a quienes el Ejecutivo indultó dos tercios de la pena–.

Ya en esta legislatura, bajo el mandato de Rajoy, fueron indultados el ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Servitje, y Victor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de Unió y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre. Ambos fueron condenados en 1990 a penas de prisión por el desvío de fondos en el caso Treball, pero el Ejecutivo les concedió la medida de gracia y sustituyo la prisión por sendas multas.

El Gobierno del PP también indultó en 2012 al que fuera alcalde del partido en Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal, quien había sido condenado a más de diez años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística. Su pena de prisión quedó reducida a dos años y evitó la cárcel. Año y medio después, en octubre de 2013, recibió la medida de gracia Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y condenado por un delito contra la ordenación del territorio a tres años de prisión. Su pena quedó reducida a dos años, lo suficiente para evitar la cárcel al carecer de antecedentes.

En abril de 2015, el ministro de Justicia Rafael Catalá propuso excluir por ley la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción, malos tratos o pederastia. Menos de un mes después, sin embargo, el PP rechazó la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que pedía precisamente impedir por ley los indultos a los condenados por corrupción. Los conservadores sostuvieron que la iniciativa de los socialistas, que respaldó la oposición en bloque, era "oportunista y partidista".

Limitación de mandatos

Aunque presidentes del Gobierno como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se autoimpusieron la limitación de mandatos a ocho años y no quisieron presentarse para repetir por tercera vez en el cargo, no hay ninguna limitación legal a las ocasiones en las que un mismo candidato puede ocupar la Presidencia del Gobierno. Rivera, en cambio, argumentó este martes que no hay que "perpetuase" en el cargo e impuso como condición para negociar con el PP que el partido de Rajoy acepte limitar por ley a ocho años o dos mandatos las presidencias.

La medida ya figuraba en el acuerdo que Pedro Sánchez y Rivera suscribieron en la pasada legislatura. E incluso el PP llegó a planteársela en su conferencia política de 2015, aunque finalmente no adoptó ninguna resolución al respecto. A nivel autonómico, la limitación a dos mandatos u ocho años está vigente para los presidentes regionales de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Recientemente también se aprobó en la Comunidad de Madrid, donde la propuesta formó parte del acuerdo que firmaron la conservadora Cristina Cifuentes con, precisamente, Ciudadanos, que aceptó a cambio apoyarle en la investidura.

Una comisión sobre el 'caso Bárcenas'

La última de las condiciones de Rivera es la creación de una comisión parlamentaria sobre el caso Bárcenas, en el que la investigación se centra en los supuestos delitos cometidos por los dirigentes del PP en la remodelación de la sede nacional del partido en la madrileña calle de Génova y que debe su nombre a las notas manuscritas del extesorero del partido, Luis Bárcenas, y que reflejaban la existencia de una contabilidad B en la formación durante casi dos décadas. En esa causa, el PP –como organización– está en el banquillo como responsable civil subsidiario, lo que significa que deberá abonar el total de la fianza solidaria de todos los procesados.

El caso ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para Rajoy y los suyos en la X legislatura. Fue este escándalo el que le obligó a comparecer de forma extraordinaria un 1 de agosto de 2013 para dar explicaciones. Desde entonces, los conservadores, gracias a su holgada mayoría absoluta, vetaron todas las iniciativas parlamentarias de la oposición digiridas a crear una comisión parlamentaria de investigación.

Una de esas últimas iniciativas fue, en junio de 2015, la moción de la Izquierda Plural para abrir una comisión sobre prácticas corruptas y financiación irregular de los partidos. La apoyaron PSOE, UPyD y parte del grupo mixto. CiU y PNV se abstuvieron. El PP votó en contra. El encargado de intervenir, por parte de los conservadores, en ese debate, fue Pedro Gómez de la Serna, que claificó de "broma", "tomadura de pelo" y "brindis al sol" la propuesta de comisión de investigación. "¿A quién se le ocurre presentar esto?", se preguntó. De la Serna fue el número dos del PP por Segovia en las elecciones del 20D. Después se conoció que, presuntamente, el que fuera diputado del PP cobró comisiones millonarias e ilegales a empresas españolas para buscarles negocios en el exterior, y pidió la baja en el partido.